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lunes, 24 de junio de 2013
«He tenido 70 amantes desde que Lorena me cortó el pene»
Hoy se cumplen veinte años del día en que Lorena Bobbitt decidió 'cortar por lo sano' con su matrimonio. La ecuatoriana, cansada del maltrato y las humillaciones a las que era sometida constantemente por su marido, John Wayne Bobbitt, decidió cortarle el pene mientras dormía placidamente tras violarla.
La pareja, que se divorció en 1995, se volvió a encontrar en el programa 'The Insider', de la CBS, en mayo de 2009. En el espacio, John se disculpó por la forma en que trató a su exesposa y desveló que la sigue enviando tarjetas y flores en San Valentín.
Lejos de lo que la joven podría imaginar cuando protagonizó el macabro suceso, su entonces marido, cuyo pene fue implantado en una intervención que duró nueve horas y media, se hizo un hueco en el cine porno, se ha acostado con setenta mujeres -aunque no está al 100% de sus capacidades amatorias- y planea casarse por tercera vez. Y es que Bobbitt, de 46 años, asegura que ha encontrado a Dios y ha dejado aparcada la actitud violenta que mantuvo con Lorena y su segunda esposa -fue condenado a 15 días de cárcel por su conducta con ella-. Parece que no aprendió la lección.
Padre Chus: «Ellos van de viaje con la visa oro y otros damos nueve misas diarias»
El padre Chus ofició ayer en Castiello de la Marina su última misa, tras la decisión tomada por el arzobispo de Oviedo de apartarle de la Iglesia
«Hoy me despido de vosotros, no porque yo quiera, si no porque la Iglesia es así, hay que obedecer, de momento. No debe ser una obediencia absoluta, de borregos, sino una obediencia inteligente, con cabeza». Con estas palabras comenzaba ayer el padre Jesús María Menéndez, 'Chus', su última homilía en la parroquia de Castiello de la Marina, en el concejo de Villaviciosa. El templo no fue suficiente para alojar a todas las personas que quisieron acudir a la despedida. De hecho, muchos tuvieron que escuchar sus palabras desde la calle, la sacristía e incluso desde el altar, al que el propio clérigo invitó a subir a la gente diciendo: «ponéos aquí arriba, todo esto es vuestro».
La noticia de la destitución del sacerdote se conocía hace apenas una semana. «A mi nadie me ha dado explicaciones, simplemente me dijeron que el el arzobispado había decidido apartarme», relató Chus. Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, manifestó ayer que el tema «se encuentra bajo secreto de sumario eclesiástico» y que la decisión se tomó porque no se le considera «adecuado para la parroquia».
Sin embargo, en la calle existen diferentes versiones sobre lo ocurrido. «Es envidia pura y dura, Chus vive con los cristianos de a pie, mientras que los otros viven en las alturas, y por eso la gente le quiere», asegura Mari Carmen Fernández, vecina de Gijón, que se acercó hasta Castiello a despedir al sacerdote. Otros afirman que hay testimonios de «comportamientos inapropiados e inmorales» del cura. Precisamente, sobre este tema, quiso hacer algunas aclaraciones el sacerdote durante la celebración. «Dicen que mi vida privada deja mucho que desear, pues yo les digo que siempre estoy rodeado de gente, no tengo vida privada. Comparto mi casa con personas que lo han pasado muy mal y han tenido que robar o incluso comerciar con su cuerpo para sobrevivir, pero ellos me necesitan, y que vivamos juntos no significa que yo haya hecho lo mismo», aseveró el padre Chus.
A lo largo de la misa, que se vio interrumpida en varias ocasiones por los aplausos de los fieles, el sacerdote se mostró crítico con algunos estamentos de la Iglesia que «se dedican a irse a esquiar a Huesca o a viajar a diferentes países con la visa oro, mientras otros como yo, damos nueve misas diarias», explicó.
Tras dar la Primera Comunión a unos pequeños de la zona, dedicó unas últimas palabras a sus feligreses: «No perdáis la calma, la vida sigue. Hay gente a la que le molesta tremendamente que te quieran y seas feliz. Siempre he compartido todo lo que he tenido, lo que me ha hecho inmensamente rico. Esta ha sido mi vida y seguirá siéndolo, diga lo que diga el obispo». A continuación, Isabel Pidal leyó un texto en nombre de todos los vecinos dedicado al párroco. «Muchas gracias por tu forma de ser, sigue así, nunca cambies, nosotros te apoyamos y ya formas parte de nuestras vidas», expresó emocionada.
«No va a venir nadie a misa»
Después de la misa tuvo lugar una breve procesión para conmemorar el nacimiento de San Juan Bautista que finalizó con el sacerdote, ataviado solamente con el hábito de fraile, cantando animadamente el himno de Asturias junto a sus fieles y amigos.
