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La juez Alaya envía a prisión al exchófer de Guerrero

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha decretado esta noche prisión incondicional comunicada sin fianza para Juan Francisco Trujillo, exchófer del antiguo director general de Trabajo de la Junta andaluza, Javier Guerrero. Es el segundo acusado del caso que ingresa en la cárcel después de Guerrero, que lleva en prisión 10 días. La magistrada acusa al exconductor de 11 delitos y, tras la petición de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ha justificado su decisión por el riesgo de fuga y para que Trujillo no entorpezca la investigación. Anticorrupción había justificado que el exchófer podría afrontar hasta 12 años de cárcel por el delito continuado de malversación y pidió 2,3 millones de fianza como medida cautelar real por la responsabilidad civil. A la fiscalía se le adhirieron la Junta, el PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias. MÁS INFORMACIÓN El director despacha en el bar Mientras, el PP había pedido la detención inmediata del ex director comercial de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín, por el riesgo de fuga que existe tras la acusación realizada por Trujillo de que efectuó un cohecho al ex director general de Trabajo. El PP también pidió la clausura y precinto de la oficina de Vitalia en Madrid. Horas antes, el antiguo chófer del ex director general de Trabajo ha ratificado ante la juez del caso de los ERE su insólita declaración policial. Trujillo ha puntualizado que durante tres años gastó alrededor de 25.000 euros al mes para comprar cocaína junto a su exjefe, con el que compartió “maratonianas jornadas” en las que llegaron a consumir hasta cinco gramos diarios de cocaína. El dinero que dice que se gastó en droga habría supuesto un consumo de casi 14 gramos al día de media, una cantidad imposible para dos personas. El conductor recibió en subvenciones 1,3 millones, de los cuales 450.000 euros compartió con el ex alcalde pedáneo socialista de Llanos del Sotillo. Pues bien, excepto algo más de 500.000 euros gastados en dos fincas y un piso, Trujillo asegura que gastó casi un millón, principalmente, en cocaína y una pequeña parte en alcohol, regalos, un piano, teléfonos móviles, bolígrafos y ropa. El exchófer ha contado que elaboró las “bolsitas” con cocaína para Guerrero, que adquirió la droga en la barriada sevillana de las Tres Mil Viviendas, e incluso ha identificado a su camello, llamado Goyo, hijo del dueño del hotel Posada del Moro en Cazalla de la Sierra (Sevilla), que recibió 900.000 euros y adonde acudía frecuentemente a comer el diputado socialista José Antonio Viera, según declaró Guerrero a la juez. Trujillo ha estado “temblando, ojeroso y muy bajo de ánimo”, según uno de los letrados presentes en la declaración. El exchófer realizó dos informes falsos por 6.000 euros a las empresas Dhul y Delphi, cuyos ERE subvencionó la Consejería de Empleo, según su testimonio. El relato ha sido una enumeración de barbaridades realizadas gracias a los fondos públicos durante los años 2003 y 2007 en los que Trujillo compartió tropelías con Guerrero. Trujillo ha contado cómo en el despacho de su jefe falsificó la firma de su madre, Estrella Blanco, para que esta percibiera una póliza de 122.649 euros, importe que también se gastó en cocaína. La juez ha dado al imputado 10 días para que justifique la venta el pasado noviembre de una de las fincas que adquirió, ante la posibilidad de que haya cometido otro delito añadido. El antiguo empleado del ex director general ha afirmado que este presumía de su poder al conceder subvenciones, y pasaba la jornada por las tardes en un bar de copas mientras despachaba asuntos con diferentes personas. Estas pasaban por su despacho oficial en los días siguientes a sus encuentros en el pub. El exchófer ha admitido que todos los conceptos de sus firmas fueron falsos y que mintió en cuanto al destino “ficticio” de los 1,47 millones que percibió en fondos públicos. Durante su declaración, Trujillo ha señalado que recuerda cómo Guerrero mantuvo dos reuniones con el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de una de ellas salió contento y de la otra contrariado. Guerrero, que lleva 10 días en prisión preventiva sin fianza, solo contestó a las preguntas de su defensa y uno de los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción para solicitar su ingreso en prisión fue que no había contestado a sus preguntas y había rechazado colaborar con la justicia.

El Gobierno castigará con más dureza la desobediencia a la autoridad

Una vez más, el Código Penal de 1995 será reformado. Esta vez, según ha anunciado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para luchar contra la multirreincidencia y, también –el anuncio llega poco después de los incidentes y las cargas policiales por las manifestaciones en Valencia del pasado 20 de febrero-, para castigar con más dureza la desobediencia o resistencia a la autoridad y sus agentes. El ministro ha señalado esta tarde en el Senado que su departamento lleva un par de meses trabajando con el ministerio de Justicia, y que algunas líneas de reforma ya están claras. Están serán algunas de las modificaciones: - Cualquier hurto será delito al margen de la cantidad que se haya sustraído (ahora se exige que se supere los 400 euros) si el autor lo ejecuta sin saber “el lucro ilícito que obtendrá”. Por ejemplo, el que se lleve un bolso cometerá un delito independientemente de que en el monedero haya tres euros o 1.000. El ministro del Interior anuncia en el Senado modificaciones de numerosos artículos - Se reformará el “delito de desobediencia / resistencia” para que “pueda operar una mayor disuasión en relación con comportamientos violentos o gravemente desobedientes de los mandatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, en palabras del ministro. En estos momentos, estos delitos están regulados en los artículos 550 a 556 del código penal, y recogen penas de prisión de distinta duración. - Se ampliará el catálogo de faltas contra las personas y contra el patrimonio “cuya reiteración las convierta en delito, como las amenazas con armas o en riña, apropiaciones indebidas y otras defraudaciones”. - Los robos con fuerza en las cosas tendrán una pena más alta en algunos casos (en este momento es de cárcel de uno a tres años). Se elevará también la sanción para los robos en casa habitada (ahora es prisión de dos a cinco años si se ejecuta con fuerza en las cosas y de tres años y medio a cinco años si se considera que ha habido violencia o intimidación). Cualquier hurto será delito, independientemente de la cantidad que se sustraiga, si el autor no sabía cuánto estaba robando - Se crearán tipos penales especiales y agravados para algunas formas de robos, hurtos y apropiaciones indebidas. - Se establecerá la agravante específica del porte de armas y también la del uso de armas de fogueo o simuladas (una pistola de juguete, por ejemplo). - Se incluirá también una agravante específica para los casos en los que un grupo de más de dos personas cometa el delito (en los delitos patrimoniales y contra las personas). - El Gobierno quiere modificar también el artículo 74 del código penal que regula el delito continuado y “volver a la suma por separado de todas las penas”. Se entiende, en este caso, que más que modificarlo quiere suprimirlo. En estos momentos, este artículo recoge la consideración de un solo delito continuado y no de varios cuando el delincuente “en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza”. Aparte de las reformas penales, el ministro ha anunciado también modificaciones procesales como la prisión provisional y la localización permanente cuando se hayan cometido más de dos delitos, aunque sean de diferente especie; y la “adopción de medidas cautelares inmediatas, incluida la prisión provisional, en supuestos de multirreincidencia”. Además, mientras se implanta el registro central de faltas, que aún no funciona, Interior y el Consejo General del Poder Judicial firmarán un protocolo para la creación de una oficina conjunta que centralice las condenas.