Los pensionistas españoles podrían llegar a perder hasta 250 euros el próximo año si el Gobierno decide finalmente modificar el mecanismo según el cual se calcula la revalorización de sus prestaciones para evitar que pierdan poder adquisitivo.
La revalorización es una obligación legal prevista en la Ley de Seguridad Social desde 1996, cuando el Pacto de Toledo reconoció el derecho de los pensionistas a no ver deteriorado su poder de compra cuando la inflación desbordara la subida de prestaciones prevista en los Presupuestos del Estado.
Entonces se consolidó un mecanismo según el cual correspondeactualizar las pensiones siempre que el dato del IPC del mes de noviembre supere la subida experimentada por las pensiones en ese ejercicio.
El mecanismo se ha revelado extraordinariamente costoso para las arcas públicas. La Seguridad Social calculó que entre 1997 y 2007 el coste de esta disposición para las arcas públicas había sido de 13.500 millones. Cinco años después la factura de la revalorización de las pensiones ya ha superado los 20.000 millones.
La certeza de que se trata de un sistema muy gravoso, unido a la necesidad de cuadrar las cuentas este año tras el fiasco del pasado y a la aceleración del Índice de Precios, que cerró el mes de septiembre en el 3,4%, han empujado al Gobierno a plantearse desvincular la actualización de las pensiones de la inflación.
Dos opciones de reforma
La pregunta es: ¿cómo hacerlo? El Gobierno ha avanzado que respetará escrupulosamente lo que la Ley de Seguridad Social dice al respecto.
Y lo que dice ésta es que, cuando corresponda, la actualización se hará "de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado" y que se calculará según el índice de precios al consumo acumulado entre noviembre del ejercicio anterior y el mismo mes del ejercicio en curso.
Caben, por tanto, dos vías de reforma. La más probable y la que les costaría esos 250 euros anuales a los pensionistas pasaría por el cálculo de la revalorización de las pensiones en función de un Índice de Precios alternativo.
Desde el año 2009 el Instituto Nacional de Estadística publica dentro del informe mensual del IPC un indicador alternativo de precios denominado Indice de Precios de Consumo a Impuestos Constantes, que detrae de la evolución de los precios el impacto de las medidas de política tributaria adoptadas por las Administraciones Públicas.
El índice habría pasado desapercibido si no fuera porque el ministro de Economía, Luis de Guindos, recordó hace unos días la existencia de este índice...tras una pregunta sobre la revalorización de las pensiones.
Tomando como referencia el IPC de septiembre y la estimación de la Seguridad Social de que cada punto que se desvía el índice de la subida prevista de las pensiones supone un coste extra de 200 millones de euros para el sistema, aplicar el mecanismo actual vinculado al IPC General (3,4%) elevaría la factura de la revalorización de las pensiones a 4.800 millones de euros.
Si, por el contrario, se vinculara a este índice alternativo, que cerró septiembre en el 1,4%, esa factura descendería hasta los 800 millones, seis veces menos.
Ajustado a la nómina mensual media de un pensionista español, que en septiembre fue de 832 euros, la aplicación de uno u otro sistema de revalorización marcaría la diferencia entre percibir una prima adicional de 21 euros mensuales o de sólo tres.
En términos anuales, la pérdida media para los casi nueve millones de perceptores de prestaciones contributivas que hay en España sería de 250 euros. La diferencia entre percibir una compensación anual de 294 euros u otra de apenas 42. Esto supondría para los pensionistas españolas el cambio de metodología.
Pero al Gobierno le cabe aún otra otra alternativa, la presupuestaria. Dado que la ley vincula la revalorización a lo que establezca la Ley de Presupuestos cualquier disposición en esta ley podría modificar el sistema actual.
Esta cláusula fue a la que se acogió el Ejecutivo de Zapatero para justificar la legalidad de la suspensión de la revalorización de pensiones para 2011, una congelación que nunca se llegó a aplicar porque el Gobierno de Mariano Rajoy la desactivó nada más llegar al poder.
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