Posteriormente, se despidió de todos al grito de «¡Viva Asturias! ¡Viva Castiello! ¡Y que viva la madre que os parió! Podéis ir en paz», momento en que la gente estalló en gritos de ánimo y aplausos. «Dicen que los jóvenes estamos alejados de la Iglesia porque es de 'carcas', este hombre atrae a personas de todas las edades porque dice verdades como puños, y ahora van y lo censuran. Ahora que se marcha, no va a venir nadie a misa», decía Miguel Ángel Garrido, llegado a Castiello de un pueblo cercano.
Crece la presión para que España investigue los crímenes del franquismo
Amnistía Internacional, la Asociación Española para el Derecho Internacional o la Plataforma por la Comisión de la Verdad, integrada por más de cincuenta asociaciones, piden la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo
Ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, exilio, trabajo forzoso, secuestro masivo de niños. Un plan sistemático y generalizado de extermino de disidentes políticos. Podríamos estar hablando de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil o Alemania, por ejemplo. Pero no, hablamos de España, del pasado reciente de nuestro país. Hablamos de los 150.000 casos de desapariciones forzadas, incluidos 30.000 niños, ocurridos en España durante la Guerra Civil y posterior represión franquista entre 1936 y 1975. Hablamos de crímenes de lesa humanidad que hoy, cuarenta años después del fin de la dictadura, siguen sin ser investigados.
Esto es lo que denuncia la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional en su último informe “ El tiempo pasa, la impunidad permanece,” en el que describe la falta de voluntad de las autoridades judiciales españolas de cumplir con su obligación internacional de investigar estos crímenes abocando al desamparo judicial a cientos de miles de víctimas y a la negación absoluta de sus derechos fundamentales reconocidos por todos los órganos de derechos humanos como el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
El informe dibuja un escenario judicial poco esperanzador para las víctimas del franquismo: una tendencia continuada al archivo de las causas por parte de los jueces españoles siguiendo las tesis del Tribunal Supremo, en cuya sentencia del 27 de Febrero de 2012 ( proceso en el que el Juez Baltasar Garzón fue también acusado de un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar), la más alta instancia judicial española daba un portazo a la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo acogiéndose – de forma errónea por ser argumentos contrarios al derecho internacional, apunta AI - a la existencia de una Ley de Amnistía, la prescripción del delito, la ausencia de tipificación de los crímenes de derecho internacional cuando ocurrieron los hechos, el presunto fallecimiento de los autores y la existencia de una Ley de Memoria Histórica. El Tribunal Supremo añadió a su sentencia que "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal".
Al desamparo judicial en nuestro país, Amnistía Internacional suma la continua falta de cooperación y presiones ejercidas por parte de las autoridades españolas sobre la Jueza argentina María Servini, quien, valiéndose del principio de justicia Universal, aceptaba a trámite de la querella “por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de Julio de 1936 y el 15 de Junio de 1977”, interpuesta en Buenos Aires por víctimas españolas el 14 de abril de 2010. Trabas que incluso llevaron a la suspensión de las declaraciones testimoniales a través devideoconferencias en la Embajada argentina de España. Tampoco las puertas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han abierto a la causa, inadmitiendo este tribunal todas y cada una de las demandas presentadas contra España en relación a la Guerra Civil y el franquismo, argumentando, en la mayoría de los casos, la negligencia de los demandantes por interposición tardía, ignorando así el periplo judicial al que España somete a las víctimas antes de acudir a Estrasburgo.
Ante este escenario de indefensión y de peregrinaje judicial de las víctimas del franquismo, algunas organizaciones como la Asociación Española para el Derecho Internacional (AEDIDH) , y laPlataforma por la Comisión de la Verdad, integrada por más de cincuenta asociaciones para la recuperación de la memoria, víctimas y familiares, han puesto en marcha una campaña internacional dirigida a las Naciones Unidas y las instituciones europeas para denunciar la situación de desprotección en la que se hallan y para exigir al Estado español la creación de una Comisión de la Verdad que garantice el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, cumpliendo así con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Se trata en definitiva, tal como lo define las Naciones Unidas, de un “órgano oficial, temporal y de constatación de hechos sin carácter judicial y que se ocupa de investigar abusos de los derechos humanos que se hayan cometido a lo largo de varios años,” un instrumento al servicio ya de 40 países que ha proporcionado una descripción completa de los crímenes cometidos en el pasado, contribuyendo a su investigación y posterior enjuiciamiento, y garantizando el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la aplicación del Pacto sobre Derechos civiles y políticos ya recomendó a España en 2008 la creación de una "comisión de expertos independientes" encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura, además de recordar a nuestro país la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la consiguiente invalidez de Ley de Amnistía de 1977, así como el derecho de familias a identificar y exhumar los cuerpos de las víctimas, y , en su caso, a ser indemnizadas. En este sentido se pronunció también el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de NNUU, quien recordó a España en 2009 el carácter permanente del delito de desaparición forzada y la obligación de ser investigado hasta que el paradero de la víctima no se haya aclarado, sin que una ley de amnistía suponga el fin del deber del Estado de investigar, procesar y castigar a los responsables. Recomendaciones todas ellas ignoradas, denuncian Amnistía Internacional, AEDIDH y la Plataforma por la Comisión de la Verdad.
