El Gobierno tendrá que aprobar hoy el decreto-ley de mínimos para frenar la ola de desahucios sin contar con el apoyo del PSOE. Después de más de cinco horas de reunión en el palacio de La Moncloa, no fue posible el pacto sobre las reformas legales que modificarán el sistema hipotecario, aspecto que quedó para la tramitación en el Congreso como proyecto de ley del decreto que aprobará el Ejecutivo y de la proposición de ley que presentaron los socialistas el 25 de octubre pasado.
«Estamos al borde», comentaban a primeras horas de la noche tanto desde el Ejecutivo como desde el PSOE. El Gobierno tenía la convicción de que los socialistas querían evitar el anuncio del acuerdo en una jornada de huelga general contra la política económica de Mariano Rajoy. En esos momentos, el entendimiento se limitaba a los aspectos del decreto-ley sobre las cuestiones más urgentes, no a las reformas de la ley hipotecaria o la concursal.
En las negociaciones del lunes y martes se produjeron avances para reafirmar la moratoria de los desahucios en los dos próximos años para las familias en condiciones más desfavorables; es decir, para los deudores de edad avanzada en situación económica precaria, discapacitados acogidos a la ley de dependencia y también para personas sin ingresos y con hijos a cargo.
Según avanzaba esta pasada madrugada, volvían a surgir avances que hacían entrever un acuerdo. Entre ellos figuraba que los expertos gubernamentales y socialistas alcanzaron un consenso sobre el umbral de renta para evitar los desahucios. Así, se ampliaría a las familias que no ganen más de tres veces el Indicador de Precios de Efectos Múltiple (Iprem). La propuesta inicial del Gobierno era que el núcleo familiar tuviera ingresos de hasta dos veces y media el Iprem, que está fijado en 532,5 euros al mes. De esta manera, el indicador con 12 pagas es de 6.390 euros al año, lo que multiplicado por tres, como recoge el acuerdo, da un umbral de 19.170 euros.
El PSOE había planteado que no fuese una cantidad fija y que se debía tomar en cuenta la situación de cada familia morosa, como los hijos a cargo o personas mayores dependientes. En función de estas circunstancias, los socialistas defendieron un umbral de renta más alto para acogerse a la moratoria. Algunas fuentes apuntaron que se podían alcanzar los 36.000 euros en los casos de familias numerosas. Portavoces de la dirección del partido opositor no confirmaron, sin embargo, este extremo. No obstante, el Gobierno apuntó que si la renta media de las familias españolas es de 22.800 euros es difícil aceptar que deudores con ingresos por encima de los 35.000 euros puedan beneficiarse del aplazamiento de los desalojos. Con ese criterio, apuntaron desde La Moncloa, serían miles los hipotecados que podrían acogerse a la prórroga.
Nuevo marco regulador
Este tira y afloja centró el último tramo de las negociaciones una vez que ambas partes acordaron dejar para el trámite parlamentario el grueso de la propuesta socialista, la reforma del sistema hipotecario, una modificación del marco regulador que implica introducir cambios en hasta cinco leyes.
Este apartado se abordará en la tramitación urgente del decreto del Consejo de Ministros como proyecto de ley, una medida que sirve para que el Congreso enmiende el texto del Gobierno. Si tampoco hay acuerdo en esta segunda oportunidad, habrá una tercera: el debate en la Cámara de la proposición de ley que presentó el PSOE el 25 de octubre pasado y que será tomada en consideración por el Congreso.
Mariano Rajoy mostró en una entrevista publicada ayer en cinco diarios latinoamericanos su disposición a abordar la reforma de la ley hipotecaria, un terreno que despierta muchas suspicacias en el Banco Central Europeo por el riesgo de depreciación de las cédulas hipotecarias de la banca española en el mercado financiero internacional, y que también inquieta a la Comisión Europea porque supone un cambio de las reglas del juego que han existido en el mercado hipotecario en las últimas décadas.
Adelanto en el Senado
Pero pese a esta voluntad del presidente del Gobierno, el acuerdo en los temas de fondo no va a ser fácil. Un aperitivo del previsible enfrentamiento se vivió ayer en el Senado durante el debate de una moción socialista que incluía varias medidas, entre ellas reformas legales, para frenar los desahucios.
El PP se opuso y propuso una enmienda en línea de lo que defiende el Gobierno sobre la moratoria de dos años y el colectivo al que debe afectar esta prórroga. Argumentó además que están en marcha conversaciones entre delegaciones de las dos partes para sellar un acuerdo en este terreno. Los socialistas rechazaron las razones populares y el PP votó en contra de la moción del PSOE, que salió derrotada por amplio margen merced a la mayoría absoluta de los populares en la Cámara. Mientras tanto, el grupo de personas acampadas ante la sede de Bankia en Madrid desde hace 22 días ha reunido ya 650.000 firmas a favor de la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda contraída con la entidad financiera.
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