La Fiscalía pide un nueva declaración del alcalde de Parla por incumplir la sentencia que le obliga a restituir al ex jefe de la Policía. El regidor sigue sin devolver sus funciones al oficial jefe de la «era Gómez», que investigaba el caso del «sheriff de Coslada» y que fue cesado «sin motivos»
MADRID- El alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, volverá a estar una vez más bajo el foco de la Justicia. En los próximos meses, el sucesor de Tomás Gómez en el consistorio parleño tendrá que sentarse en el banquillo por el controvertido cese del ex jefe de Policía local del municipio Eduardo Fernández Tejero. Tras su destitución, un juzgado obligó a Fraile a readmitirle en 2010, sin embargo, el alcalde desobedeció al juez y decidió trasladar al oficial a un despacho sin competencias. Ahora el fiscal de zona pide que se vuelva a tomar declaración al regidor por el incumplimiento de la resolución judicial.
La polémica se remonta a octubre de 2009. Entonces, Fraile y su por entonces concejal de Seguridad, Mariano Sánchez Toribio, relegaron de forma fulminante a Fernández Tejero como responsable de los agentes municipales. «Eduardo, hemos perdido la confianza en ti». Ésta fue la única explicación que recibió por su cese. Por más que el jefe policial recordó a los responsables políticos que su puesto no era «de confianza», sino de acceso a través de oposiciones, lo único que recibió como respuesta fueron más amenazas : «Me dijeron que me abrirían un expediente disciplinario si no me iba voluntariamente del Ayuntamiento, y si no aceptaba, me amenazaron con que quedaría relegado a cobrar mi sueldo realizando funciones testimoniales». Todo se cumplió. Se le abrió un expediente, que con el tiempo fue archivado sin sanción, y posteriormente fue destinado a un despacho sin competencias sobre la Policía local, mientras percibía de forma íntegra su sueldo de cerca de 3.000 euros al mes. Una vez cumplidas las amenazas, Fraile modificó el organigrama de la Policía local mediante la creación del cargo de subinspector, que en el escalafón se situaría por encima de Fernández Tejero. El elegido para esta responsabilidad fue el sargento Antonio Aguado, suboficial, y por lo tanto con menor categoría que Fernández Tejero, que es oficial.
El caso, a la Justicia
En ese momento, Fernández Tejero, hombre de confianza de Tomás Gómez en la Policía Local y responsable en su día del expediente relativo al «sheriff» de Coslada, decidió poner su cese en manos en la Justicia. Primero, por la vía contencioso-administrativa, con el objetivo de ser restituido en su puesto. En respuesta a esta solicitud, el Juzgado Contencioso Administrativo número 15 de Madrid resolvió en noviembre de 2010 la anulación del decreto que supuso su relevo. El fallo subrayaba que el consistorio debía readmitir a Fernández Tejero en su responsabilidad anterior, y no, «bajo la apariencia de legalidad, relegarle, no ya a un segundo plano, sino casi al ostracismo». En la resolución judicial también se argumenta que si Fraile quería nombrar a un inspector o subinspector como jefe de la Policía Local lo «natural» hubiera sido que éste fuera el de más rango, en este caso, Fernández Tejero, y no Antonio Aguado.
Fernández Tejero también presentó una querella por prevaricación administrativa contra Fraile y Sánchez Toribio. Ésta fue admitida y ambos, acusados de prevaricación, tuvieron que sentarse en el banquillo en 2010. La querella terminó provocando la dimisión del concejal de Seguridad, que, no obstante, alegó para su salida del equipo de gobierno «motivos de salud».
El culebrón, que dura ya casi tres años, vive ahora su penúltimo episodio. El fiscal del área Getafe-Leganés ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 7 de Parla. En este documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Fiscalía pide a la secretaria del Ayuntamiento que certifique la fecha de notificación del fallo en la que la Justicia obligó a la readmisión de Fernández Tejero, así como la fecha en la que los querellados, Fraile y Sánchez Toribio, tomaron conocimiento de ello. También solicita a la secretaria municipal que explique quién debe cumplir la sentencia. Pero sin duda, lo que más afecta a Fraile del escrito es la decisión de volver a tomar declaración a Fraile para que se pronuncie «sobre las razones del cumplimiento, cumplimiento parcial o incumplimiento» de la resolución. Además, el fiscal subraya su «especial interés en participar en la toma de estas declaraciones», por lo que solicita que se le comunique la fecha y la hora de su comparecencia para poder asegurar su asistencia. En respuesta a este duro escrito, el juez que lleva el caso ha admitido todas las peticiones de la Fiscalía, incluida la de tomar declaraciones ampliatorias a los querellados, lo que acerca a Fraile al banquillo, en donde no tendrá más remedio que explicar por que Fernández Tejero no fue readmitido como jefe de los agentes de Parla.
