Se acabó la barra libre para los directivos de las entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas. El Gobierno ha aprovechado el decreto ley de la reforma del sistema financiero para poner límites a sus honorarios. Según insistió el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, lo que el Ejecutivo pretende no es fijar e inmiscuirse en "los sueldos del sector privado", pero sí en el de aquellos bancos y cajas de ahorro que se hayan beneficiado de lo público.
Hay dos tipos de límites. En el caso de las entidades que acudieron al FROB1, y que por tanto recibieron ayuda pública para su proceso de integración, el salario del presidente y los consejeros delegados no podrá superar los 600.000 euros al año. En este caso se encuentra Bankia -con Rodrigo Rato a la cabeza-, Banca Cívica, Unicaja Caja Duero-España, y Banco Mare Nostrum.
Con los sueldos actuales, según datos del Banco de España, ello supone una rebaja de entre el 65 y el 67%. Por su parte, los consejeros no ejecutivos de todas ellas no podrán cobrar más de 100.000 euros al año. Además, queda suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido.
Las condiciones para los directivos de las entidades intervenidas por problemas de solvencia, las del FROB2, serán más duras. En este caso se trata de Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia. Sus directivos tendrán un sueldo máximo de 300.000 euros, y de 50.000 euros en el caso de los consejeros no ejecutivos. Ello supone una rebaja media del 70% según los honorarios actuales. El Gobierno ha eliminado para estos altos cargos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.
Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se fijan estas limitaciones de sueldo en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público "del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad".
De Guindos sostuvo que el Ejecutivo ha tomado esta decisión tras recibir el informe del Banco de España sobre dichas remuneraciones y a la luz de la situación económica tanto a escala internacional como en España, e incidió en que el techo máximo establecido a los emolumentos es "razonable".
El informe del organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ponía de manifiesto que el grado de seguimiento de las recomendaciones de retribución contenido en el decreto del FROB por parte de las entidades era "medio o bajo". De Guindos subrayó que el Banco de España era responsable de la vigilancia de esta directiva y que cuando las remuneraciones de los directivos no son compatibles con la base de capital el instituto emisor está facultado para limitar el total de emolumentos.
Se trata de una decisión que en este contexto "parece lógica", que se ha adoptado "sin demagogia pero con responsabilidad", según el ministro de Economía, quien reconoció que es una medida que se aplica de cara al futuro, ya que "no se puede hacer nada" ante las retribuciones devengadas con anterioridad.
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