LD/AGENCIAS
La Audiencia de Sevilla ha ratificado la imputación de la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez en el caso de los EREirregulares al rechazar el recurso que interpuso contra el auto de imputación de la juez Mercedes Alaya.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla responde así en un auto, al que ha tenido acceso Efe, al recurso que presentó Álvarez contra el escrito en el que Alaya precisaba las razones de la imputación, después de que se rectificara el primer auto de imputación de la juez.
La Audiencia señala que es "innegable" que la instrucción ha permitido a Alaya detectar "indiciariamente" que el uso desviado de los fondos públicos quedó facilitado "y con ello desmesuradamente incrementado" gracias a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas "arbitrariamente" administradas por la Consejería de Empleo.
Ha recordado que el método de transferencias de financiación al IFAse introdujo siendo Álvarez titular de la Consejería de Economía y Hacienda, "cuya inadecuación para la gestión de tales subvenciones y ayudas ha confirmado la Cámara de Cuentas y ha corroborado la pericia emitida por la Intervención General del Estado".
Aunque ha explicado que "la técnica en sí de la transferencia de financiación no es ilegal", considera que "no es irracional o arbitraria la hipótesis de entender que fuera introducida para propiciar lo que finalmente ocurrió". En ese sentido, cuestiona cómo se podría entender si no que las ayudas se prolongaran "sin control" durante diez años "pese a las alertas dadas", provocando una "malversación millonaria".
Ha indicado que es "razonable" la sospecha surgida a la jueza de que "ciertos cargos de relevancia por razón de sus competencias pudieron propiciar la instauración de este sistema ilegal". Asimismo, ha explicado que ante "tan fundadas sospechas" y siendo "patente" el interés de la declaración de Álvarez para esclarecer los hechos, "resultaría espurio, procesalmente hablando, someterla al régimen de declaraciones testificales con riesgo de que por vulneración de su derecho de defensa tal declaración deviniese en prueba prohibida".
Para la Audiencia de Sevilla, que anuló un primer auto de imputación de la exministra y pidió a Alaya que lo argumentara, "resulta incuestionable que la nueva resolución cumple con creces, sobradamente, la concreción de los hechos" que con carácter delictivo pueden haber sido cometidos por Álvarez.
Ha agregado que la jueza ha actuado correctamente "huyendo de generalizaciones al detallar de forma precisa los hechos que atribuye" a Álvarez, de manera que se cumple la garantía formal puesta en conocimiento de la persona a investigar para el mejor ejercicio de su defensa.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla responde así en un auto, al que ha tenido acceso Efe, al recurso que presentó Álvarez contra el escrito en el que Alaya precisaba las razones de la imputación, después de que se rectificara el primer auto de imputación de la juez.
La Audiencia señala que es "innegable" que la instrucción ha permitido a Alaya detectar "indiciariamente" que el uso desviado de los fondos públicos quedó facilitado "y con ello desmesuradamente incrementado" gracias a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas "arbitrariamente" administradas por la Consejería de Empleo.
Ha recordado que el método de transferencias de financiación al IFAse introdujo siendo Álvarez titular de la Consejería de Economía y Hacienda, "cuya inadecuación para la gestión de tales subvenciones y ayudas ha confirmado la Cámara de Cuentas y ha corroborado la pericia emitida por la Intervención General del Estado".
Aunque ha explicado que "la técnica en sí de la transferencia de financiación no es ilegal", considera que "no es irracional o arbitraria la hipótesis de entender que fuera introducida para propiciar lo que finalmente ocurrió". En ese sentido, cuestiona cómo se podría entender si no que las ayudas se prolongaran "sin control" durante diez años "pese a las alertas dadas", provocando una "malversación millonaria".
Ha indicado que es "razonable" la sospecha surgida a la jueza de que "ciertos cargos de relevancia por razón de sus competencias pudieron propiciar la instauración de este sistema ilegal". Asimismo, ha explicado que ante "tan fundadas sospechas" y siendo "patente" el interés de la declaración de Álvarez para esclarecer los hechos, "resultaría espurio, procesalmente hablando, someterla al régimen de declaraciones testificales con riesgo de que por vulneración de su derecho de defensa tal declaración deviniese en prueba prohibida".
Para la Audiencia de Sevilla, que anuló un primer auto de imputación de la exministra y pidió a Alaya que lo argumentara, "resulta incuestionable que la nueva resolución cumple con creces, sobradamente, la concreción de los hechos" que con carácter delictivo pueden haber sido cometidos por Álvarez.
Ha agregado que la jueza ha actuado correctamente "huyendo de generalizaciones al detallar de forma precisa los hechos que atribuye" a Álvarez, de manera que se cumple la garantía formal puesta en conocimiento de la persona a investigar para el mejor ejercicio de su defensa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario