Empieza la verdadera partida del ladrillo. El Ayuntamiento de Madrid acaba de abrir el mercado inmobiliario que tanto anhelan los inversores internacionales. La pasada semana, el consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) adjudicó un lote de 1.800 viviendas al fondo de inversión Blackstone, que pagó cerca de 120 millones de euros para hacerse con los pisos de protección oficial que gestionaba el organismo municipal, según fuentes del sector.
Aunque todavía no es oficial, la venta ha quedado resuelta. Casi nueve meses después de que comenzara el proceso, la alcaldesa Ana Botella ha sacado adelante la venta de un lote de activos inmobiliarios propiedad de la EMVS, necesitada de liquidez para poder garantizar su viabilidad, ya que una reciente auditoría realizada por PWC destacaba que la empresa municipal era incapaz de asumir sus compromisos de pago y que arrastraba un volumen de endeudamiento insostenible.
Tras un primer intento fallido, a finales de febrero el consistorio regido por Ana Botella recibió las primeras muestras de interés para comprar las 1.800 viviendas. Como ya adelantó este diario, el proceso se ha realizado sin concurso público al no tratarse de bienes patrimoniales y aunque la operación supere los 100 millones de euros, los fondos desembolsarán sólo entre 30-40 millones, pues el resto del importe forma parte de la subrogación de la carga financiera que tienen los pisos.
Al principio, la EMVS mantuvo una negociación individual con el fondo Lone Star, que realizó un proceso de due dilligence y valoración de los activos para presentar una oferta. Con esa referencia de precio, el Ayuntamiento de Madrid inició un proceso de venta competido, esperanzado en obtener un importe mayor, momento en el cual entraron en la puja los fondos inmobiliarios gestionados por Morgan Stanley o Blackstone, que presentaron sus ofertas vinculantes en el mes de mayo.
Sin embargo, los interesados en hacerse con el lote de 1.800 pisos públicos tuvieronuna segunda oportunidad el pasado viernes 14 de junio, después de que se reformara el concurso y se concediera una prórroga. El motivo de la decisión extraordinaria fue la existencia de sospechas sobre posibles irregularidades que llegó a oídos de la alcaldesa, Ana Botella, que ordenó al responsable de la sociedad pública que rehiciera el proceso, según la versión ofrecida por distintas fuentes.
Un proceso bajo sospecha
La revisión del concurso tuvo lugar a pesar de que uno de los inversores interesados,Cerberus Capital, se retiró del proceso. Este fondo de inversión estadounidense cuenta para sus inversiones en España como asesor estratégico y posible coinversor a la firma local Poniente Capital, es decir, a la boutique financiera comandada porJosé María Aznar Botella, hijo mayor del expresidente José María Aznar y de la actual alcaldesa Ana Botella, tal y como adelantó este diario en 2012.
La EMVS es el brazo encargado de promover desde hace más de 30 años el acceso a la vivienda de los sectores sociales con mayores dificultades, además de conceder ayudas para la rehabilitación y favorecer realojos. Al cierre de 2012, el consistorio tuteló 17.000 viviendas en alquiler, a un precio medio de 685 euros. De acuerdo con las condiciones contractuales, antes de que se formalizara la transacción, los inquilinos podían ejercer el derecho preferente para comprar la vivienda.
A pesar de la poca publicidad del concurso, los planes de la alcaldesa madrileña se conocen desde diciembre. Desde entonces, el PSOE ha hecho causa política de esta situación al hacerse eco de las quejas vecinales. Los precios para ejercer la opción de compra ofrecidos por la EMVS, que oscilan entre 100.00 y 220.000 euros, representan cantidades inasumibles para contribuyentes que han tenido que recurrir a un programa de ayudas sociales para acceder a una vivienda.
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