Posiblemente sea el mejor y más completo
acueducto que nos queda de todos los que se
construyeron en el Imperio Romano, no solo por su excelente conservación, sino también por su concepto, tamaño y diseño.
Ha sufrido algunas destrucciones parciales,
remodelaciones e incluso las desaparición parcial de
sillares, en concreto de cornisas.
La grandiosidad, armonía e integración que la
obra aporta al paisaje de la ciudad han sido motivo fundamental para que en las acciones de
restauración se mantuviese el diseño original, siendo la más importante la acometida por los Reyes
Católicos. Es, sin duda, la obra de ingeniería más
artística y monumental de la historia romana.
Su datación es complicada, ya que no nos
quedan inscripciones claras o documentación
suficiente para certificar el origen de su construcción. Se le ha atribuido a Trajano, a Claudio, a Nerva o a Domiciano. Pero lo que es seguro es que debió ser a finales del S.I o primeros del S.II..
El acueducto toma el agua del río Frío (también
llamado Acebeda) , en la sierra de Guadarrama, en el puerto de Fuenfría cerca de Valsaín, situado a 18 km. de la ciudad, la Secovia romana.
Se conduce mediante un canal de 0,30 m. de
ancho y 0,30 m. profundo. Discurre a cielo abierto hasta el pinar de Valsaín, donde se entierra hasta llegar a un primer filtro de arena -turris aquae-
Casa de piedra
Desde ese punto el cauce se eleva sobre un muro -
parte de la conducción esta hoy perdida- que desemboca en un segundo deposito de decantación. Este está protegido por una caseta rectangular de
7,70 m. por 4,80 m. de planta con una bóveda de cañón ligeramente apuntado. El estanque interior mide 4,30 m. por 2,20 m. de planta y 2,60 de profundidad. Su fábrica esta compuesta por seis hileras de sillares.
De este segundo depósito sale la conducción
elevada que es conocida en todo el mundo. Está compuesta de 166 arcos de medio punto -68 sencillos y 44 dobles superpuestos-, y su longitud total es de
638 m.
El trazado de esta sección elevada no es recto,
tiene varias partes que varían su dirección:
Maqueta del recorrido del acueducto
La primera es de 65 m. y consta de 6 arcos de hasta 7 m. de altura.
La segunda mide 159 m. con 25 arcos de hasta 8m.
La tercera es de 281 m. con 44 arcos y de 12 m. de altura.
Por último, la parte más conocida, está compuesta
por 43 arcos dobles -86- y dos sencillos, el primero y la último. Las luces de los superiores son ligeramente más amplias, de unos 5,1 m.
Esta arquería termina en la muralla. Desde allí hasta
el deposito general -castellum aquae- existían 9 arcos sencillos, de los cuales solo nos quedan cuatro.
Llega a medir 28 m. de altura en su zona más
elevada. Precisamente en este punto es donde se
encuentra el espacio destinado a la inscripción (con letras de bronce), que mide 16 m. de largo por 2 de alto. En su lado occidental se ha transcrito:
IMP NERVAE TRAIANVS CAES AVG GERM P M TR P II CO S II PATRIS PATRIAE IVSSV P. MVMMIVS MVMMIANVS ET P. FABIVS TAVRVS IIVIRI MVNIC FL SEGOVIESIVM AQVAM RESTITVERVNT
También en lo alto pueden verse dos nichos, uno por
cada lado del acueducto. Se sabe que en uno de ellos
estuvo la imagen de Hércules Egipcio, que según la leyenda, fue el fundador de la ciudad. Ahora pueden verse en uno de esos dos nichos la imagen de la Virgen de la Fuencisla (patrona de la ciudad).
La fábrica es de sillares de granito -piedra berroqueña-
labrados toscamente y colocados en seco, sin mortero ni argamasa, piedra sobre piedra, sujetándose una encima de la otra y encajando perfectamente.
El ático es de
mampostería -opus
incertum-, y en su interior se encuentra el canal, rodeado de hormigón romano e impermeabilizado con opus signinum.
El Acueducto de Segovia está catalogado Bien
de Interés Cultural en su categoría de
Monumento, desde la temprana fecha de 1884.
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1985.
lunes, 21 de octubre de 2013
Doctrina Parot: Inés del Río, la sanguinaria etarra del 'comando Madrid' condenada por 24 asesinatos
Inés del Río Prada es una sanguinaria etarra del 'comando Madrid' que fue condenada en España a 3.828 años de prisión por un total de 24 asesinatos cometidos durante su participación en atentados tan cruentos como el de la plaza de República Dominicana de Madrid en el que fallecieron 12 guardias civiles.
Nacida en Tafalla (Navarra) en 1958, Inés del Río fue una de las integrantes del histórico 'comando Madrid' a mediados de los años 80 junto a etarras como Iñaki de Juana Chaos, Antonio Troitiño, Soares Gamboa o Belén González. Su recurso es el que obligará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a pronunciarse sobre el futuro de la 'doctrina Parot'.
