El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado prisión incondicional para el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), y otros dos detenidos en la operación Púnica, así como el ingreso en la cárcel eludible con fianzas de entre 25.000 y 100.000 euros para 8 imputados más. Según el auto del juez Velasco, Boza "subordinó" el interés público a los intereses de "ciertos empresarios" y favoreció "de manera continuada" a empresas vinculadas al constructor David Marjaliza y otros. El magistrado dice que el edil del municipio madrileño facilitó adjudicaciones irregulares y reveló información a estos empresarios, por lo que le imputa la comisión de delitos de tráficos de influencias, organización criminal, cohecho, malversación, revelación de secretos, falsificación documental y fraude. Incurrió, además, en "otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios", dice el auto. Otros dos encarcelados Las otras dos personas que irán a prisión sin posibilidad de pagar fianza son Ana María Ramírez, secretaria de David Marjaliza, el socio de Francisco Granados, y un empleado de la empresa Cofely, Pedro García Pérez. La asistente de Marjaliza era su "mano derecha", según el juez En cuanto a la asistente de Marjaliza el juez subraya que era la "mano derecha" del empresario y "parte imprescindible" de la articulación de su complejo entramado empresarial para la comisión de sus actividades delictivas. Apunta, además que existen indicios de su participación directa en la entrega de cantidades económicas a autoridades y funcionarios públicos. También la relaciona con la elaboración de facturas falsas que se empleaban para generar efectivo para el pago de cohechos. Del tercero de los detenidos que han ingresado en prisión incondicional, Pedro García, el juez señala que es el principal "interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos de la que se sirve la empresa para lograr la adjudicación de contratos públicos millonarios en diversas administraciones públicas". Para otros ocho detenidos de los quince que han declarado hoy ante el juez, ha dictado prisión eludible bajo fianzas que van de 25.000 a 100.000 euros, entre ellos el jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero, y el concejal de Hacienda de este municipio, José Javier Hernández. También ha dictado fianzas para el arquitecto municipal de Valdemoro José Luis Navarro (100.000 euros), el empresario Eduardo de la Peña (50.000), el administrador de una empresa de Marjaliza, Antonio Serrano (100.000), y tres empleados de Cofely: Didier Maurice, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández, los tres de 100.000 euros. El alcalde de Cartagena, en libertad De los quince que han declarado, sólo ha dejado en libertad con cargos al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso. De esta manera, el juez ha dictado prisión con o sin fianza para catorce detenidos, tres de ellos este mismo jueves: el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y uno de los supuestos cabecillas y "conseguidor" de la trama Alejandro de Pedro Llorca (ambos sin fianza), y el empresario José Luis Huerta (300.000 euros de fianza). El juez asegura en su auto que el antiguo edil concertaba con el segundo principal 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro. Aclara que ambos contactaban con distintas autoridades públicas a los que ofrecían "realizar ciertos trabajos para mejorar su reputación en internet". Esto le servía "no sólo para obtener un lucro económico directo" sino también para acceder a contrataciones públicas para él mismo o para otros a cambio de una comisión. Fraile y Cubas pagan la fianza El exalcalde de Parla José María Fraile (PSOE) y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), y Antonio Cándido Ruiz, presunto testaferro del empresario y 'conseguidor' de la red desarticulada con la 'Operación Púnica, David Marjaliza, han depositado este jueves las fianzas que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, informaron fuentes jurídicas. Fraile y Cubas, que se encuentran desde anoche en la prisión de Soto del Real (Madrid), recuperarán la libertad en las próximas horas después de que sus abogados ingresaran en una cuenta de la Audiencia Nacional sendas fianzas de 60.000 euros, mientras que Ruiz ha tenido que hacer frente a una caución de 25.000 euros. El ya exalcalde de Parla, según constaba en su última declaración de bienes hecha pública en febrero de 2013, recogía como único bien patrimonial una cuenta bancaria de 2.188,72 euros. En cuanto a su salario, según la misma documentación, Fraile cobraba un sueldo bruto anual de 50.276,52 euros. El alcalde de Parla cobraba un sueldo de 50.276 euros al añoEl único presunto miembro de la red del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid, Francisco Granados, que continúa en prisión es el jefe de gabinete de la Alcaldía de Parla, Antonio Borrego, al que también se impuso una fianza de 60.000 euros. El magistrado adoptó estas medidas cautelares el pasado miércoles, a petición de la fiscal Anticorrupción Carmen García y después de más de ocho horas de interrogatorios en los que tomó declaración a 12 de los 35 detenidos por formar parte de la trama que se dedicaba a amañar contratos a cambio de comisiones ilegales. Velasco también dejó en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Ambos tienen un plazo de diez días para abonar estas cuantías y evitar su ingreso en prisión. Expulsión de José María Fraile del PSM El Partido Socialista de Madrid (PSM) anunció este jueves la expulsión de José María Fraile del partido así como su renuncia inmediata como alcalde de Parla, El PSM, que asegura ser firme defensor del principio de "tolerancia cero", ha comunicado la renuncia al acta como concejal y el cese de José María Fraile como alcalde de Parla. Además, tras una reunión de la dirección con los socialistas de Parla, la secretaria de Organización del PSM ha anunciado que el Ayuntamiento de esta localidad se personará como acusación particular en la causa. Además del cese de Fraile, el PSM ha acordado, tras reunirse con los socialistas de Parla, la creación de una comisión gestora para dirigir la agrupación parleña; la personación del Ayuntamiento como acusación particular en la causa, y la suspensión del contrato municipal con la empresa Cofely, según ha anunciado en rueda de prensa la secretaria de Organización del partido, Maru Menéndez. Tras calificar la actitud de Fraile como una "traición" a los ciudadanos y al propio partido, Menéndez ha detallado que, cuando se conoció su ingreso prisión, el partido ha "materializado todo el mecanismo para hacer efectiva su renuncia al acta y su cese, por lo tanto, como alcalde de Parla". El PSM ha reclamado por medio del abogado de Fraile la formalización de su renuncia al acta como alcalde En concreto, la dirección del PSM ha "reclamado por medio del abogado de Fraile la formalización de su renuncia al acta como alcalde", según Menéndez, que ha explicado la personación del Ayuntamiento como acusación particular por el "grave perjuicio" a los ciudadanos de Parla. Además de constituir una "comisión gestora" en la agrupación local del PSM, presidida por Rosa Alcalá, desde el Ayuntamiento se procederá a "suspender el contrato realizado el año pasado con la empresa Cofely, que es objeto de investigación judicial". Menéndez ha prometido también "toda la colaboración" con la Justicia. "José María Fraile ya está por lo tanto fuera del partido, y la agrupación socialista de Parla ya tiene constituida la gestora para su funcionamiento orgánico", ha explicado. "Sentimos, en primer lugar, la traición a los ciudadanos, que es gravísima", ha dicho menéndez sobre la trama de corrupción, de la que asegura tener información "a través de los medios". Una trama, ha añadido, impulsada por el exconsejero Francisco Granados, del que "tantas veces el PSM ha planteado en la Asamblea de Madrid la necesidad de conocer su declaración bienes", después de descubrirse sus cuentas en Suiza. Para Menéndez, es "lamentable que una trama impulsada por Francisco Granados haya terminado por contaminar a un alcalde socialista".
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