En consecuencia, indican estas organizaciones, pesa sobre España la obligación internacional de investigar los crímenes de lesa humanidad producidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista, de respetar la imprescriptibilidad de estos crímenes, y ofrecer a las víctimas el conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, dotando de recursos para ello y en caso de fallecimiento de una persona desaparecida, investigar su paradero, identificar y exhumar sus restos.
Madrid dinamita el mercado inmobiliario: vende 1.800 viviendas públicas a un fondo de inversión
Empieza la verdadera partida del ladrillo. El Ayuntamiento de Madrid acaba de abrir el mercado inmobiliario que tanto anhelan los inversores internacionales. La pasada semana, el consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) adjudicó un lote de 1.800 viviendas al fondo de inversión Blackstone, que pagó cerca de 120 millones de euros para hacerse con los pisos de protección oficial que gestionaba el organismo municipal, según fuentes del sector.
Aunque todavía no es oficial, la venta ha quedado resuelta. Casi nueve meses después de que comenzara el proceso, la alcaldesa Ana Botella ha sacado adelante la venta de un lote de activos inmobiliarios propiedad de la EMVS, necesitada de liquidez para poder garantizar su viabilidad, ya que una reciente auditoría realizada por PWC destacaba que la empresa municipal era incapaz de asumir sus compromisos de pago y que arrastraba un volumen de endeudamiento insostenible.
Tras un primer intento fallido, a finales de febrero el consistorio regido por Ana Botella recibió las primeras muestras de interés para comprar las 1.800 viviendas. Como ya adelantó este diario, el proceso se ha realizado sin concurso público al no tratarse de bienes patrimoniales y aunque la operación supere los 100 millones de euros, los fondos desembolsarán sólo entre 30-40 millones, pues el resto del importe forma parte de la subrogación de la carga financiera que tienen los pisos.
Al principio, la EMVS mantuvo una negociación individual con el fondo Lone Star, que realizó un proceso de due dilligence y valoración de los activos para presentar una oferta. Con esa referencia de precio, el Ayuntamiento de Madrid inició un proceso de venta competido, esperanzado en obtener un importe mayor, momento en el cual entraron en la puja los fondos inmobiliarios gestionados por Morgan Stanley o Blackstone, que presentaron sus ofertas vinculantes en el mes de mayo.
Sin embargo, los interesados en hacerse con el lote de 1.800 pisos públicos tuvieronuna segunda oportunidad el pasado viernes 14 de junio, después de que se reformara el concurso y se concediera una prórroga. El motivo de la decisión extraordinaria fue la existencia de sospechas sobre posibles irregularidades que llegó a oídos de la alcaldesa, Ana Botella, que ordenó al responsable de la sociedad pública que rehiciera el proceso, según la versión ofrecida por distintas fuentes.
Un proceso bajo sospecha
La revisión del concurso tuvo lugar a pesar de que uno de los inversores interesados,Cerberus Capital, se retiró del proceso. Este fondo de inversión estadounidense cuenta para sus inversiones en España como asesor estratégico y posible coinversor a la firma local Poniente Capital, es decir, a la boutique financiera comandada porJosé María Aznar Botella, hijo mayor del expresidente José María Aznar y de la actual alcaldesa Ana Botella, tal y como adelantó este diario en 2012.
La EMVS es el brazo encargado de promover desde hace más de 30 años el acceso a la vivienda de los sectores sociales con mayores dificultades, además de conceder ayudas para la rehabilitación y favorecer realojos. Al cierre de 2012, el consistorio tuteló 17.000 viviendas en alquiler, a un precio medio de 685 euros. De acuerdo con las condiciones contractuales, antes de que se formalizara la transacción, los inquilinos podían ejercer el derecho preferente para comprar la vivienda.
A pesar de la poca publicidad del concurso, los planes de la alcaldesa madrileña se conocen desde diciembre. Desde entonces, el PSOE ha hecho causa política de esta situación al hacerse eco de las quejas vecinales. Los precios para ejercer la opción de compra ofrecidos por la EMVS, que oscilan entre 100.00 y 220.000 euros, representan cantidades inasumibles para contribuyentes que han tenido que recurrir a un programa de ayudas sociales para acceder a una vivienda.
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