Conocida con los alias de 'Nieves' o 'Pequeña', fue detenida en julio de 1987 en Zaragoza tras haber logrado huir seis meses antes de una operación en la que los GEOS asaltaron el piso de Madrid en el que se escondían los etarras y donde fueron detenidos seis terroristas: Cristina Arrizabalaga, María Teresa Rojo Paniego, Troitiño, Esteban Esteban Nieto, Inmaculada Noble Goicoechea y De Juana Chaos.
El primer atentado por el que Inés del Río fue condenada es el del coronel del cuerpo jurídico militar del Ejército de Tierra Vicente Romero y su chófer, Juan García Jiménez, abatidos a tiros en junio de 1985. Ese mismo día, falleció el miembro del Tedax Esteban del Amo García como consecuencia de una bomba trampa colocada por los terroristas en el coche con el que huyeron del primer atentado.La terrorista fue condenada a 58 años de prisión por estos hechos.
Sólo un mes después, Del Río participó en el atentado del vicealmirante de la Armada y director general de Política de Defensa Fausto Escrigas, por el que fue condenada a otros 48 años de cárcel por la Audiencia Nacional.
ATENTADOS DE LA CALLE JUAN BRAVO O SÁENZ DE YNESTRILLAS
En septiembre de ese mismo año, el 'comando Madrid' hizo estallar un coche bomba en la plaza de República Argentina de Madrid al paso de un autobús ocupado por guardias civiles. Sin embargo, el único fallecido como consecuencia de la explosión fue el estadounidense Eugene Kenneth Brown, que practicaba deporte en las inmediaciones.
Otro de los atentados más sanguinarios en los que participó Inés del Río es el de la calle Juan Bravo de Madrid, en el que fallecieron cinco guardias civiles encargados de la vigilancia de las embajadas de Estados Unidos e Italia.
Ya en junio de 1986, el coche en el que viajaba el comandante del Ejército de Tierra Ricardo Sáenz de Ynestrillas junto al teniente coronel Carlos Vesteiro y el soldado conductor Francisco Casillas fue ametrallado por dos miembros de ETA, un atentado por el que Del Río fue condenada a 87 años de prisión.
DOCE MUERTOS Y CASI 80 HERIDOS
El último de los atentados en los que se le relaciona es el de la plaza de República Dominicana, cometido un año antes de su detención. El 14 de julio de 1986, el 'comando Madrid' estacionó una furgoneta bomba que hicieron estallar al paso de un convoy de vehículos de la Guardia Civil compuesto por un autobús, un minibús y un todoterreno.
Como consecuencia de la explosión, fallecieron doce agentes de la Benemérita y otras setenta y ocho personas -entre transeúntes y guardias civiles- sufrieron heridas de diversa consideración. En este atentado, Inés del Río participó en las labores de vigilancia y preparación del explosivo y fue condenada a más de 2.200 años de prisión.
REDENCIÓN DE PENAS
En concreto, el Tribunal de Estrasburgo examinará si la aplicación de la 'doctrina Parot' a Inés del Río se ajusta al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es vinculante para los 47 estados miembros del Consejo de Europa.
A partir de la 'doctrina Parot', las redenciones de pena se pasaron a aplicar sobre el total de las condenas impuestas y no sobre el tiempo máximo de cumplimiento en prisión por lo que los etarras han visto alargadas sus estancias en prisión.
QUE SE SEPA QUIEN ES MARIANO RAJOY Y A QUE SE DEDICA. ¡¡ÉSTO TENEMOS QUE SABERLO TODOS, MAXIMA DIFUSION!!
El abogado José Luis Mazón, en representación del partido Soberanía de la Democracia (Soberanid), ha denunciado ante la Oficina de Conflicto de Intereses al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por mantener su plaza como titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola, en la provincia de Alicante, tal y como había informado Atlántica XXII en su número 17 , el pasado mes de noviembre.
El presidente del Gobierno capitanea el mayor grupo de presión de los registradores de la propiedad, que ha conseguido mantener privilegios de la época franquista, únicos en Europa.
Desde 1981, Rajoy mantiene la plaza como registrador en Santa Pola, que le ha procurado unos 20 millones de euros (3.327.720.000 pts.), según denuncia la Asociación de Usuarios de Registros.
Rajoy y el lobby de los registradores (I): El multimillonario que quiere ser presidente
Publicado por ATLÁNTICA XII en su número 17 (noviembre 2011)
Publicado por ATLÁNTICA XII en su número 17 (noviembre 2011)
Por Fernando Romero, periodista
¿Recuerdan cuando en el programa de TVE Tengo una pregunta para usted en marzo de 2009 María Violeta Aranguren, de cincuenta y tres años y vecina de Ansoáin (Navarra), visiblemente nerviosa le preguntaba a Mariano Rajoy un poco cortada:
“¿No será mucha molestia que me diga cuánto gana usted?”.
El líder del PP quedó traspuesto y, para ganar tiempo y pensar la respuesta, haciendo gala de sus tablas como hombre público, le contestó que no le había oído y que le volviera a preguntar.
Una vez recuperada la compostura tras la “insolente” pregunta, Rajoy no le dijo lo que ganaba. Tan solo un escueto “bastante más que usted” e irse, seguidamente, por peteneras. Un millón de euros al año.
