El profesor de CC Políticas de la Complutense, Pablo Iglesias, y su Podemos han propuesto, entre otras medidas la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para una mayor redistribución de la riqueza, bajar la edad de jubilación hasta los 60 años y que las empresas con beneficios no puedan realizar ningún despido. También nacionalizaría sectores estratégicos, como la electricidad, telecomunicaciones y enseñanza, al tiempo que suprimiría la agencia privada de calificación en favor de una pública.
Según el programa, la creación de "empleo decente" en los países del sur de Europa vendría con un programa de inversiones y políticas públicas. Se reconvertiría el sector productivo basado en la innovación, que contribuirá al "bien común teniendo en cuenta criterios de responsabilidad social, ética y medioambiental".
Los autónomos y pymes tendrían más peso en la creación de empleo, por lo que serían los principales candidatos para ganar concursos públicos. Tanto la bajada del número de horas trabajadas, hasta 35, como los 60 años como máximo para jubilarse, servirían para "redistribuir equitativamente el trabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familiar".
Sin despidos en empresas con beneficios
También aboga la prohibición de despidos en las empresas con beneficios, la eliminación de las reformas laborales y de las pensiones aprobadas durante la crisis y contrarrestar el exilio juvenil con "mecanismos" para combatir la precarización del empleo.
Defiende la desaparición de las ETT, empresas de trabajo temporal, y un aumento del salario mínimo interprofesional, SMI, al tiempo que fija un techo para el salario máximo vinculado proporcionalmente al salario mínimo interprofesional. Asimismo, las pensiones públicas no contribuirán a las arcas, y su cuantía igualará como mínimo el salario mínimo interprofesional.
Además, ha prometido una "renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo". La renta básica no reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva realidad socio-económica. Sustitución de las prestaciones sociales condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico. Todo el dinero público saldrá de una subida de impuestos, como el IVA al lujo de hasta el 35%, junto con una mayor progresividad del IRPFy de la lucha contra el fraude fiscal.
Deuda y déficit, 'ilegítimos'
Los eurodiputados de Podemos hablan de que una parte de la deuda es "ilegítima", por lo que delimitará su pago, tanto a nivel privado como público. Tampoco el techo de déficit sería un impedimento para la formación de Iglesias, que afirma que lucharán para eliminar el artículo 135 de la Constitución, para lo que necesita al menos dos tercios del Congreso a su favor.
BCE y banca
El BCE estaría supeditado al control político, y entre sus nuevas funciones estaría la de compra directa de deuda a los países con problemas. Además, exigen la creación de una Agencia Pública Europea de Rating que sustituya a las tres privadas que "determinan la política económica de la UE".
El crédito fluirá preferentemente hacia su modelo de sistema productivo, es decir, a pymes y autónomos, siempre que guarden su principio social. Además, de imponer la tasa Tobin en toda la UE, quiere un impuesto sobre los benefcios bancarios para la reinversión productiva.
Junto con la prohibición de los instrumentos financieros propicios a la especulación financiera, como los fondos buitres, el FROB y la SAREB tendrán ahora la obligación de ser los instrumentos dedicados a la "recuperación de las ayudas públicas concedidas a la banca". Eso sí, la banca tradicional competirá con la pública de nueva creación, que estará bajo control social efectivo, a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público.
Las SICAV se eliminarían y volvería el impuesto de Patrimonio.
Nacionalizaciones
Si con la banca pública no es suficiente, Podemos quiere que el Gobierno controle los sectores estratégicos de la economía: Telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración o incluso con nuevas empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal.
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