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domingo, 30 de junio de 2013
Almunia responsabiliza a Aznar y Zapatero de que el sector naval deba devolver casi 3.000 millones en ayudas
El vicepresidente de la Comisión Europea apunta que los astilleros "no pueden ser obligados a devolver nada"
Asegura que el Gobierno deberá decidir "quién se benefició y cuánto tiene que reembolsar"
Almunia ha propuesto la devolución de las bonificaciones fiscales que recibió el sector naval entre 2005 y 2011
El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, responsabiliza al Gobierno de José María Aznar, en su segunda legislatura, y a los de José Luis Rodríguez Zapatero de que el sector naval se enfrente a un expediente para devolver casi 3.000 millones de euros.
Por otro lado, Almunia insiste en que los astilleros "no pueden ser obligados a devolver nada, no son quienes se han beneficiado de las ayudas recibidas" y afirma que deberá ser el Gobierno el que determine "quién se benefició y cuánto tiene que reembolsar".
A raíz de una denuncia holandesa, el vicepresidente de la CE ha propuesto que se devuelvan las bonificaciones fiscales recibidas entre junio de 2005 y 2011 en el sector naval, mediante un sistema llamado tax lease, una decisión anunciada esta semana y que se votará el próximo 17 de julio.
En una entrevista en Faro de Vigo, Almunia afirma que "hay una responsabilidad evidente de quienes en 2001 y 2002 no notificaron estas ayudas", señala sobre el Ejecutivo de José María Aznar (...) "y a partir de 2001, cuando se aprobó el sistema, nunca se notificó" a la Comisión Europea, por lo tanto "sí", apunta preguntado sobre la responsabilidad de los gobiernos de Rodríguez Zapatero.
Descarta que haya "inseguridad jurídica", porque ahora hay un sistema compatible, y explica que esa "inseguridad" sobre el anterior sistema concluyó en abril de 2005, cuando la Comisión "fijó con claridad sus criterios". En España "lo que hubo fue una indeterminación de un sistema no amparado por la CE y que ni siquiera le fue notificado".
El sector califica como su muerte la propuesta hecha por el comisario europeo y que ha provocado un rechazo unánime por parte del Gobierno, las comunidades autónomas, los partidos políticos y los sindicatos, que tratarán de buscar un frente común a partir de mañana para presionar a la Comisión Europea.
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