Eran las 11:48 cuando llegaba en un coche negro Rosario Porto Ortega, detenida por el presunto homicidio de su hija, a la finca de sus padres en A Poboa, Moutouto (Teo). Diez minutos antes de que la Guardia Civil trajera a la madre de Asunta Basterra, la niña de 12 años cuyo cadáver fue encontrado en la madrugada del pasado domingo, llegaba en un taxi con los cristales tintados el padre, el periodista Alfonso Basterra. Tuvo que dar media vuelta, no podía entrar sin que el juez y los agentes de la Benemérita estuvieran presentes. Ambos fueron citados al nuevo registro en calidad de imputados por el juez, pero con la salvedad de que ella estaba detenida y él en libertad. Aunque en principio fuentes judiciales explicaron que la imputación al padre se llevó a cabo para que pudiera tener garantizados todos los derechos en las diligencias que se practicaron en su presencia, a las siete de la tarde, la situación cambiaba. Siete horas después de su llegada a la vivienda situada a escasos tres kilómetros de la pista forestal de Cacheiras donde el cadáver de la niña fue localizado, Basterra era detenido por la Guardia Civil por su supuesta implicación en el homicidio de su hija adoptiva. Pocos minutos después, el padre de Asunta abandonaba el chalet escoltado por agentes de la Benemérita camino a la Comandancia de La Coruña. A las dos de la tarde de ayer, fuentes de la Benemérita ya confirmaban a este periódico que era bastante probable su detención: «No iba en calidad de testigo, por lo que puede estar relacionado con el hecho». Según fuentes de la investigación, en ningún caso el fallecimiento de la menor de 12 años fue un accidente. Más bien lo contrario, se trata de una muerte premeditada, un crimen minuciosamente preparado en el que no se descarta un móvil económico, conclusión a la que se ha llegado a través de los indicios recabados en los últimos cuatro días.
Así, una de las de las líneas de investigación apuntaría a la herencia familiar como punto de partida del crimen. Según este planteamiento, los abuelos de Asunta la habrían nombrado heredera universal de su gran patrimonio, mientras que Charo, su madre, simplemente sería usufructuaria. ¿Desencadenó este hecho la ira de Charo? Lo cierto es que la abuela materna, María del Socorro Ortega Romero, profesora universitaria, falleció en su domicilio en diciembre de 2011, mientras que el abuelo materno y abogado, Francisco Porto Mella, murió de forma inesperada siete meses después.
Ayer concluía una intensa jornada de registro que comenzó cuando una docena de agentes de la Guardia Civil accedieron a la extensa finca, sita a unos tres kilómetros del lugar donde se encontró el cuerpo sin vida de Asunta. Durante horas los agentes buscaron en la casa y en el bosque del alrededor alguna pista que pudiera ser clave para la investigación. También hubo tiempo para hacer preguntas a los padres e intentar arrojar algo de luz. El tiempo en la finca pasa lentamente, no así para los vecinos de A Poboa, donde ni los más añejos recuerdan que sucediera algo similar tiempo atrás. Hay movimiento en el pueblo. Ganas de saber. «Desde el domingo lleva la Guardia Civil en el pueblo custodiando la finca», aseguran. Allí están más sorprendidos por lo sucedido que temerosos de que el posible asesino esté suelto. Dan por cierto que la madre, hoy presunta, sea la autora. Un vecino, cuya casa está muy pegada a la finca, a menos de un minuto andando, respira tranquilo. «Este pueblo es tranquilo, nunca ha habido ningún problema. No tenemos miedo, estoy tranquilo. No se relacionaban para nada con los vecinos. Tampoco dieron problemas. Si finalmente fue ella tiene que pagar y si fue otro también», concluye.
Y es en eso en lo que pusieron todo su ahínco los agentes de la Guardia Civil. A Charo el martes no la habían interrogado porque los investigadores quieren recabar más pruebas», afirmaron fuentes de la Benemérita. El círculo se cierra, o al menos eso parece. Hoy está previsto que hagan más registros (los que no dio tiempo ayer por la duración del de Teo), según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Los agentes de la Guardia Civil, el juez y los dos detenidos acudirán presumiblemente a los domicilios que ambos progenitores tienen en pleno casco urbano de Santiago de Compostela. Dos viviendas muy próximas la una con la otra. La niña vivía con la madre, pero visitaba al padre cuando quería, tal y como afirmó en su día la progenitora.
Llevará su tiempo, de ahí que no esté previsto para hoy que se tome declaración de la madre ni del padre ante el juez. Se va a ultimar el plazo máximo, 72 horas, al menos en el caso de Rosario Porto, que permanece detenida en el cuartel de la Guardia Civil.
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