"Esto es un consejo de expertos, no un consejo de profetas". Si hubo un mensaje que quisieron recalcar el pasado viernes los 'sabios' que han elaborado la propuesta para garantizar el futuro del sistema público de pensiones, ése es que su trabajo no es más que una presentación de alternativas y que ahora deberá ser la política, la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y el propio Gobierno, la que decida el camino que seguirá el sistema en el futuro.
Ambos tienen ya en su poder el informe de 41 páginas que glosa la gran aportación de los expertos: el llamado 'factor de sostenibilidad de las pensiones', y ahora deberán adoptar una decisión sobre el mismo. La cuantía de las pensiones futuras de los españoles dependerá de lo que determinen en relación a cuatro puntos clave. Son éstos:
1. Subir impuestos o bajar las pensiones. El informe del Comité de Expertos no se anda por las ramas. En las condiciones actuales, la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boomincrementará hasta un 70% el gasto del sistema público de pensiones. El Gobierno debe escoger entre tres opciones:
A. Aumentar el número de cotizantes al sistema. Es decir, la población con trabajo, ya sea introduciendo medidas de estímulo a la prolongación de la vida laboral, mediante reformas que mejoren el crecimiento potencial de la economía o mediante políticas de atracción de inmigrantes que permitan incrementar la población activa.
B. Subir los impuestos. Otra alternativa es mejorar las vías de ingreso del sistema. Actualmente éste se financia con las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresarios, una fuente que se ha revelado insuficiente desde 2010 para pagar las nueve millones de pensiones que tiene comprometidas el sistema público. Ese déficit coyuntural se puede sellar a poco que se reduzca la insoportable tasa de paro actual (27,1%), pero hay dudas sobre que las cotizaciones alcancen para absorber el impacto de la jubilación de los hijos del baby boom. ¿Alternativas? Trabajar para que suban los salarios, subir las cotizaciones sociales (el Gobierno se ha comprometido a bajarlas) o subir impuestos y encauzarlos al pago de pensiones.
C. Aceptar que las pensiones tienen que bajar. La tercera alternativa es la más impopular... pero también la más probable: acomodar la cuantía de las pensiones del sistema a los recursos disponibles bajo los parámetros actuales. Es decir que la nómina de la pensión de jubilación se module en función de los recursos que se obtengan por el pago de cotizaciones sociales. Según un estudio encargado por el Ministerio de Hacienda, este sistema obligaría a una reducción a medio plazo de la pensión inicial que perciban los nuevos pensionistas de entre un 22% y un 45% respecto a las actuales.
2. Ajuste inmediato o ajuste diferido. El Gobierno debe decidir si los dos mecanismos de ajuste que plantean los expertos -el Factor de Equidad Intergeneracional, que pretende adaptar las pensiones a la esperanza de vida; y el Factor de Revalorización Anual, que básicamente desengancha la actualización anual de las pensiones del IPC para tener en cuenta más factores como la situación de déficit o superávit del sistema y la evolución de los ingresos por cotizaciones- entran en vigor ya en 2014 o bien lo hacen de manera progresiva algo más adelante.
Aplicarlo más tarde (los expertos ponen 2019 como fecha de referencia) favorecería la adaptación al nuevo escenario de los pensionistas que están a punto de jubilarse y que tienen una expectativa de pensión que variará (probablemente a la baja) por el efecto del factor de sostenibilidad. Por contra retrasaría la resolución de los desequilibrios del sistema y obligaría a seguir tirando de los ahorros del sistema, el Fondo de Reserva de las pensiones.
Ponerlo en marcha el año que viene tendría posiblemente efectos a la baja sobre la prestación de los nuevos pensionistas, pero aceleraría el proceso de ajuste y enviaría un mensaje muy claro a mercados y socios europeos sobre el compromiso de España con la contención de los desequilibrios en pensiones. "Cuanto más se retrase la aplicación de los dos componentes del factor de sostenibilidad mayor será el ajuste futuro".
3. Blindar o no a los actuales pensionistas. Los expertos lo consideran como una "escenario muy improbable" pero la aplicación del sistema de actualización anual de las pensiones que proponen podría derivar eventualmente en una reducción de las prestaciones que perciben los pensionistas.
Para sortear ese riesgo, que podría incluso tener implicaciones de inconstitucionalidad, los expertos invitan al Gobierno a establecer una suerte de 'cláusula suelo' sobre las prestaciones de los que ya están percibiendo una pensión en la actualidad para evitar que ésta pueda llegar a caer en un momento dado.
Con este sistema, en el peor de los casos la prestación quedaría congelada, pero nunca podría bajar. A cambio, se propone también un techo de revalorización de modo que también se topen las subidas cuando éstas sean por encima del IPC.
Los expertos llegan incluso a plantear que la aplicación del 'factor de sostenibilidad' se haga bajo parámetros diferentes para las personas que se jubilen en los próximos cinco años por "su limitada capacidad de reacción ante estos cambios".
4. Factura en la sombra sí o no. La cuarta decisión que deberá adoptar el Gobierno tras el debate en la Comisión del Pacto de Toledo será la aplicación o no de una suerte de factura en la sombra de la jubilación.
Los expertos proponen que, independientemente de cuándo se active a efectos prácticos, el factor de sostenibilidad entre en vigor a efectos informativos ya desde 2014.
¿El objetivo? Que todos los pensionistas puedan hacerse una idea del efecto del nuevo modelo sobre su pensión.
¿Qué permitiría esto? Por ejemplo, que el pensionista supiera que si un año el IPC ha subido el 2% y su prestación sólo lo ha hecho un 1% el motivo no es arbitrario o fruto de una decisión política, sino que subir su pensión un 2% comprometería el equilibrio del sistema.
De este modo, los ciudadanos dispondrían de información suficiente para tomar una posición. Como dice el Comité de Sabios, "la sociedad española puede reaccionar aceptando la subida del 1%....pero también exigiendo un aumento de los recursos que se destinan al sistema de pensiones".
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