Solo quedan siete meses la nueva y pequeña revolución que llega el 1 de enero de 2015. No será tan radical como la de hace cuatro años, cuando todos los españoles tuvieron que comprarse un televisor o un adaptador para poder ver la Televisión Digital Terrestre (TDT), pero afectará a la mayor parte de los ciudadanos de este país y a sus bolsillos. La culpa la tiene el llamado dividendo digital.
Cuando se crearon los canales de TDT, las televisiones ocuparon todo el espectro radioeléctrico a su antojo, sin limitaciones. Pero el desarrollo de las tecnologías hicieron que se replanteara esta ocupación de las diferentes cadenas. De esta manera, la parte superior de este espacio, la banda de 790-862 MHz, va a pasar a las 'telecos' para que desarrollen el 4G, lo que obliga a los operadores a mudarse a unas bandas inferiores.
Este planteamiento es de una complejidad tremenda. Y el Ejecutivo no está ayudando mucho en la mudanza. «Está ajustadísimo», señala Andrés Armas, director general de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) sobre el tiempo que tendrán las cadenas para acomodarse. Por el momento, Uteca y el Gobierno están hablando sobre las diferentes opciones que existen para realizar este traslado, aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión, aunque los operadores sospechan que el Gobierno aprovechará este reordenamiento de las frecuencias para dar alguna licencia más de televisión.
Sin campaña
El Gobierno no ha anunciado, por el momento, ninguna campaña informativa de cara a los ciudadanos. Algo que todos los sectores implicados esperan. Porque los ciudadanos van a sufrir, como pasó con apagón analógico de 2010, la visita del antenista para que sus televisores puedan sintonizar los canales.
Una visita que puede costar, de media, sobre los 20 euros, según la Federación de Instaladores de Telecomunicaciones (Fenitel). Este precio sería una tarifa media para un edificio de unos 20 vecinos, que es la media de los edificios españoles. En esta primera oleada de antenización estarían fuera las casas unifamiliares, aunque eso no implica que en el futuro lo tengan que hacer. Es decir, que si hay unos 25 millones de hogares en España -según el Instituto Nacional de Estadística-, el conjunto de los españoles pagarán, como mínimo, más de 500 millones por poder ver la televisión en abierto -la que consume en Europa más del 75% de la población-.
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