Un millón de euros al año ( 166.386.000 Pts.) es la estimación (a la baja) de sus ingresos por su actividad política y por su plaza de registrador en Santa Pola (Alicante) de la que, según la Asociación de Usuarios de Registros, ha percibido desde 1981 unos 20 millones de euros
(3.327.720.000 pts.) y a la que nunca ha renunciado.
El registro de Santa Pola le reporta entre 800.000 y un millón de euros al año.
A ello hay que añadir los cerca de 100.000 euros que recibe del PP en concepto de dietas y gastos más los 72.000 euros que cobra por su trabajo como diputado en el Congreso. ATLÁNTICA XXII trató de ponerse en contacto por escrito con Rajoy para recabar su opinión al respecto, aunque sin éxito.
El multimillonario Rajoy es uno de los principales cabecillas del lobby de los registradores de la propiedad de España, una minoría (un millar de personas), una casta poderosa que vive aún de los privilegios feudales en los que el Derecho no ha podido penetrar. Son los registradores, que ganan siempre en cualquier coyuntura económica por la sencilla razón de que todo pasa obligatoriamente por el Registro. Ningún negocio del mundo tiene asegurada una clientela como la de este gremio que en tiempos de crisis gana aún más (las ganancias medias netas de los registradores se estiman en un millón de euros anuales).
En los Registros de la Propiedad sus titulares se forran con la expedición masiva de certificaciones y notas para los acreedores que desean informarse de los bienes de los deudores; se forran con las ejecuciones de hipotecas por impago de bancos; se forran por novaciones de préstamos; se forran por embargos de todo tipo: judiciales de particulares o de la agencia tributaria. La crisis no ha hecho más que engrosar sus cuentas corrientes y todo ello gracias a Rajoy y a su lobby, que impidió durante el Gobierno de José María Aznar que se modificara una situación preconstitucional que permitía a unos funcionarios públicos percibir, por la prestación de un servicio público en régimen de monopolio, sus retribuciones directamente de los usuarios privados o públicos. ¿Alguien conoce algún funcionario que expida una factura con su IVA al usuario por un servicio público? Pues los registradores sí.
Esta y otras denuncias han sido realizadas públicamente (aunque con escasa repercusión mediática) por la Asociación de Usuarios de Registros, que dirige el notario Javier Martínez del Moral, para quien Mariano Rajoy ha querido hacer política sin renunciar a percibir el beneficio económico de un Registro de la Propiedad: “La utilización de este artículo por el señor Rajoy, caso de comprobarse, constituiría ya de por sí causa de inhabilitación del mismo para la cosa pública, pues habría ocultado sus enormes ingresos incompatibles, de forma constante y contumaz, durante veinte años”.
El multimillonario Rajoy es uno de los principales cabecillas del lobby de los registradores de la propiedad de España, una minoría (un millar de personas), una casta poderosa que vive aún de los privilegios feudales en los que el Derecho no ha podido penetrar. Son los registradores, que ganan siempre en cualquier coyuntura económica por la sencilla razón de que todo pasa obligatoriamente por el Registro. Ningún negocio del mundo tiene asegurada una clientela como la de este gremio que en tiempos de crisis gana aún más (las ganancias medias netas de los registradores se estiman en un millón de euros anuales).
En los Registros de la Propiedad sus titulares se forran con la expedición masiva de certificaciones y notas para los acreedores que desean informarse de los bienes de los deudores; se forran con las ejecuciones de hipotecas por impago de bancos; se forran por novaciones de préstamos; se forran por embargos de todo tipo: judiciales de particulares o de la agencia tributaria. La crisis no ha hecho más que engrosar sus cuentas corrientes y todo ello gracias a Rajoy y a su lobby, que impidió durante el Gobierno de José María Aznar que se modificara una situación preconstitucional que permitía a unos funcionarios públicos percibir, por la prestación de un servicio público en régimen de monopolio, sus retribuciones directamente de los usuarios privados o públicos. ¿Alguien conoce algún funcionario que expida una factura con su IVA al usuario por un servicio público? Pues los registradores sí.
Esta y otras denuncias han sido realizadas públicamente (aunque con escasa repercusión mediática) por la Asociación de Usuarios de Registros, que dirige el notario Javier Martínez del Moral, para quien Mariano Rajoy ha querido hacer política sin renunciar a percibir el beneficio económico de un Registro de la Propiedad: “La utilización de este artículo por el señor Rajoy, caso de comprobarse, constituiría ya de por sí causa de inhabilitación del mismo para la cosa pública, pues habría ocultado sus enormes ingresos incompatibles, de forma constante y contumaz, durante veinte años”.
Mariano Rajoy lleva veinte años en excedencia y tiene la reserva de plaza del Registro de la Propiedad de Santa Pola, plaza que está en régimen de interinidad permanente.
Según la Asociación de Usuarios de Registros, Rajoy nombró registrador permanente accidental de Santa Pola a Francisco Riquelme, su amigo y compañero de promoción desde 1977, denunciado por diversas irregularidades en fincas de su propiedad.
