Las investigaciones sin control judicial sobre supuestas corruptelas que afectan a políticos han convertido en un polvorín la cúpula de la policía. En los apenas ocho meses que el popular Ignacio Cosidó lleva al frente de la Dirección General de la Policía, el cuerpo ha estallado en una reyerta interna que ha llegado a las puertas del despacho de Cosidó y ha desangrado la Comisaría General de Policía Judicial —un área clave en la lucha contra la corrupción—. El estallido ha sido provocado por dos investigaciones casi clandestinas. Una, la del ático marbellí del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, muy poco afín a la dirección nacional del PP. La otra, por los informes con datos “sin corroborar ni confirmar” sobre una supuesta trama de corrupción y espionaje al PP que habría montado desde el Ministerio del InteriorAlfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE y habitual adversario de Cosidó en el Congreso por el caso Faisán. Las cabezas de quienes hicieron ambas pesquisas ya han rodado por los suelos. Y el hacha sigue levantada. La lucha de policías contra policías ha llegado a los juzgados.
Cosidó llegó a la policía e hizo tabla rasa: apenas 10 días después de tomar posesión, el 11 de enero destituyó a todos los comisarios generales. También echó al director adjunto operativo, Miguel Ángel Fernández Chico, gravemente enfermo, que falleció días después entre críticas por las formas de ese cese. Este tipo de relevos es habitual con los cambios de Gobierno, pero Cosidó lo hizo en un solo día. El cuerpo interpretó el relevo en masa como una limpieza de lo que el PP llamaba la policía de Rubalcaba desde el 11-M y el caso Gürtel.
Uno de los destituidos fue Juan Antonio González, el comisario general de Policía Judicial convertido en anatema para el PP por ser el jefe de las unidades que han investigado los casos Gürtel o Palma Arena. En su lugar puso al comisario Enrique Rodríguez Ulla, lo que también sorprendió al cuerpo por no tener la categoría de comisario principal. Poco después, Cosidó trasladó al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) a José Luis Olivera, responsable directo de las pesquisas del caso Gürtel como de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
La investigación casi clandestina del ático de Ignacio González, sin embargo, convirtió a Rodríguez Ulla en el comisario general más efímero de la historia. Este policía, que había tomado posesión el 13 de enero, fue decapitado en julio por ordenar una investigación secreta y oficial sobre el ático de lujo del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP-Madrid. Ni Cosidó ni el comisario Eugenio Pino, director adjunto Operativo, tenían ni idea de la pesquisa.
No era la primera cabeza que rodaba por el caso del Ático. En abril era relevado Agapito Hermes de Dios, comisario jefe de Marbella. El fallecido Fernández Chico le había encargado en julio de 2011 una comprobación informal sobre el ático que supuestamente alquila González. Esas gestiones se cerraron a primeros de 2012 “al no encontrar indicios de delito alguno”, según declaró Cosidó el 18 de julio en la Comisión de Interior del Senado. El director general se vio obligado a comparecer por el enredo policial y político montado.
Cosidó manifestó en el Senado que se había enterado de la existencia de la investigación sobre Ignacio González por una información publicada por El Mundo el 23 de marzo. Y aseguró que se trataba de una “investigación irregular”, de la que no se enteró la cadena de mando actual, lo que da idea del desbarajuste que había entonces en la Policía Judicial. Los investigadores llegaron a elaborar informes cargados de elucubraciones. En ellos mezclaban la sospecha sobre la compra del ático con una operación de recalificación de terrenos del Atlético de Madrid y con la operación inmobiliaria de Arganda del Rey que enriqueció al promotor Antonio Martín y al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.
Rodríguez Ulla tuvo la osadía de recuperar la investigación sobre el controvertido ático de la urbanización Alhambra del Golf. Lo hizo tras recibir una carta del Sindicado Unificado de Policía (SUP). Ulla encargó la reapertura a un subordinado quien, a sabiendas de que el asunto le había costado el cargo a Hermes de Dios (ahora en una comisaría de distrito de Madrid), le pidió que le pusiera la orden por escrito. El asunto se dio policialmente por cerrado el 9 de julio y, al día siguiente, la Fiscalía Anticorrupción le dio carpetazo, aunque dejaba la puerta abierta a una futura investigación policial que aquilatara las sospechas. Rodríguez Ulla, a quien también se le reprochó que no frenara la sangría de informaciones sobre el caso Gürtel, ya era historia en la Policía Judicial.
El SUP acusó al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y a Cosidó, de ser “sospechosos por omisión de no querer esclarecer el asunto” y aseguró que el cierre del caso del ático apuntaba a que España es un país “donde la corrupción puede campar a sus anchas”. El líder del citado sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, tiene el ático entre ceja y ceja.
Mientras esto ocurría, Cosidó ya sabía de la existencia de otro caso con una forzada derivada política que era una bomba de relojería. Desde el 9 de enero, casi a la vez que se sentaba en su despacho del palacete de la calle de Miguel Ángel (sede de la Dirección General de la Policía) tuvo sobre la mesa un informe que apuntaba a la existencia de una supuesta trama de corrupción montada en Interior cuando Rubalcaba era su titular y que tenía su base en la empresa Interligare. El informe, más bien una nota interna confeccionada especialmente para Cosidó —quien, aún como diputado había preguntado a Interior por la firma Interligare—, añadía la siguiente coletilla:
“Se participa que por informaciones recibidas y no confirmadas ni corroboradas, una de las sedes de la empresa Interligare estaba ubicada en la calle Génova 15 frente a la sede de un partido político, pudiendo ser utilizada como base para posibles interceptaciones telefónicas”. El Mundo dio la noticia, ya transformada en una red que dirigía Rubalcaba con exmandos policiales afines integrados en Interligare para espiar el PP y lograr contratos irregulares.
