La alcaldesa de Parla, la socialista Beatriz Arceredillo, declarará este viernes en bancarrota a esta localidad de 125.000 habitantes, al entender que el Ayuntamiento “no tiene capacidad”, con un presupuesto de 70 millones de euros y una deuda superior a los 550 millones, de los que casi 180 corresponden a la concesionaria del tranvía municipal. Arceredillo fue nombrada a mediados del pasado noviembre, tras la imputación de José María Fraile en la Operación Púnica, pese a tener en contra a la ex ejecutiva regional del PSM. La regidora es muy crítica con la gestión de su predecesor inmediato y con la del ex secretario regional Tomás Gómez, que gobernó la ciudad entre 1999 y 2008.
Arceredillo, cuyos presupuestos municipales llevan prorrogados desde hace cinco años, reclama al Gobierno de Mariano Rajoy y al Ejecutivo de Ignacio González, ambos del PP, que “dejen de asfixiar así a los ciudadanos” y permitan al Ayuntamiento disponer de la parte que le corresponde de los tributos del Estado, que son 24 millones anuales. “No nos llega ese dinero porque se destinan a deuda con proveedores y con otras Administraciones... Estamos ante una guerra política para destruir a un municipio, y las peleas políticas se ganan con discursos, no torturando a una localidad. ¿O es que el PP está esperando a gobernar para ayudar? Porque mientras pasa el tiempo, los servicios básicos peligran”, dice.
Parla fue uno de los Ayuntamientos de España que más dinero recibió de los planes de pago del Gobierno central entre 2012 y 2013. Gracias a esos créditos estatales, el Consistorio recibió 300 millones. “Eso supone que ahora se deben por los intereses de los préstamos 310 millones, 10 millones más, o sea que de ayudas nada”, piensan en el gobierno local. Los Ayuntamientos que se acogieron a estos planes tenían que cumplir unas condiciones, que después se ha ido flexibilizando para los que, como Parla, no cumplían las condiciones. Como Parla no devuelve nada de lo que se le adelanta, el Gobierno central se lo compensa con la parte que le correspondería ingresar al Consistorio por su participación en impuestos del Estado. Al principio se retuvo unos 900.000 euros al mes, la mitad de los tributos a los que tenía derecho. La retención actual es del 100%.
Con una plantilla de 700 trabajadores, el coste mensual del personal es de 1,6 millones. “El Ayuntamiento está al día con los empleados, aunque en febrero cobraron mal, la nómina la recibieron partida”, reconoce la alcaldesa, que insiste en que los principales damnificados por la “falta de liquidez” son trabajadores y vecinos.
Arceredillo, que reveló la deuda municipal al cumplir 100 días al frente de la ciudad, también se niega a subir impuestos, poner tasas adicionales y despedir a parte de la plantilla. Señala que el ministerio de Cristóbal Montoro ponía esas condiciones para que pudiera acogerse a un plan para refinanciar parte de la deuda. Y lamenta que la Comunidad ejecutara en enero “más de cuatro millones de unos avales por la tasa de bomberos de 2004, que no se habían pagado”. Parla tiene retenidos otros ingresos estatales y autonómicos por no pagar la Seguridad Social de sus trabajadores municipales. Debe 15 millones.
“No voy a negar que existe una deuda, pero la solución no pasa por seguir oprimiendo a Parla. Necesitamos un compromiso real y claro”, exige la regidora, que solicita a la Comunidad “con carácter urgente” que los 2,5 millones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid que le corresponden se puedan destinar a gastos corrientes. “La situación era mala cuando entré, pero se ha agravado por la falta de responsabilidad de las otras administraciones”, sentencia Arceredillo.
IU solicitó este jueves al Ministerio de Hacienda y al Gobierno regional que adopte medidas transitorias para facilitar la financiación del Ayuntamiento “ante el riesgo de colapso”, observó el candidato municipal, Jesús Saiz. IU también pidió a la Comunidad que abone a Parla tres millones por el convenio de las Bescam. El Gobierno regional recuerda que Parla fue excluida del presupuesto regional para policía local “por incumplimiento sustancial del convenio suscrito”. “No tiene que ver con razones políticas, sino objetivas”, zanjan desde el Ejecutivo. IU también planteó que el Consorcio Regional de Transportes asuma “en su totalidad” el servicio del tranvía. Parla lleva dos años sin pagar a la concesionaria del transporte. El coste de la infraestructura roza los 300 millones.
La propuesta de IU contrasta con su postura el pasado verano. PP y UPyD pidieron en julio en el pleno municipal la intervención del Ministerio de Hacienda “para poder conocer los datos reales” de las arcas locales, a lo que PSOE e IU se negaron. Dos meses después, PP y UPyD pidieron de nuevo una comisión de expertos del Ministerio de Hacienda que evaluara la “situación real” de las cuentas de Parla, a lo que PSOE e IU también se opusieron.
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