La operación es posible por una norma del Colegio de Registradores, a la que se acogió el político gallego, que permite designar como interino a un compañero y repartirse con él al 50% las ganancias sin que la plaza salga a concurso.
La Asociación considera que esta peculiar opción constituye “un privilegio inaudito y único en el mundo” y fue un logro de Rajoy en su época de ministro. El 50% de las ganancias que se lleva Rajoy se justifica como cuota colegial, aunque para esta Asociación es una falsa cuota “que compone un inevitable rosario de fraudes fiscales”.
Este señor es el que se supone que nos va a poner a todos a “hacer los deberes”.
La inmensa mayoría de españoles (clase media y baja) está siendo brutalmente castigada por organizaciones endogámicas (partidos políticos, jueces elegidos por éstos, sindicatos, mundo financiero, etc…) que dirigen lo que queda de este país. La gente empieza a cansarse de que los vapuleen y se rian en su cara. Cuando se cachondean de tí con todo el morro, hasta el más ovino se rebela. Los españoles solemos ser gente pacífica y hay que reconocer que aguantamos carros y carretas pero la historia demuestra que cuando se le tira demasiado del bocado, el español explota y lo hace violentamente. Mejor no ponerse por medio porque el asunto acaba mal y es difícil de parar.
Esperemos que la situación, en todos los aspectos, se vaya solucionando porque si dichos poderes siguen pisando el cuello del pueblo con su bota de hipocresia, injusticia y mentiras, acabará mordiéndola y se comerá la bota y el pié.
ESCANDALAZO!!!
Un día, cuando los empleados llegaron a trabajar, encontraron en la recepción un enorme letrero en el que estaba escrito:
"Ayer falleció la persona que impedía el crecimiento de usted en ésta empresa.
Está invitado al velorio, en el área de deportes". Al comienzo, todos se entristecieron por la muerte de uno de sus compañeros, pero después comenzaron a sentir curiosidad por saber quién era el que
estaba impidiendo el crecimiento de sus compañeros y la empresa.
¡! La agitación en el área deportiva era tan grande que fue necesario llamar a los de seguridad para organizar la fila en el velorio.
Conforme las personas iban acercándose al ataúd, la excitación aumentaba:
* ¿Quién será que estaba impidiendo mi progreso?
* ¡Qué bueno que el infeliz murió!!
Uno a uno, los empleados agitados se aproximaban al ataúd, miraban al difunto y tragaban seco. Se quedaban unos minutos en el más absoluto silencio, como si les hubieran tocado lo más profundo del alma. Pues bien, en el fondo del ataúd había un espejo.. cada uno se veía a sí mismo.. con el siguiente letrero:
"Sólo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento: ¡TU MISMO"!
Tú eres la única persona que puede hacer una revolución en tu vida.
Tú eres la única persona que puede perjudicar tu vida, y tú eres la única
persona que se puede ayudar a si mismo.
TU VIDA NO CAMBIA CUANDO CAMBIA TU JEFE,
CUANDO TUS AMIGOS CAMBIAN,
CUANDO TUS PADRES CAMBIAN,
CUANDO TU PAREJA CAMBIA.
TU VIDA CAMBIA, CUANDO TU CAMBIAS,
ERES EL ÚNICO (A) RESPONSABLE POR ELLA.
"EXAMÍNATE.. Y NO TE DEJES VENCER"
"El mundo es como un espejo, que devuelve a cada persona, el reflejo de sus propios pensamientos...La manera como tu encaras la vida es lo que hace la diferencia"...
"Ayer falleció la persona que impedía el crecimiento de usted en ésta empresa.
Está invitado al velorio, en el área de deportes". Al comienzo, todos se entristecieron por la muerte de uno de sus compañeros, pero después comenzaron a sentir curiosidad por saber quién era el que
estaba impidiendo el crecimiento de sus compañeros y la empresa.
¡! La agitación en el área deportiva era tan grande que fue necesario llamar a los de seguridad para organizar la fila en el velorio.
Conforme las personas iban acercándose al ataúd, la excitación aumentaba:
* ¿Quién será que estaba impidiendo mi progreso?
* ¡Qué bueno que el infeliz murió!!
Uno a uno, los empleados agitados se aproximaban al ataúd, miraban al difunto y tragaban seco. Se quedaban unos minutos en el más absoluto silencio, como si les hubieran tocado lo más profundo del alma. Pues bien, en el fondo del ataúd había un espejo.. cada uno se veía a sí mismo.. con el siguiente letrero:
"Sólo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento: ¡TU MISMO"!
Tú eres la única persona que puede hacer una revolución en tu vida.
Tú eres la única persona que puede perjudicar tu vida, y tú eres la única
persona que se puede ayudar a si mismo.
TU VIDA NO CAMBIA CUANDO CAMBIA TU JEFE,
CUANDO TUS AMIGOS CAMBIAN,
CUANDO TUS PADRES CAMBIAN,
CUANDO TU PAREJA CAMBIA.
TU VIDA CAMBIA, CUANDO TU CAMBIAS,
ERES EL ÚNICO (A) RESPONSABLE POR ELLA.