La polémica se remonta a octubre de 2009. Entonces, Fraile y su por entonces concejal de Seguridad, Mariano Sánchez Toribio, relegaron de forma fulminante a Fernández Tejero como responsable de los agentes municipales. «Eduardo, hemos perdido la confianza en ti». Ésta fue la única explicación que recibió por su cese. Por más que el jefe policial recordó a los responsables políticos que su puesto no era «de confianza», sino de acceso a través de oposiciones, lo único que recibió como respuesta fueron más amenazas : «Me dijeron que me abrirían un expediente disciplinario si no me iba voluntariamente del Ayuntamiento, y si no aceptaba, me amenazaron con que quedaría relegado a cobrar mi sueldo realizando funciones testimoniales». Todo se cumplió. Se le abrió un expediente, que con el tiempo fue archivado sin sanción, y posteriormente fue destinado a un despacho sin competencias sobre la Policía local, mientras percibía de forma íntegra su sueldo de cerca de 3.000 euros al mes. Una vez cumplidas las amenazas, Fraile modificó el organigrama de la Policía local mediante la creación del cargo de subinspector, que en el escalafón se situaría por encima de Fernández Tejero. El elegido para esta responsabilidad fue el sargento Antonio Aguado, suboficial, y por lo tanto con menor categoría que Fernández Tejero, que es oficial.
El caso, a la Justicia
En ese momento, Fernández Tejero, hombre de confianza de Tomás Gómez en la Policía Local y responsable en su día del expediente relativo al «sheriff» de Coslada, decidió poner su cese en manos en la Justicia. Primero, por la vía contencioso-administrativa, con el objetivo de ser restituido en su puesto. En respuesta a esta solicitud, el Juzgado Contencioso Administrativo número 15 de Madrid resolvió en noviembre de 2010 la anulación del decreto que supuso su relevo. El fallo subrayaba que el consistorio debía readmitir a Fernández Tejero en su responsabilidad anterior, y no, «bajo la apariencia de legalidad, relegarle, no ya a un segundo plano, sino casi al ostracismo». En la resolución judicial también se argumenta que si Fraile quería nombrar a un inspector o subinspector como jefe de la Policía Local lo «natural» hubiera sido que éste fuera el de más rango, en este caso, Fernández Tejero, y no Antonio Aguado.
Fernández Tejero también presentó una querella por prevaricación administrativa contra Fraile y Sánchez Toribio. Ésta fue admitida y ambos, acusados de prevaricación, tuvieron que sentarse en el banquillo en 2010. La querella terminó provocando la dimisión del concejal de Seguridad, que, no obstante, alegó para su salida del equipo de gobierno «motivos de salud».
El culebrón, que dura ya casi tres años, vive ahora su penúltimo episodio. El fiscal del área Getafe-Leganés ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 7 de Parla. En este documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Fiscalía pide a la secretaria del Ayuntamiento que certifique la fecha de notificación del fallo en la que la Justicia obligó a la readmisión de Fernández Tejero, así como la fecha en la que los querellados, Fraile y Sánchez Toribio, tomaron conocimiento de ello. También solicita a la secretaria municipal que explique quién debe cumplir la sentencia. Pero sin duda, lo que más afecta a Fraile del escrito es la decisión de volver a tomar declaración a Fraile para que se pronuncie «sobre las razones del cumplimiento, cumplimiento parcial o incumplimiento» de la resolución. Además, el fiscal subraya su «especial interés en participar en la toma de estas declaraciones», por lo que solicita que se le comunique la fecha y la hora de su comparecencia para poder asegurar su asistencia. En respuesta a este duro escrito, el juez que lleva el caso ha admitido todas las peticiones de la Fiscalía, incluida la de tomar declaraciones ampliatorias a los querellados, lo que acerca a Fraile al banquillo, en donde no tendrá más remedio que explicar por que Fernández Tejero no fue readmitido como jefe de los agentes de Parla.
El detalle del caso
LAS PETICIONES DEL FISCAL
Reclama su historial penal
El escrito de la Fiscalía no deja mucho margen de maniobra a Fraile para evitar el banquillo. Solicita a la secretaria municipal que diga cuándo recibió el consistorio la notificación para que Fernández Tejero fuera readmitido, cuándo el alcalde tuvo constancia de ello y quién es el responsable de dar cumplimiento a la resolución judicial. Además, subraya su «especial interés» en estar presente el día en el que Fraile dé explicaciones ante la Justicia. Por si fuera poco, el fiscal cierra su escrito con la solicitud de que «se aporte la hoja histórico penal de José María Fraile Campos, ya que no consta en las actuaciones». El juez que lleva el caso también ha pedido que se recaben sus antecedentes penales.
LAS PETICIONES DEL FISCAL
Reclama su historial penal
El escrito de la Fiscalía no deja mucho margen de maniobra a Fraile para evitar el banquillo. Solicita a la secretaria municipal que diga cuándo recibió el consistorio la notificación para que Fernández Tejero fuera readmitido, cuándo el alcalde tuvo constancia de ello y quién es el responsable de dar cumplimiento a la resolución judicial. Además, subraya su «especial interés» en estar presente el día en el que Fraile dé explicaciones ante la Justicia. Por si fuera poco, el fiscal cierra su escrito con la solicitud de que «se aporte la hoja histórico penal de José María Fraile Campos, ya que no consta en las actuaciones». El juez que lleva el caso también ha pedido que se recaben sus antecedentes penales.
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