El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha señalado hoy que se "resiste" a llamar "terrorista o asesina" a la etarra Inés del Río, "porque lo ha sido sin duda, pero ya no lo es" ya que "ha tenido 26 años de cumplimiento efectivo de condena" y "ya ha cumplido con la sociedad".
En declaraciones a Onda Vasca, Calparsoro ha señalado que "hay que respetar el dolor de las víctimas", pero ha recalcado que falta cierta "pedagogía" jurídica en torno a la polémica sobre la anulación de la "doctrina Parot" por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Calparsoro ha señalado que se "resiste a llamar terrorista o asesina" a Inés del Río, la etarra que fue excarcelada el pasado martes en cumplimiento de la sentencia del TEDH, "porque lo ha sido sin duda, pero ya no lo es, y ha tenido 26 años de cumplimiento efectivo de su condena" un periodo en el que "no ha salido ni un día de prisión".
El fiscal general ha agregado que Del Río ha estado en un régimen de cumplimiento "más estricto que el resto de penados" y que "ha cumplido ya con la sociedad".
"Se podrá entender que los asesinatos que se le han imputado son terribles, nadie lo cuestiona, pero hay que conocer que ha cumplido de forma más rigurosa que otros penados y en un periodo temporal amplio para lo que se aplica en España y en otros países".
Calparsoro ha señalado que ante un "hipotético" recurso del ministerio fiscal, que "duda" se pueda plantearse porque el fiscal "está sujeto al principio de legalidad", en "ningún caso" se podrá anular la suspensión de libertad de los presos afectados por la 'doctrina Parot' porque "la resolución es de cumplimiento inmediato".
Respecto a medidas como la denominada cadena perpetua revisable, Calparsoro ha señalado que "en el caso de que se apruebe", la pena es también revisable a los 25 años y en esos casos "siempre habrá personas que critiquen dicha revisión".
Preguntado por la participación del PP en la concentración convocada para el domingo en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) con el objeto de protestar por la anulación de la 'doctrina Parot', Calparsoro ha señalado que los "responsables públicos tienen derecho a manifestarse como cualquier ciudadano, pero hay que poner en valor que vivimos en un Estado de Derecho en el que prima de forma nuclear la protección de los derechos humanos".
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