"EXAMÍNATE.. Y NO TE DEJES VENCER"
"El mundo es como un espejo, que devuelve a cada persona, el reflejo de sus propios pensamientos...La manera como tu encaras la vida es lo que hace la diferencia"...
domingo, 20 de octubre de 2013
Las claves del caso de los ERE en Andalucía, paso a paso
El llamado "caso de los ERE" es una presunta red de corrupción vinculada a la Junta de Andalucía (gobernada por el PSOE desde el año 1980), cuyo origen se encuentra en la investigación de una denuncia en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas. El caso es, en concreto, la cuarta causa relacionada con el "caso Mercasevilla", en el que se investiga, además de las supuestas irregularidades en la formalización de un ERE (expediente de regulación de empleo), una presunta malversación de fondos, una supuesta venta fraudulenta de terrenos y un presunto delito societario. La causa de los ERE, de cuya instrucción se encarga la jueza Mercedes Alaya, acumula ya más de 170 imputados, incluyendo ex altos cargos del Gobierno andaluz y una exministra. Según la investigación, habrían defraudado, entre los años 2001 y 2010, alrededor de 130 millones de euros. A fecha de octubre de 2013, al menos 20 personas han sido detenidas y siete de ellas han ingresado en prisión. Estas son, ordenadas cronológicamente, las claves del escándalo. El contexto El sistema permitía rapidez en las ayudas, pero también corrupción generalizadaEn el año 2001, después de los miles de despidos causados por las crisis industriales de los años noventa, la Junta de Andalucía, presidida entonces por Manuel Chaves, inició un procedimiento para respaldar económicamente tanto a empresas con problemas que presentasen expedientes de regulación de empleo (prejubilaciones o despidos), como a los trabajadores afectados por estos ERE. El objetivo era, por un lado, mantener la paz social; por otro, permitir a la Administración un mecanismo directo y eficaz de actuación ante conflictos laborales. Hasta 2011, este fondo había sido dotado con 721 millones de euros y, para su finalización, debería ampliarse hasta 1.217 millones. La Junta afirma que el procedimiento es legal, pero la oposición del Partido Popular lo niega, y mantiene que tanto el fondo como la utilización del dinero son irregulares. El procedimiento permitía rapidez en las ayudas, pero también opacidad y, por lo que la investigación ha ido revelando hasta ahora, una corrupción generalizada. El caso sale a la luz En 2003 y 2007, Mercasevilla ejecutó sendos ERE, costeados en parte por la Junta de Andalucía. El comité de empresa denunció que en el primero de ellos se encontraba un "intruso" (alguien que había recibido una prejubilación sin haber trabajado para la empresa) y, posteriormente, la investigación descubrió más casos fraudulentos. La Guardia Civil reveló la existencia de un complejo sistema para conceder ayudas millonarias (procedentes de la Junta de Andalucía) "basándose en decisiones discrecionales", y que pudo ser utilizado en las prejubilaciones de más de 60 empresas acogidas a los planes gubernamentales de empleo entre los años 2001 y 2010. Estas ayudas habrían beneficiado a personas ajenas a los ERE, sin derecho a percibirlas. El 24 abril de 2009, el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denunció, además, el presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de Mercasevilla. La jueza titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, asumió la instrucción del caso. Cuánto dinero se movía y cómo La actuación judicial se basa en tres grandes aspectos. Por un lado se investiga a los mencionados "intrusos" (al menos 126), cuyos casos suponen un fraude total de unos 12,3 millones de euros. En segundo lugar están las ayudas (unos 73 millones de euros), directas e injustificadas, que se concedieron a empresas, algunas de ellas pertenecientes a exconcejales del PSOE. El tercer apartado corresponde a las comisiones abusivas (cerca de 50 millones de euros) que se cobraron por tramitar los ERE, y de las que se beneficiaron consultoras, abogados e intermediarios. En total, se calcula que el fraude asciende a unos 130 millones de euros. Según la jueza instructora del caso, el dinero salía del programa presupuestario 31L, conocido como "fondo de reptiles", y se repartía entre las aseguradoras, que financiaban las prejubilaciones, los despachos de abogados que se encargaban de los trámites y altos cargos de la Junta que percibían comisiones de los mediadores. Por otro lado, la causa busca determinar asimismo la responsabilidad del Gobierno andaluz, ya que informes de la Intervención de la Junta alertaron desde 2005 de que la Consejería de Empleo prescindía "de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley" al pagar los ERE, y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán era consejero de Economía y Hacienda cuando la Intervención elaboró esos documentos. El dinero salía del programa presupuestario 31L, conocido como "fondo de reptiles" Primer imputado en prisión En marzo de 2011 la jueza Alaya admite a la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso, y, en julio de ese mismo año, el Tribunal de Cuentas del Estado inicia una auditoría sobre los ERE tras una denuncia del PP. El 2 de agosto un juzgado de Sevilla ordena a 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla que devuelvan el dinero público recibido. En marzo de 2012 ingresa en prisión el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero Benítez. Es el primer imputado en la cárcel. Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero, declara ante la jueza que llegaron a gastar hasta 25.000 euros mensuales de dinero público en cocaína. El 3 de abril, José Antonio Griñán asegura en su comparecencia ante el pleno del Parlamento andaluz que puede decir "sin bajar la mirada" que su Gobierno es "honrado". Operación Heracles En la madrugada del 19 de marzo de 2013 la Guardia Civil detiene a 22 personas por orden de la jueza Alaya. La operación, conocida como "Heracles" y desarrollada en en diversas localidades de Sevilla, Huelva, Jaén, Cádiz, Madrid, Barcelona y Las Palmas, está dirigida contra los intermediarios de los ERE fraudulentos. Las empresas aseguradoras Vitalia y Uniter, receptoras de importantes comisiones, son investigadas. De los 22 detenidos ocho pasan a disposición judicial y cuatro quedan en libertad con cargos. La jueza ordena el ingreso en prisión para siete imputados: Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia; Juan Lanzas, sindicalista y presunto mediador en la trama; Eduardo Pascual, coordinador de Vitalia; María Vaqué, directora general de esta aseguradora; Ismael Sierra, cuñado del "conseguidor" Juan Lanzas y dueño de una empresa presuntamente utilizada para introducir las comisiones en el mercado financiero; Eduardo Leal del Real, propietario de las empresa Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, a las que Alaya imputa la misma función; y el mencionado Francisco Javier Guerrero. Comisión de investigación En junio de 2012 el Parlamento de Andalucía crea una comisión para investigar la relación de los poderes públicos con el fraude. La comisión comienza sus trabajos el 21 de agosto y los concluye el 28 de noviembre de 2012 sin un acuerdo entre las tres formaciones. El PSOE limita las responsabilidades políticas al exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero; IU las eleva hasta los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera; el PP responsabiliza al entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, y al que fuera su consejero de Economía y Hacienda en el momento del fraude, el expresidente andaluz José Antonio Griñán, a quien llega a calificar de "cajero de los ERE". Las aseguradoras El 24 abril de 2012 la juez Alaya bloquea 84 cuentas de José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y el 17 de junio le imputa ocho delitos y eleva a 51 millones sus cobros, decretando su ingreso en prisión un día después, eludible bajo fianza de 600.000 euros. Con respecto a la aseguradora Vitalia, la Fiscalía Anticorrupción pide el 8 de mayo de ese año una fianza de 258 millones de euros a cada uno de los exdirectivos de esta empresa imputados en la nueva fase del proceso. Un mes después, en junio, un informe de la Guardia Civil señala que la federación de Industria de CC OO recomendó no trabajar con Vitalia. El día 23 de ese mes, la jueza autoriza a la Guardia Civil a registrar sedes de otra aseguradora implicada, Generali, para verificar los fondos realmente aportados por la Junta. Retraso y nuevos detalles El 23 de mayo de 2012, el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, afirma que no ve "normal ni aceptable" que algunos imputados en los ERE fraudulentos lleven tres años sin declarar ante la jueza, si bien, "de momento", no cree que haya motivo para expedientar a la instructora. Una semana después, Alaya levanta el secreto sumarial sobre la última fase del caso, y el 3 de junio la Guardia Civil calcula en 7,6 millones de euros el dinero que fue transferido a los sindicatos por mediadoras en los ERE entre 2000 y 2010. Peticiones de cárcel La Fiscalía de Sevilla pide en junio de 2012 nueve años de cárcel para Eduardo Leal del Real y ocho y medio para Juan Francisco Algarín, ambos imputados como testaferros. La Audiencia de Sevilla, por su parte, amplía la imputación a Daniel Alberto Rivera, director general de Empleo de la Junta entre 2010 y 2012. Mientras, el consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, Eduardo Báñez, hermano de la actual ministra de Empleo, niega connivencia con otra empresas que acudieron al concurso de compra de los terrenos de Mercasevilla. Una exministra y 20 ex altos cargos La jueza calificó la actuación de la exministra Magdanela Álvarez de "absolutamente inadecuada"El caso da un salto cualitativo el 2 de julio de 2013, al imputar la jueza Alaya a la exministra Magdalena Álvarez (titular de Fomento con el Gobierno socialista entre 2004 y 2009, y exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía) y a otros veinte ex altos cargos de la Junta, por presuntos delitos de malversación y prevaricación. En su auto, Alaya argumentó que la exministra fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo "absolutamente inadecuado". En su declaración ante la jueza (el 8 de octubre), Álvarez negó haber recibido presiones para permitir el sistema de los ERE. La Junta de Andalucía recurrió el auto de imputación en el que está incluida la exministra, pero el recurso fue rechazado por la jueza el 22 de julio. Por su parte, el Parlamento andaluz rechazó una proposición no de ley del PP que pedía extender la responsabilidad política del caso a todos los altos cargos de Empleo y Hacienda de la Junta entre 2001 y 2010. Apuntando a la presidencia El 23 de junio es imputado Antonio Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 2004 y 2010, por autorizar el ERE de Mercasevilla y la inclusión de tres "intrusos", y un mes más tarde el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez declara ante la juez que su departamento recogía en sus sucesivos informes las irregularidades sobre el sistema de pago de los ERE falsos. El 6 de agosto, la jueza Alaya imputa a otras 23 personas, entre ellas, dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos. Finalmente, el 10 de septiembre, la magistrada solicita la imputación de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. El auto cae como una bomba en medios políticos, y algunas fuentes del ámbito judicial destacan que no se entiende por qué la jueza, curtida en imputaciones (llevaba ya más de 120 en el caso), es imprecisa y "deja abierto el procedimiento". También resulta imputado, posteriormente, Antonio Diz-Lois, exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía. El 24 septiembre Alaya culpa al exdirector general de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera, quien se acoge a su derecho a no declarar, de fingir cambios para mantener el fraude de los ERE, y el 3 de octubre imputa al exviceconsejero de Economía José Salgueiro por ser uno de los promotores de la trama. La lista de imputados supera ya las 170 personas. "Dolor y vergüenza" La recién nombrada nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, asegura el 14 de septiembre en una entrevista a El País que le avergüenza la corrupción "se llame como se llame. Sea ERE, Gürtel o Bárcenas", y recuerda que cuando ostentaba el cargo de secretaria de Organización del PSOE-A, "pedí perdón por el caso de los ERE porque me causa dolor y vergüenza", añadiendo que, como jefa del Ejecutivo andaluz, ahora y "siempre" pedirá perdón por el asunto. Operación Heracles II Entre los detenidos en la segunda fase de la Operacion Heracles hubo varios dirigentes sindicales y el director de una oficina bancariaEl 8 de octubre se lanza la segunda fase de la Operacion Heracles, con diez detenidos, entre ellos varios dirigentes sindicales y el director de una oficina bancaria. Se trata del secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, el exsecretario de Desarrollo Industrial de CC OO, Roberto Carmona; el director de Empleo de la Diputación de Sevilla hasta su detención, Enrique Rodríguez; Francisco Casado, exsindicalista de CC OO en Córdoba; Gerardo de la Cruz, exdirector de una oficina de Caja San Fernando en Cazalla de la Sierra; Ángel Quesada del Valle, apoderado de la empresa que gestiona el hotel Rey don Pedro de Torremolinos (Málaga), y el empresario sevillano José Joaquín Barneto. Todos ellos son puestos en libertad con cargos unos días después. Insultos y abucheos a la jueza Un grupo de sindicalistas recibe con insultos y abucheos a la jueza Alaya al llegar ésta a los juzgados el 10 de octubre. Tanto los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, como el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, critican la protesta. La magistrada recibe, además, el apoyo de los jueces de Sevilla. Fianzas millonarias El 16 de octubre, la jueza Alaya impone una fianza de responsabilidad civil de un millón de euros al ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Buenaventura Aguilera, imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y un día después establece una fianza de 7.282.653,31 euros para el exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Justo Mañas, además de la prohibición "absoluta" de salir de España, que se le retire el pasaporte y que comparezca ante el juzgado de manera periódica. La defensa mantiene que las actuaciones de Mañas estuvieron avaladas por informes de la Junta. Según Alaya, Mañas "no hizo nada para evitar los pagos ni la refinanciación de las pólizas". El 18 de octubre, la jueza establece otra fianza, esta vez de 2.142.722 euros, para el exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz. Díaz ya compareció como imputado ante la jueza y, al igual que Buenaventura Aguilera, se acogió a su derecho constitucional a no declarar, después de que la magistrada le imputara tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Antes, el 23 de septiembre, Alaya había impuesto una fianza de 46.666.666 euros al exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano. Principales imputados Antonio Fernández. Consejero de Empleo entre 2004 y 2010 y, desde 2000, vicepresidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo encargado de otorgar las ayudas cuestionadas (actualmente, Agencia IDEA), con cargo a la partida 31L. Ingresó en prisión el 24 de abril de 2012 y salió el 10 de agosto. Imputado en los delitos de negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones, prevaricación, cohecho y falsedad en documento. Juan Francisco Algarín. Según la investigación actuó de testaferro de varias empresas utilizadas en la trama corrupta. Encarcelado en enero de 2013, fue liberado sin fianza el 21 de marzo de ese año. Imputado por malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. Francisco Javier Guerrero. Director general de Empleo de 1999 a 2008. Principal implicado en el caso, se encargó de firmar las ayudas cuestionadas. Entró en prisión el 20 de marzo de 2012 y salió el 5 de junio. Posteriormente fue encarcelado en marzo de 2013. Está imputado por, entre otros, delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Juan Francisco Trujillo. Chófer de Francisco Guerrero, ingresó en prisión el 22 de marzo de 2012 y salió el 15 de octubre. Imputado por los delitos de falsedad, malversación, cohecho y tráfico de influencias. Ante la juez declaró que gastaba junto a su jefe 25.000 euros