Parla, el paraíso de la recaudación de multas de velocidad

Hasta 400 multas al día entre octubre y noviembre: en mes y medio, el Ayuntamiento de Parla, a través de una concesionaria privada, ha registrado un total de 11.746 multas, lo que se traduce en dos millones de euros recaudados. De los mismos, sólo el 20 por ciento -400.000 euros- irá destinado al consistorio parleño. El acuerdo con esta empresa fue obra del ex alcalde socialista imputado en la Operación Púnica Jose María Fraile y se hizo efectivo a mediados de 2014.

 

Dos millones de euros en un mes y medio. Esta desorbitada cifra en tan corto periodo de tiempo es la recaudada entre octubre y noviembre de 2014 en la localidad de Parla por multas de velocidad. Una sangría que tiene como protagonista a una empresa privada, que es la que se hace cargo de este servicio en la población madrileña desde mediados del año pasado. Estamos hablando de casi 12.000 sanciones impuestas, lo que viene a ser unamedia de 225 diarias, aunque, según la agencia EFE, algunos días han superado las 400.

Para mayor desfachatez, esos dos millones recaudados no irán ni por asomo a las arcas del Ayuntamiento de Parla para reinvertirse en el bienestar ciudadano. El acuerdo entre el entonces edil parleño y la empresa se fijó con un 80 por ciento para la misma y sólo 20 por ciento para la administración. Es decir, 1,6 millones de euros van directos a esta entidad, que se está forrando literalmente a costa de los pobres conductores parleños.

Desde la oposición -PP, IU y UPyD-, según señala la agencia EFE, han calificado de ‘auténtica barbaridad recaudatoria’ y aseguran que, pese a su negativa, el actual gobierno socialista privatizó este servicio el verano pasado. En ese momento, el edil del PSOE, José María Fraile, defendió que la instalación de estos nuevos radares tenía como objetivo ‘evitar accidentes y atropellos en Parla’ y que ni mucho menos se trataba de una estrategia con afán recaudatorio. Una afirmación que se cae por su propio peso cuando comparamos cifras: en todo 2013 el dinero deducido de multas de velocidad fue de 400.000 euros. Precisamente, dicho importe es del que disfrutará el consistorio parleño en sólo mes y medio.

Hay que recordar que el socialista Jose María Fraile se encontraba entre uno de los 51 políticos y funcionarios detenidos de la Operación Púnica contra una trama de corrupción en la que se adjudicaron servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de pagos y comisiones ilegales en regiones como Madrid, Murcia, León y Valencia. Tras ser arrestado a finales de octubre de 2014, y salir bajo fianza de 60.000 euros, el edil del PSOE presentó su dimisión tres días después. El cargo actualmente lo ocupa Beatriz Arceredillo a la que ha instado la oposición a que cese el contrato con esta adjudicataria privada y a así acabar con este volumen de sanciones tan desmedido. De hecho, Arceredillo se opuso en su momento a la concesión de este servicio a dicha empresa privada. Mientras, y como viene siendo habitual, los que seguirán ‘pagando el pato’, serán los conductores.