martes, 30 de abril de 2013

El extesorero del PP Álvaro Lapuerta, en coma por una caída en su domicilio

El extesorero del PP, Álvaro Lapuerta.- EUROPA PRESS

El extesorero del PP Álvaro de Lapuerta se encuentra en estado muy grave a consecuencia de una caída en su domicilio, informan los diarios El Mundo, La Razón yABC.
Lapuerta, de 85 años, imputado en el caso la supuesta contabilidad B del PP, fue trasladado al Hospital HM de Sanchinarro, donde quedó ingresado. Fuentes del centro sanitario declinaron dar información sobre la situación del extesorero, aludiendo a la Ley de Protección de Datos.
Según lo publicado por El Mundo, a Lapuerta se le han detectado, tras las primeras pruebas, hematomas subdurales, hemorragias intracraneales, numerosas contusiones cerebrales y una elevada hipertensión intracraneal.
La Razón y ABC afirman que el ex responsable de finanzas del PP se encuentra en estado de coma y añaden que la caída se produjo en la mañana del domingo.
Lapuerta, que fue imputado el pasado febrero, había afirmado previamente que la documentación manuscrita publicada por El País —los llamados papeles de Bárcenas— no respondía a la contabilidad del PP en los años a los que hacía referencia, y que no le constaban en absoluto los conceptos y cantidades que se reseñaban en la información.
El PP se ha puesto en contacto con la familia de Lapuerta para interesarse por su estado y seguir su evolución. Fuentes del partido indicaron que han hablado con uno de los hijos de Lapuerta. Al parecer, y según las fuentes, el estado de gravedad del exterorero del PP no ha sufrido variaciones, si bien ya han transcurrido las primeras 48 horas tras el accidente que sufrió en su domicilio, consideradas cruciales para su evolución.

Lasquetty indemnizará a una familia por una negligencia cometida en un hospital gestionado por Capio

El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, durante la rueda de prensa que ofreció para explicar los pliegos de 'externalización' de hospitales. EFE/Chema Moya

