miércoles, 3 de septiembre de 2014

Una diputada del PP de Madrid abandona el partido denunciando los sobresueldos


María Teresa Gómez-Limón Amador, la que fue la heredera del escaño de Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid, ha anunciado que abandona el Grupo Popular de la cámara para pasarse al Grupo Mixto. También se da de baja en el partido a través de una carta que ha enviado a Mariano Rajoyy que hará pública este jueves en una rueda de prensa. 
Según anuncia ella misma, ha tomado esta decisión por, al menos, seis motivos de fuerzas. En primer lugar, por "la discrepancia con el PP sobre la falta de transparencia que ha mostrado el Partido respecto a la percepción de sobresueldos y otros asuntos relacionados con la utilización de fondos en la vida pública, lo que me llevó el 21 de enero de 2013 a enviarle un escrito al propio Presidente del Partido", y por sentirse "engañada por algunas decisiones políticas adoptadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid no contempladas en el Programa Electoral".
En lo que se refiere a sus funciones en la cámara, también denuncia la "ausencia total de democracia dentro del Grupo Popular, tanto en lo que respecta a la no existencia de debates internos como a la obligación de no poder votar con libertad, aunque se trate de asuntos no contemplados en el Programa Electoral".
Por otra parte, en las siguientes tres razones que aporta se refieren a la gestión que ha hecho el PP con el accidente del Alvia en Santiago del pasado 24 de julio de 2013 en el que murieron 73 personas. Así, Gómez-Limón se muestra disconforme con "las conductas totalmente opacas y obstruccionistas relativas a la petición" que hizo ella misma en nombre de las víctimas "de instar al Gobierno a la creación de una Comisión de Investigación sobre el mismo". 
Este atrevimiento le costó caro, pues agrega que ha sufrido una "situación de aislamiento y desprecio por parte de muchos dirigentes del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, del Grupo Parlamentario y de compañeros Diputados solamente por discrepar de la posición oficial".
Así, acaba denunciando el "comportamiento absolutamente inhumano y contrario a los Derechos Humanos más elementales que ha tenido el Presidente de la Xunta de Galicia con las víctimas del accidente del tren de Santiago, no solo impidiendo a las víctimas y sus familias asistir a un acto publicitado para honrar su memoria sino enviando a la policía antidisturbios, en un acto de represión impropio de un país democrático".

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