Un grupo de jubiladas alemanas.
A la espera de la decisión que adopten el Parlamento y el Gobierno sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones planteado por el Comité de Expertos, echamos un vistazo a las soluciones que se han puesto en marcha en los países de nuestro entorno más inmediato:
- Francia. Nuestros vecinos del norte decidieron atajar las amenazas sobre la sostenibilidad de su sistema público de pensiones hace ya diez años, si bien su diseño no entró en vigor hasta 2009. El objetivo del modelo francés es garantizar que, por término medio, los años de trabajo supongan dos tercios de la suma entre los años de vida laboral y los años de pensión.
Bajo este parámetro, el modelo de sostenibilidad responde a las mejoras en la esperanza de vida con un incremento proporcional de los años necesarios para tener derecho a una pensión. Si en 2008 eran necesarios 40 años de trabajo para generar el derecho a pensión, Francia calcula que la generación nacida en 1960 (que empezará a jubilarse en torno a 2020-2025) deberá trabajar un año y medio más.
Sin embargo, este esquema apenas reducirá en un 40% las necesidades futuras que se calculan para el sistema de pensiones francés. Así que es posible que tengan que ir más allá en la reforma.
- Alemania. Los previsores alemanes entendieron allá por 2001 que era necesario establecer algún esquema que contuviera el coste creciente del sistema público de pensiones, aunque atendiendo a su carácter pragmático no lo vincularon a un referente tan etereo como la esperanza de vida, como los franceses, sino a algo mucho más tangible: la evolución de los salarios y del número de cotizantes.
Alemania se fijó un objetivo: que las cotizaciones sociales, principal fuente de ingresos del sistema y uno de los principales costes de las empresas, no pudiera superar el 20% hasta 2020 ni el 23% hasta 2030.
De este modo, el factor de sostenibilidad germano revisa anualmente la cuantía de las prestaciones de sus pensionistas de acuerdo con ese referente y el crecimiento de los salarios nominales de los trabajadores alemanes corregido con la relación entre cotizantes y pensionistas. El sistema afecta a todos los pensionistas, no sólo a la pensión inicial de los nuevos jubilados que acceden al sistema público, y habrá reducido un 11% la cuantía inicial de las prestaciones a la altura de 2030.
- Suecia. Fue uno de los primeros países de la UE en introducir un factor de sostenibilidad sobre su sistema público de pensiones. Fue en 1994. Optó por el sistema de cuentas nocionales, un esquema que suma todas las cotizaciones realizadas por un trabajador a lo largo de su vida laboral, les aplica un coeficiente multiplicador para compensar el encarecimiento de la vida y divide el resultado entre los años de esperanza de vida de los suecos tras la jubilación. La cantidad resultante arrojará la cuantía de la pensión a percibir.
Muchos países del Este como Polonia, Hungría, Letonia, Estonia y Eslovaquia también han optado por este esquema.
- Italia. Este año ha entrado en vigor el factor de sostenibilidad italiano, que se sitúa a medio camino entre el aplicado por Francia y el aplicado por Suecia. Por un lado, vincula la edad legal de jubilación a la esperanza de vida y, por otro, establece un coeficiente que modula la cuantía de la prestación en función de los años cotizados, de forma que sea tanto más baja cuando antes decida jubilarse el trabajador. Ambos factores serán revisados cada tres años.
- Portugal. El factor de sostenibilidad de nuestros vecinos portugueses es de los que actúa de una forma más directa en toda Europa. La cuantía de la pensión se determina en función de la diferencia entre los años de esperanza de vida a los 65 años que había en 2006 y los que habrá en el año de la jubilación efectiva. Es decir, en la medida en que la esperanza de vida aumente y la edad de jubilación no es eleve, la pensión se reducirá.
- Grecia. La reforma griega prevé la indexación de la edad de jubilación respecto a la esperanza de vida a partir del año 2021.
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