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Comunidad de Madrid a pagar una indemnización a una familia cuyo hijo fue víctima de una negligenciacometida en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro de Madrid. La Consejería de Sanidad que dirige Javier Fernández Lasquetty, tendrá que responsabilizarse, por tanto, de un error que tuvo lugar en uno de los hospitales públicos de gestión privada de la región: la empresa Capio controla todo el personal (sanitario y no sanitario) de dicho centro.
La cuantía a la que tendrá que hacer frente la Administración pública -que no la compañía privada- asciende a 125.054,47 euros para el menor perjudicado, así como a otros 10.000 euros para sus progenitores en concepto de daños morales.
"Hemos de tener en cuenta, para determinar el importe de la indemnización, la gravedad de la negligencia en la prestación sanitaria, muy económica para el Hospital Infanta Elena de Valdemoro", destacan los miembros del tribunal en el documento de la sentencia, fechada el pasado 14 de marzo de 2013 [ver pdf, aquí]. Y es que, según los informes periciales del caso, las secuelas que le han quedado al pequeño, nacido en 2008 en el citado hospital, derivan de la no utilización "de los medios diagnósticos necesarios", la "desatención" del niño y "la demora en la corrección quirúrgica". Al final, el afectado fue correctamente diagnosticado e intervenido en el Hospital público de La Paz.
La víctima de esta mala praxis -o "infracción de lex artis", en términos jurídicos- fue atendida por el Hospital de Valdemoro, donde nació, en 2008, desde el 28 de marzo hasta el 7 de noviembre de dicho año, según los denunciantes. Ante la falta de mejoría, ese mismo día, los padres trasladaron al pequeño al Hospital Intanil Niño Jesús de Madrid. De ahí fue remitido al Servicio de Cardiología Pediátrica de La Paz, donde fue operado de su cardiopatía congénita y de donde salió, en diciembre de 2008, con secuelas.
El informe aportado por los progenitores en su denuncia, realizado por un experto en Medicina Legal y Forense, concluye que hubo varios errores diagnósticos en Valdemoro: "en la consulta de cardiología pediátrica, el 30 de abril, donde se realiza un ecocardiograma informado como "corazón normal'" mientras "el menor presentaba síntomas que tenían que haber hecho sospechar la existencia de una patología". "Dichos síntomas se repitieron desde el día 8 de junio de 2008 hasta el 5 de julio", continúa el escrito. Al día siguiente, el pequeño es hospitalizado con dificultad respiratoria. Tres días después recibe el alta "con diagnóstico de bronquitis aguda e intolerancia oral sin que conste que se realizase prueba de imagen diagnóstica para descartar patología cardiaca alguna", sentencia. Ya en septiembre de ese mismo año, el bebé vuelve a ser ingresado, entre otros síntomas, con un "soplo sistólico" que fue estabilizado antes de volver a darle el alta con un diagnóstico de "asma intrínsica". ¿Su conclusión? "Que ha existido unerror diagnóstico continuado por falta de medios; que la asistencia del Hospital de Valdemoro no es acorde a la lex artis ad hoc y por esta causa se produjo una demora importante en lanecesaria corrección quirúrgica de la malformación congénita". 
"La actuación del hospital ha sido muy económica por no utilizar los medios diagnósticos necesarios", sentencia el informe de la Inspección
En la misma línea se expresa también el informe de laInspección Sanitaria. "El niño, de 7 meses y medio de edad, el 7 de noviembre de 2008, acude al servicio de urgencias del Hospital Niño Jesús por dificultad respiratoria [...] El mismo día ingresa en el Servicio de Cargiología Pediátrica del Hospital La Paz, donde se decide la reparación quirúrgica del defecto, quese tuvo que posponer hasta el 3 de diciembre de 2008 por el estado infeccioso que presentaba", detalla.
Aunque este experto independiente asegura que "la ventanaa aortopulmonar es un defecto cardiaco raro y su diagnóstico puede ser difícil", también apunta a que el pequeño "había sido atendido en varias ocasiones en el Hospital de Valdemoro sin detectar la malformación congénita, que, como tal, está presente desde el nacimiento". "Hay que destacar que, a pesar de la progresiva evolución desfavorable, con dos visitas a urgencias y un ingreso hospitalario, con casi cuatro meses de edad, no se realizó ninguna prueba de imagen", señala. Sus conclusiones, también, reveladoras: "La actuación del Servicio de Pediatría del Hospital Infanta Elena de Valdemoro se puede decir que ha sido muy económica por no utilizar los medios diagnósticos necesarios. Y por la misma razón, no ajustada a lex artis". Además, continúa el documento, "a consecuencia de la falta de un diagnóstico precoz se produjo una demora importante en la necesaria corrección quirúrgica de la malformación congénita", concluye, coincidiendo con el experto contratado por los demandantes.

Contrainforme sin información

Los co-demandados (Comunidad de Madrid y Capio), por su parte,  intentaron defenderse con un contrainforme elaborado por una experta en Pericia Médica, entre otras especialidades. "La posible demora en el diagnóstico y tratamiento de la malformación de ventana aorto-pulmonar no parece haber tenido, en base al informe del Servicio de Pediatría del Hospital Infanta Elena, consecuencias irreversibles", comienza el texto. "No se aporta documentación clínica de evolución tras la intervención quirúrgica que permita considerar o negar la existencia de hipertensión pulmonar como secuela, no constando datos relevantes de alteración cardíaca debidos al posible retraso diagnóstico y terapéutico en el informe del Hospital de La Paz", continúa. 
En un segundo informe elaborado por esta misma experta de la defensa, como ampliación de este primero, la doctora asegura que "no se ha podido acceder a los informes de revisiones del Hospital Capio Valdemoro", pero, aun así, determina que, con la información de La Paz, "se puede concluir que el paciente se encuentra asintomático en la última reivisión en mayo de 2011". Por todo ello, concluye que "no se consideran secuelas en relación al objeto de la demanda: asistencia prestada en Hospital Infanta Elena".
La sentencia destaca la "gravedad de la negligencia", teniendo en cuenta la corta edad del paciente y las secuelas "irrevesibles" que le han quedado, entre otras cuestiones
Pese a su argumentación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM alega que "las pruebas periciales no acreditan irrefutablemente un hecho, sino que expresan el juicio o convicción del perito". Además, el tribunal considera que "la valoración conjunta de la prueba" les lleva a concluir que "la asistencia prestada en el Hospital Infanta Elena no se ajustó "lex artis" por haberse dejado de utilizar los medios necesarios y al alcance del centro para diagnosticar y tratar prontamente la ventana aorto-pulmonar con que nació y de la que no fue intervenido sino a raíz de que sus padres lo llevaran al Hospital Niño Jesús". 
Asimismo, los jueces consideran que el retraso en la operación sí tuvo "secuelas directamente relacionadas" que consideran "acreditadas" no sólo por el "motivado e imparcial" informe de la Inspección, sino también por el hecho de que "las partes demandada y codemandada deben asumir las consecuencias probatorias negativas de la falta de información", señala la sentencia en relación a la falta de informes argumentada por la propia defensa.
Por todo ello, el TSJM falla a favor de la víctima de negligencia, que actualmente tiene cinco años, y de sus padres, por "la gravedad de la negligencia, la pequeñísima edad de paciente, el largo tiempo que el niño sufrió las consecuencias de la desatención, las secuelas que le han quedado, así como la circunstancia de que la hipertensión pulmonar lleva a una enfermedad vascular irreversible, y el daño moral causado", enumera la sentencia. Sin embargo, el tribunal sólo estima parcialmente el recurso interpuesto por los padres del menor "ante el silencio administrativo" previo de ambos demandados, ya que considera sólo a la Comunidad de Madridcomo única titular de la "responsabilidad patrimonial" de la negligencia cometida en el Hospital de Valdemoro.

