Rajoy reducirá sueldos y número de ediles, asesores y liberados

Es cuestión de días. Antes de que finalice el año, el Gobierno elevará su propuesta al principal partido de la oposición para la reforma de la administración local. El Ejecutivo anda con pies de plomo porque busca lo que ha denominado "un gran acuerdo nacional" para poner coto a los excesos cometidos durante años en el tercer sector del poder público. Pero no sólo trata de convencer al PSOE, sino que también negocia con sus propios cargos municipales, algunos de ellos muy descontentos.

Para tratar de cerrar los últimos flecos del documento y, no menos importante, evitar la rebelión de alcaldes del PP que ya ha retrasado la reforma, el presidente citó este martes en el palacio de la Moncloa al responsable de la FEMP y regidor de Santander, Iñigo de la Serna. Una cita que se celebra después de la reunión clave mantenida la semana pasada en Génova13, y en la que ya se avanzó la intención de eliminar "cientos" de mancomunidades. "Tenemos que negociarlo con el PSOE, pero estamos decididos a actuar", según fuentes de la dirección nacional.

Un ajuste que no se limitará a las mancomunidades -se salvan, en todo caso, las diputaciones-. Este mes de diciembre ya habrá "una propuesta concreta" con un tope para sueldos y número de ediles, asesores y liberados sindicales, avanzó María Dolores de Cospedal, muy implicada en los trabajos de reforma. En el caso de los concejales, también serán cientos los que perderán el puesto.

Según fuentes gubernamentales, los ayuntamientos -cuyas cuentas controla el Ejecutivo, gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria- están cumpliendo el objetivo de déficit, por lo que "no son el problema esencial". Sin embargo, lo que se busca con la reforma es evitar que "actúen sin tutela evitando los enormes abusos del pasado".

En paralelo, se sigue avanzando en el adelgazamiento de las comunidades autónomas. Soraya Sáenz de Santamaría, en compañía de Cristóbal Montoro, citaron en la sede del PP tanto a los consejeros de Presidencia de las regiones en las que gobiernan como a parte de la cúpula nacional. Quieren avanzar en la eliminación de las tan citadas duplicidades, pero que insisten son "el meollo de la cuestión". En la víspera, la secretaria general de los populares planteó la necesidad de "una racionalización de los servicios" y acabar "con los organismos paralelos".