semanales en cocaína, alcohol y prostitución. Antonio Rivas. Delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre 2004 y 2010. Imputado por su "activa participación" en varios ERE irregulares. Ramón Díaz Alcaraz. Asesor de la Consejería de Empleo con Antonio Fernández. Imputado por su relación con varios ERE fraudulentos. Agustín Barberá. Viceconsejero con Antonio Fernández. Imputado por malversación, falsedad, prevaricación, y omisión del deber de denunciar delitos. Juan Márquez. Sustituto de Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Empleo entre 2008 y 2010. Imputado por cuatro delitos de prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos, malversación y falsedad en documento oficial. Daniel Rivera. Director General de Empleo desde 2010 hasta 2012. Imputado por prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos, malversación e infidelidad en la custodia de documentos. Juan Rodríguez Cordobés. Delegado de Trabajo y Asuntos Sociales de 1999 a 2000. Imputado por tres delitos de prevaricación, malversación y obtención fraudulenta de ayudas. Juan Lanzas. Exsecretario general de la Federación de Alimentación. Imputado por malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita y cohecho. Ingresó en prisión el 22 de marzo de 2013. Antonio Albarracín. Exdirectivo de la consultora Vitalia, una de las empresas utilizadas en el fraude. Está acusado de apropiarse de 3,7 millones de euros. Ingresó en prisión el 22 de marzo de 2013. Eduardo Leal del Real. Administrador de dos empresas presuntamente utilizadas por la trama, ingresó en prisión el 23 de marzo de 2013 acusado de malversación, asociación ilícita, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública. Ismael Sierra. Cuñado de Juan Lanzas. Imputado por malversación, asociación ilícita, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública ingresó en prisión el 23 de marzo de 2013. Salió tres días después tras pagar una fianza de 50.000 euros. Eduardo Pascual. Exdirectivo de Vitalia en Barcelona. Imputado por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, delito fiscal y falsedad documental. Ingresó en prisión el 23 de marzo. En libertad bajo fianza. María Vaqué. Exdirectiva de Vitalia en Barcelona. Ingresó en prisión el 23 de marzo. En libertad bajo fianza. Jesús Bordallo. Ex director comercial de la aseguradora Vitalia en Andalucía. El 21 de marzo de 2013 quedó en libertad sin fianza tras declarar ante la juez Alaya. Ángel Rodríguez de la Borbolla. Exalcalde socialista de Cazalla de Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla. Imputado por obtener supuestamente más de 9 millones de euros en ayudas "con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud". Magdalena Álvarez. Consejera andaluza de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, y ministra de Fomento entre 2004 y 2009. Desde junio de 2010 es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Imputada por presuntos delitos de malversación y prevaricación Según el auto fue quien dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo "absolutamente inadecuado". Manuel Gómez Martínez. Interventor General de la Junta de Andalucía desde el 21 de mayo de 2000 hasta el 15 de abril de 2010. Antonio Lozano. Director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía entre 2002 y 2009. José Salgueiro Carmona.Viceconsejero de Hacienda desde 1990 al 7 de febrero de 2004. Buenaventura Aguilera Díaz. Director General de Presupuestos desde el 30 de abril de 2009 hasta el 4 de junio de 2012 Antonio Estepa Giménez. Secretario General de Hacienda desde el 21 de mayo de 2000 hasta el 15 de mayo de 2004. Juan Francisco Sánchez García. Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo de 2000 a 2004 y posteriormente Secretario General Técnico en la Consejería de Innovación de 2004 a 2010 y Director de Administración y Finanzas de IDEA de mayo de 2010 hasta el 30 de octubre de 2012. Javier Aguado Hinojal. Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo desde el 2 de mayo de 2004 hasta el 3 de mayo de 2008. Lourdes Medina Varo. Secretaria General Técnico de la Consejería de Empleo desde el 3 de mayo de 2008 hasta el 17 de mayo de 2012. Justo Mañas Alcón. Viceconsejero de Empleo desde el 1 de abril de 2010 hasta el 10 de mayo de 2012. Juan Luque Alfonso. Interventor Delegado de Empleo desde el 5 de noviembre de 2008 hasta el momento de su imputación. Gonzalo Suárez Martín. Viceconsejero de Innovación desde el 8 de mayo de 2004 hasta el 19 de marzo de 2005. Jesús María Rodríguez Román. Viceconsejero de Innovación desde el 19 de marzo de 2005 hasta el 1 de abril de 2010. Miguel Ángel Serrano Aguilar. Director General del IFA/IDEA desde mayo de 2004 hasta el 14 de mayo de 2008. Jacinto Cañete Rolloso. Director General de IDEA desde el 14 de mayo de 2008 hasta el 22 de diciembre de 2009. Antonio Valverde Ramos. Director General de IDEA desde el 22 de diciembre de 2009. Antonio Lara Revilla. Director General de IFA desde el 30 de abril de 2002 hasta el 28 de enero de 2003. Francisco Mencía Morales. Director General de IFA desde el 28 de enero de 2003 hasta mayo de 2004. Pablo Millán Márquez. Director General de Finanzas del IFA/IDEA desde 1999 hasta 2004. Juan Velaquiroga. Director General de Finanzas del IFA/IDEA desde 2004 hasta junio de 2008. Carlos Leal Bonmati. Director del bufete de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís, acusado de ocho delitos poru mediación en los ERES
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