Las Reformas


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La clase media sufre impuestos de los más altos de la UE, pero España recauda cada vez menos

Cristóbal Montoro

España sufre una crisis fiscal por la vía de la recaudación. Lo ratifican las cifras de déficit (6,98% en 2012, sin contar el rescate a la banca) y las de ingresos, que muestran que las administraciones públicas españolas recaudan apenas un 36,4% del Producto Interior Bruto, según los datos de Eurostat correspondientes a 2012. Esta cifra nos sitúa a la cola europea (solo por delante de Irlanda) y supone una caída recaudatoria de más de 50.000 millones respecto al año 2007, cuando las arcas públicas ingresaron, por vía tributaria, un 41,1% del PIB.
¿Por qué caen tanto los ingresos? Economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sostienen que la estructura fiscal española era poco consistente y dependía excesivamente en los ingresos "extraordinarios" de la burbuja inmobiliaria. "España contó con ingresos extraordinarios que no se aplicaban sobre bases impositivas relacionadas directamente con el PIB", explican en este artículo de su blog Nada es Gratis. Es decir, se creó una estructura de gastos que no se correspondía con la verdadera capacidad recaudatoria del país.
La menguante recaudación fiscal apenas se ha visto compensada por las repetidas subidas de impuestosaprobadas desde mayo de 2010 tanto por Zapatero como por Rajoy. La Administración se ve incapaz de aumentar sus ingresos sin apretar las tuercas a los asalariados, los que más difícil tienen evadir. Así, España tiene desde 2011 uno de los tipos máximos de IRPF más altos de la UE (del 52% y sin contar los gravámenes adicionales en algunas comunidades), tal como ha informado este lunes la agencia estadística europea Eurostat.

El peso, sobre las rentas medias

Las cifras de empleo y la caída de las rentas explican la caída de la recaudación por IRPF, pese a la subida de tiposPese a que los tipos que en España gravan la renta de las personas físicas han aumentado hasta siete puntos básicos para los más acaudalados (para las rentas de más de 300.000 euros anuales), el peso principal de la recaudación recae sobre todo en las rentas medias y medias-altas. Así, dos tercios de las subidas en el impuesto de la renta han sido costeados por las rentas de entre 16.000 y 51.000 euros anuales.
La tributación por IRPF supuso unos ingresos públicos de 70.631 millones de euros en 2012, después de que el gravamen adicional "temporal" del Ejecutivo permitiera incrementar la recaudación un 1,2% respecto a 2011. Lejos quedan cifras de ingresos como los 72.614 millones de 2007, o los 71.341 millones de 2008, con la crisis dando sus primeros coletazos.
Las altas cifras de desempleo y la caída general de los salarios y las rentas son las principales causas que explican que las subidas de tipos en el IRPF no se hayan correspondido con incrementos proporcionales en las arcas públicas.

