MADRID (Reuters) - El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso el sábado subir un 10% los impuestos al alcohol y el tabaco para financiar al endeudado sistema sanitario español, así como reformar la ley electoral para poder presentar listas desbloqueadas al Congreso de los Diputados.
Rubalcaba esbozó estas propuestas durante la Conferencia Política del partido en Madrid, donde se sentarán las bases del programa electoral que el partido en el gobierno presentará a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre.
El PSOE, cuya imagen está desgastada por la gestión gubernamental de los tres años de profunda crisis económica que ha dejado a uno de cada cinco trabajadores activos en paro y le ha obligado a acometer impopulares medidas de austeridad, afronta el duro reto de dar la vuelta a unas encuestas muy desfavorables, que auguran una amplia victoria al Partido Popular de Mariano Rajoy, y en algunos casos incluso mayoría absoluta.
Rubalcaba propuso el sábado subir un 10% los impuestos al alcohol y el tabaco, eliminar las desgravaciones a la sanidad privada y cobrar a las aseguradoras partidas que ahora deja de recibir la sanidad pública.
Con todo ello, los socialistas pretenden recaudar 2.000 millones de euros, que según sus proyecciones será el desequilibrio presupuestario en sanidad en 2012 de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en el sector.
"Vamos a subir el precio del alcohol y del tabaco porque cuestan mucho a la sanidad pública, vamos a dejar de desgravar la sanidad privada y vamos a decirles a las aseguradoras que si aseguran tienen que pagar a la sanidad pública. Estas son las tres medidas (que propone el PSOE). Con esto tendríamos resuelto el problema de los 2.000 millones y la sanidad no tendría déficit", aseguró el candidato socialista durante una conferencia de su partido.
Las protestas por los recortes en sanidad y educación que se están llevando a cabo en algunas comunidades autónomas para reducir una abultada deuda de las regiones que está estimada en 12.000 millones de euros están centrando parte del debate político reciente, en un momento en que toda Europa está apretándose el cinturón para devolver el déficit presupuestario al límite del 3 por ciento que exigen las normas de la UE.
Rubalcaba propuso un acuerdo político para que las comunidades destinaran 3.000 millones de euros de los 8.000 millones que recibirán del nuevo sistema de financiación a pagar a proveedores, sobre todo de productos sanitarios y medicamentos, con lo que "en cuatro años podríamos acabar con la deuda acumulada".
También dijo que para las regiones que quisieran ir más deprisa en el pago de la deuda, el Instituto de Crédito Oficial facilitaría líneas en condiciones favorables para facilitar la amortización por las comunidades de esta deuda.
Rubalcaba indicó que subiendo el impuesto al tabaco y al alcohol - excluyendo el vino y la cerveza - podrían ingresarse 1.000 millones de euros, que sumados a los 300 millones que se podrían ahorrar al eliminar los beneficios fiscales que tienen las empresas que tienen contratados seguros privados para sus empleados, y los 700 millones en ingresos que se podrían recibir al mejorar la gestión de cobros por parte de la sanidad pública, llevarían a cubrir la cifra de 2.000 millones de euros de déficit previsto para el año que viene.
El candidato socialista dijo que había muchas partidas como accidentes laborales o deportivos que no se cobraban a las aseguradoras o mutuas pese a ser prestaciones por las que pagaban los asegurados, y también señaló que los sistemas sanitarios de otros países europeos deberían pagar por las prestaciones que reciben en España sus nacionales.
"Si gobernamos aquí no habrá ni recortes en derechos ni copago ni privatización encubiertas, no las va a haber", dijo, desgranando las propuestas de financiación de la sanidad de su partido.
Rubalcaba dijo que era imprescindible modificar la financiación de lo que calificó "la joya de la corona del estado del bienestar español" para asegurarse de que la sanidad presupuestara lo que gasta, y se ponían fin a prácticas que habían ido acumulando deuda en las comunidades autónomas desde que en 2002 se modificó el sistema de financiación.
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