¿Espionaje al PP, corrupción y Rubalcaba de por medio? El PP se lanzó en tromba contra el líder del PSOE, pese a que ningún juzgado ha hecho diligencia alguna por corrupción, pese a que que Cosidó no ha instado investigación por espionaje alguna (y sabe de ello desde hace meses) y, sobre todo, pese a que la propia policía ya investigaba a quien había dirigido esos informes: el comisario Jaime Barrado, entonces jefe de la brigada de Delincuencia Económica y Fiscal. Este también había tenido que ver con las pesquisas sobre Ignacio González. Porque Barrado ya es también historia en la Policía Judicial.
El cesado Rodríguez Ulla fue sustituido al frente de la Comisaría General de Policía Judicial por un veterano del cuerpo, José García Losada, quien goza de un prestigio mucho mayor que el de Rodríguez Ulla. Y al poco de llegar ya había decapitado a Barrado, quien tampoco había informado a sus jefes naturales de las pesquisas de Interligare.
La investigación había abierto una guerra intestina en el cuerpo, una lucha de poder entre familias policiales. La bronca se debía a que los informes dirigidos por Barrado señalaban a los comisarios ahora fuera del cuerpo Miguel Ángel Fernández Rancaño y Gabriel Fuentes, quienes mantienen excelentes relaciones con altos cargos policiales en activo y en puestos clave. Ambos habían integrado el consejo de administración de Interligare durante el año 2009
Rancaño era el jefe superior de Policía de Madrid cuando los atentados del 11-M (y por ello era una de las dianas preferidas de las teorías de la conspiración sobre el mayor atentado de España) y hoy es jefe de Seguridad de Caixabank. Fuentes fue el responsable antiterrorista durante el mandato en Interior de Juan Alberto Belloch, subdirector del ministerio con Ángel Acebes. Ahora, su nombramiento como asesor del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, era inminente pero se ha frustrado.
Ni Rancaño ni Fuentes han trabajado jamás para Rubalcaba. Pero Barrado sugería en sus informes que, gracias a su presencia en Interligare, esta empresa había recibido jugosos contratos de Interior mientras Rubalcaba era ministro con la mediación de Luis Luengo. Este fue responsable de Infraestructuras del ministerio desde 2007 y hasta marzo de 2011 y, a su vez, sus dos hijos trabajaban en la firma de tecnología para la inteligencia, ahora insolvente. Pero Interligare ya contrababa con Interior desde 2005. Además, resultaba cuando menos extraño que se espiara al PP desde una empresa que tenía entre sus accionistas a Jacqueline Tibisay Moro Albacete, quien había sido candidata a las elecciones municipales de 2007 por el PP.
Mientras los populares insistían con informaciones sin confirmar ni corroborar en que Interligare era “un nido de espías”, los sabuesos de la Unidad de Asuntos Internos sometían a investigación al destituido Jaime Barrado. Este comisario, al comprobar que la supuesta trama de corrupción y espionaje no recibía el impulso que él consideraba, ni se le reconocía con una medalla roja (pensionada) un trabajo que el PP había convertido en arma política contra Rubalcaba, se reunió supuestamente con Pedro Agudo, el jefe de gabinete del director general. En su despacho supuestamente le advirtió de que tiraría de la manta del asunto Interligare si no era restituido en su puesto.
Agudo, un hombre de la máxima confianza de Ignacio Cosidó, informó del incidente a Eugenio Pino, quien no se lo pensó: “Pedro, o llevas eso a Asuntos Internos o lo hago yo”, le vino a decir a Agudo. Este denunció el caso a dicha unidad, aunque intentó rebajar el tono de las amenazas. Asuntos Internos abrió expediente a Barrado por coacciones y amenazas y lo citó a declarar. Barrado vino a decir que la cúpula policial le había dejado tirado policial y políticamente. Asuntos Internos también escudriñó la actuación de Rancaño y Fuentes para concluir que no había delito en su actuación en Interligare. Ambos esperan para llevar el caso a los juzgados por las amenazas vertidas contra ellos, mientras quela pesquisa de Asuntos Internos por coacciones, amenazas y revelación de secreto esperan destino en el juzgado de instrucción número 25 de Madrid. Policías contra policías y todos en los juzgados. Insólito.
Las fuentes aseguran que los pasos de Pino en este asunto no han sido del agrado de Ignacio Cosidó, quien se ha visto obligado a sofocar unos incendios que han disgustado al ministro del Interior. Muchas de las fuentes policiales y sindicales consultadas aseguran que el director general ha intentado controlar la Policía Judicial, donde aún persiste la investigación de Gürtel, un caso que llega al corazón del PP.
Además, las purgas de policías aireadas a los cuatro vientos han abierto un clima de abierta desconfianza en el cuerpo y, sobre todo, en la Comisaría General de Policía Judicial, la encargada de investigar los escándalos que afectan a políticos en toda España.
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