Otros impuestos, también al alza

La clase media también ha visto mermado su poder adquisitivo con las tres subidas del IVA decretadas desde el inicio de la crisis. Pese a que el tipo medio general español (21%) aún sigue por debajo del europeo (21,13%), la consultora internacional KPMG ha constatado en un informe que España fue el país que más ha incrementado el impuesto al consumo en 2012. Y toca prepararse, porque a pesar de las continuas negativas del Gobierno a aprobar una nueva subida, tanto el FMI como Bruselas estiman que aún hay margen para subirlo.
Pese a todas las subidas decretadas, la caída del consumo registrada en esta crisis ha supuesto una pérdida de más de 5.000 millones en la capacidad recaudatoria del IVA, que en 2012 ha permitido unos ingresos de casi 50.500 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria.
En apenas tres años, la recaudación por Sociedades ha pasado de los 44.000 millones a los 16.000Los tipos nominales son a su vez más altos que la media en otro de los grandes impuestos: el de Sociedades, cuyo tipo máximo sin aplicar deducciones (30%) supera con creces la media europea, situada en el 23,5%. El IS (que grava los beneficios empresariales) ha sido el tributo que ha experimentado un mayor deterioro desde el estallido de la crisis: en 2007 permitía recaudar más de 44.800 millones, y en apenas tres años se redujo en más de la mitad: 16.198 millones.
Los "cambios normativos" y el aumento de las inspecciones tributarias han permitido desde entonces incrementar la recaudación por Sociedades en más de un 30%, hasta los 21.435 millones. La cifra, además, podría ampliarse aún más en 2013, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciara en el pasado Consejo de Ministros que se reducirán las deducciones a grandes empresas. Y es que las empresas que más beneficios generan en España, amparadas en sus mejores servicios jurídicos, logran reducir el tipo efectivo del IS al entorno del 10% gracias a multitud de bonificaciones, tal como explican los Inspectores de Hacienda.

Más impuestos a las empresas

"La enorma caída recaudatoria del Impuesto de Sociedades es muy superior a la caída de los beneficios empresariales y también a la caída recaudatoria del resto del sistema fiscal. Ante esta situación de graves y obvios agujeros legales, tampoco es una casualidad que la Agencia Tributaria, en su lucha contra el fraude fiscal, haya obtenido resultados récord", señalaen un informe Francisco de la Torre, expresidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. El fraude fiscal en España (que oscila entre el 19% y el 22% del PIB, según las fuentes) supone una pérdida en impuestos no percibidos de cerca de 100 millones de euros, según la organización Tax Justice Network.
Todos los analistas consultados coinciden en que el reparto de la carga es injusto y recae en exceso sobre los salariosLa conclusión a la vista de los datos es clara: el esfuerzo fiscal no está recayendo en todos por igual. Bien al contrario, la "práctica totalidad" del aumento de la presión fiscal ha recaído en las familias, ya que las empresas "han disminuido su aportación", explican el colectivo de inspectores, que constatan que ahora aportan prácticamente lo mismo que antes de la crisis, pese a la continua pérdida de poder adquisitivo.
A una similar conclusión llega el colectivo de técnicos de Hacienda, que a través de su sindicato (Gestha) han propuesto un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas que facturen más de 45 millones de euros al año que eleve el gravamen por Sociedades del 30% hasta el 35% en el caso de que los beneficios superen el millón de euros. Lo dice claramente este informe de Comisiones Obreras elaborado por el economista Manuel Lago: "El impuesto de Sociedades es el gran responsable en la caída de la recaudación fiscal".
Los analistas de Fedea, que también coinciden en que las rentas del trabajo están excesivamente cargadas, apuestan por cerrar la "brecha fiscal" aumentando significativamente los ingresos tributarios sin frenar el crecimiento. ¿Cómo? Su apuesta es reducir la progresividad del IRPF, que posibilitará que se atraiga un mayor talento desde el exterior, lo que a su vez aumentará la actividad económica y la productividad españolas.
Desde esta fundación proponen también eliminar los impuestos sobre transacciones patrimoniales y "subir sustancialmente" los impuestos indirectos (entre ellos el IVA), a la vez que piden un tributo patrimonial similar al que existe en Francia. Solo esta medida permitiría ingresar un punto porcentual de PIB (unos 10.000 millones de euros, aproximadamente).

