Las polémicas Marchas de la Dignidad del 22-M, que han causado al Ayuntamiento un gasto de 655.000 euros, han reabierto el debate sobre la necesidad de regular las numerosas protestas que discurren a lo largo del día por el centro de la capital –en 2013 hubo más de 4.000-, generando tensiones en el seno del PP madrileño. Entre compañeros de partido y entre posibles candidatos a las elecciones municipales y autonómicas.
En este cruce de declaraciones están, por un lado, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que quiere “ordenar” la autorización de las manifestaciones en el centro de Madrid, específicamente en el eje del paseo de la Castellana y otros estratégicos para la movilidad, en las zonas históricas protegidas y en las áreas de gran afluencia turística. Una medida a la que han mostrado su respaldo el número dos de Ignacio González en el Gobierno madrileño, el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria; y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Además, la alcaldesa anunció el miércoles que iba a solicitar formalmente a la Delegación del Gobierno en Madrid una reunión para acordar “una serie de espacios que deberían ser especialmente protegidos” frente a las manifestaciones. Según indican a GACETA.ES desde el consistorio, ese mismo día, 26 de marzo, se envió la petición por carta, pero aún no ha recibido respuesta.
Por otra parte, en este toma y daca dialéctico, está la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que asegura de que se entera por los medios de las quejas e invita la alcaldesa a que formule la propuesta por "su cauce" y que, en todo caso, ella está siempre disponible por teléfono para atenderla. No obstante, señala que con quien debería reunirse la alcaldesa es con el Ministerio de Industria, la Federación Española de Municipios y Provincias, así como los Ministerios de Justicia, Educación, Cultura y Deporte, y Hacienda y Administraciones Públicas. “No podemos tener una ley en Madrid y otra en otras comunidades”, apostilla.
Cifuentes defiende que la medida de Botella afecta a derechos fundamentales de la Constitución, como el del derecho de reunión, y dice que ella no puede cambiar "aleatoriamente" el recorrido de una manifestación de la Plaza Mayor a la Casa de Campo y que el único motivo para ello es que existan razones de orden público que pongan en peligro a bienes o personas.
También indica que ella ya pidió en 2012 que se “modulara” el derecho de manifestación y de reunión, y que entonces se sintió sola y echó en falta el apoyo de la Comunidad y el Consistorio.
“No estoy compitiendo por la alcaldía”
Asimismo, en una entrevista el jueves en Es la mañana de Federico de esRadio, Cifuentes expresó: “Yo no estoy compitiendo por la alcaldía de Madrid, bastante trabajo tengo (…) No me voy a dejar distorsionar por unos o por otros. Tengo que trabajar para preservar la seguridad y que las cosas funcionen lo mejor posible".
Respecto a estas afirmaciones de Cifuentes, desde el consistorio expresan a GACETA.ES que “no se va a hacer ninguna declaración al respecto”. “La intención del ayuntamiento y la alcaldesa no es polemizar con nadie, simplemente lanzar una propuesta, que es lo que se ha hecho”, apuntan a este diario.
Por su parte, desde la Comunidad se rechaza "ningún tipo de pelea", pero se defiende que hay que dar solución al asunto y regular unas manifestaciones que generan un enorme perjuicio a la ciudad. El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha destacado que la delegada del Gobierno sí que tiene potestad para alterar el itinerario de las mismas, y destaca que Cifuentes “ha modificado en los últimos años la ruta de protestas varias veces por razones de orden público, por afectar al tráfico y la circulación, el comercio o espectáculos públicos”.
Vecinos y comerciantes del centro, en pie de guerra
Quien sí tiene ya fecha para reunirse con Cifuentes es la Federación de vecinos y comerciantes Madrid Centro, que ha sido citada por Delegación del Gobierno para el próximo 1 de abril a las diez y media.
Como ha informado a GACETA.ES su presidente, Florencio Delgado, están indignados con que la almendra central, que comprende Sol y las calles que lo circunvalan, sea el ‘manifestódromo’ nacional, con el perjuicio económico que, además, esto acarrea, ya que “prácticamente se paraliza la acción comercial”. La Federación critica que se hagan protestas “por cualquier cosa” y que discurran por las mismas zonas, como la Puerta del Sol.
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