Mariano Rajoy cruzó este viernes la última línea roja que él mismo se impuso, el último gran compromiso electoral que le quedaba por incumplir: las pensiones.
El Consejo de Ministros de este viernes decidió no pagar a los más de 8,1 millones pensionistas por la desviación de la inflación en 2012. Esto supone, en la práctica, una bajada de las pensiones. En enero las pensiones subieron un 1%. Pero, según la norma, había que esperar a noviembre para saber cuanto suben finalmente los precios y revisar la subida inicial. Este viernes se supo cuanto han subido los precios en noviembre, un 2,9%, según el INE. Esto suponía que el Gobierno debía pagar la diferencia. Y decidió no hacerlo. Traducción: los pensionistas pierden este año poder adquisitivo.
No obstante, el Ejecutivo no congeló las pensiones, como hizo Zapatero en 2011. En 2013 subirán un 1%, el mismo aumento que se adoptó para 2012, tal y como ya estaba previsto en los Presupuestos. Para aquellas prestaciones que no superen los 1.000 euros, que suponen el 70% del total o 6,6 millones de pensiones, el alza será del 2%.
En campaña electoral, Rajoy repitió hasta la saciedad que no tocaría las pensiones y así lo reiteró ya como presidente del Gobierno
En la legislatura pasada el PP, con el ahora presidente del Gobierno a la cabeza, hizo bandera de la crítica a la congelación de las pensiones decidida por José Luis Rodríguez Zapatero. En campaña electoral, Rajoy repitió hasta la saciedad que no tocaría las pensiones y así lo reiteró ya como presidente del Gobierno. Dio a entender siempre que se revalorizarían según el IPC y en ningún momento dejó entrever que tomaría la medida anunciada este viernes.
El Gobierno incluso lo negó cuando presentó los Presupuestos Generales del Estado para 2013 que están en trámite en el Parlamento y que no contemplan el gasto que hubiera supuesto la revalorización de las pensiones el próximo año. El Ejecutivo hizo que las cuentas pasaran los trámites de totalidad y de enmiendas en el Congreso sin aclarar qué haría con las pensiones. Ahora las cuentas están ya en el Senado con un contenido que ha quedado superado por los acontecimientos. Algo parecido a lo que ocurrió en abril cuando presentó el Presupuesto para 2012 y pocos días después aprobó el decreto con 10.000 millones de euros de recortes en educación y sanidad.
Precisamente han sido varias de las medidas de ajuste las que pusieron cuesta arriba la actualización. El aumento de impuestos, el copago sanitario y la subida de tasas universitarias han disparado la inflación. El IPC llegó al 3,5% en octubre. Y aunque este mes ha bajado al 2,9%, la compensación hubiera supuesto una paga media por pensión de unos 222 euros, y su incorporación a la base de cálculo de 2013 otros 214 más. Solo este año el gasto total para las arcas públicas hubiera ascendido a más de 2.200 millones (cantidad que incluye pensiones contributivas, no contributivas y a funcionarios jubilados). Mucho dinero (0,2% del PIB) para contener un déficit que tampoco este año se ajustará a lo previsto.Entre la negativa a tocar las pensiones y la decisión de este viernes, se han celebrado elecciones autonómicas en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña en las que el PP medía su desgaste por las anteriores medidas de recorte. Una vez superado el calendario electoral y libre el panorama de citas con las urnas hasta dentro de año y medio, salvo imprevistos, Rajoy anunció ayer que, finalmente, no habrá revalorización.
La medida la anunciaron la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con expresiones como “decisión difícil” y “medidas dolorosas” y argumentos como “no teníamos otra opción para cumplir con el déficit”.
Rajoy no comparecerá en el Congreso para explicar la medida que quiebra su principal compromiso en política social, adelantó Sáenz de Santamaría. Todos los demás partidos presentaron este mismo viernes la petición de comparecencia, pero, en principio, la mayoría absoluta del PP frenará la comparecencia como ya ha hecho en una veintena de ocasiones esta legislatura. Será la responsable de Empleo, que habló recientemente de “datos esperanzadores” sobre la crisis, la que acuda a la Comisión del Pacto de Toledo a explicar el cambio de posición. En la rueda de prensa, la vicepresidenta y la ministra de Empleo repitieron que no hay dinero para proceder a la revalorización. De hecho, el Gobierno aprobó este viernes un decreto para utilizar otros 3.500 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y pagar las pensiones hasta final de año.
El anuncio provocó la crítica de todos los partidos, salvo el PP. No en vano, en la comparecencia de Rajoy para dar cuenta de la última cumbre europea, único debate al que se ha prestado el presidente, casi todos los portavoces intentaron sin éxito arrancarle un compromiso o respuesta sobre sus planes respecto a las pensiones. No lo lograron.
Rajoy no comparecerá en el Congreso para explicar la medida que quiebra su principal compromiso en política social
El PSOE le giró este viernes al cobro la factura por las duras críticas de la pasada legislatura y el desgaste que sufrió Zapatero. Su secretario de Organización, Óscar López, habló de “mentira desenmascarada”. “La decisión retrata bien a un Gobierno de derechas”, aseguró. En esa línea, el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, señaló que la decisión del Gobierno muestra que es un Ejecutivo “mentiroso y que se ensaña con los más desfavorecidos”. El portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, argumentó que constituye un “engaño”. Y el portavoz de Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, lamentó que el Gobierno haya “jugado con los sentimientos y las necesidades” de los pensionistas tras haber declarado lo contrario.
También los sindicatos, que fueron informados de la decisión media hora antes de que se hiciera púlbica, se lanzaron a criticar al Gobierno. Para el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, es “una decisión profudamente injusta que ataca a un colectivo, que es el más vulnerable de la sociedad”. Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó que la medida “agrava aún más la situación de los pensionistas”, que ya están sosteniendo a muchas familias.
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