Empleo quiere simplificar las modalidades de contrato para facilitar la contratación


La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que su departamento esta trabajando para "ordenar y simplificar" las modalidades de contrato, para que los empresarios puedan saber "con más claridad" cuál es la opción que más se adapta a sus necesidades. Se trata de una "clarificación administrativa" los modelos de contrato indefinidos, temporales o formativos existentes, ha asegurado en comparecencia ante la Comisión de Empleo del Senado en la que ha apostado por seguir con la "senda reformista" en la lucha contra el desempleo, especialmente el juvenil, que ha tildado de "emergencia social".
La ministra de Empleo y Seguridad Socialha advertido este lunes de que queda todavía un camino "largo y difícil" para que la economía española cree puestos de trabajo, a la vez que ha asegurado que la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado año no puede "crear empleo por sí misma".

Durante su intervención en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado para informar de la evolución del desempleo en España, Báñez ha pedido la"responsabilidad" de todos los partidos políticos y de los agentes sociales para superar la realidad económica y social que "sigue siendo muy dura".
"No cabe la parálisis, la complacencia, ni la relajación", ha dicho, tras insistir en que "no se puede crear empleo con seis trimestres sucesivos de recesión".
Además, ha señalado que la reforma laboral aprobada por el Gobierno tampoco puede "crear empleo por sí misma" sino que ha servido para que a corto plazo se frene el ritmo de destrucción de empleo.
Ha insistido que el camino que queda por recorrer hay que hacerlo con "esfuerzo y dedicación" y ha calificado los datos delparo que llegan a los 6,2 millones de desempleados como lasituación "más dramática" por la que atraviesa España, sobre todo cuando el desempleo juvenil llega al 57 %.
El número de desempleados alcanzó los 6.202.700 millones en el primer trimestre del año y elevó la tasa de paro al 27,16 % de la población activa. Además, en los tres primeros meses se destruyeron 322.300 puestos de trabajo hasta situar el número de ocupados en 16.634.700 y la tasa de actividad en el 59,68 %, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

El paro juvenil, lo "más duro"

Báñez ha reflexionado por primera vez en público sobre los datos de la EPA después de que fueran difundidos el pasado 25 de abril por el INE. La ministra ha lamentado que la elevada tasa de paro juvenil sea el aspecto "más duro" de esta cifra y ha reiterado que el primer objetivo del Gobierno y el más esencial es "darle la vuelta a esta difícil situación".

No obstante ha señalado que el ritmo de destrucción de empleo se ha frenado en el primer trimestre del año y ha indicado que la "masiva" destrucción de empleo público que se ha registrado es consecuencia de los ajustes acometidos en el proceso de consolidación fiscal.
Báñez ha dicho que pese a que existen indicadores económicos de mejora y las relaciones exteriores "van mucho mejor", no es suficiente. "El clima de la realidad económica y social sigue siendo muy duro y en ciertos casos dramáticos", ha indicado, al tiempo que ha recordado que la destrucción de empleo entre 2007 y 2011 fue "masiva" y se perdieron 2,7 millones de empleos.

Optimista por la senda reformista

La ministra se ha mostrado optimista sobre la senda reformista del Ejecutivo que —ha dicho— no cesará ya que "hace una año había dudas sobre la continuidad de España en el euro y hoy hemos demostrado que podemos cambiar el ritmo de la economía española".
Báñez ha valorado además la labor de los agentes sociales, sindicatos y empresarios, al firmar un acuerdo de moderación en los salarios, aunque ha insistido en que deben sentarse "con la misma buena fe" para abordar con "la misma responsabilidad" la renovación de los convenios colectivos que decaen a partir del 8 de julio.
Entre las medidas que ha recordado que está llevando a cabo el ministerio de Empleo ha destacado la ordenación y simplificación de los modelos de contratos existentes para facilitar las contrataciones. Ha señalado que se trata de una "clarificación administrativa" de las diferentes modalidades contractuales.