El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público de 2013, por la que la Administración General del Estado (AGE)ofrecerá más de 1.000 plazas, de las que 422 serán de nuevo ingreso y 449 de promoción interna, además de otras 350 plazas para la Administración de Justicia. En rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que a estas ofertas de empleo se sumarán más adelante las plazas para la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Aunque la reposición de empleo público está congelada, el Gobierno ha reservado en los presupuestos del Estado para 2013 una tasa de reposición del 10 % para los cuerpos que se consideran "fundamentales", como la lucha contra el fraude fiscal y laboral.
Según la vicepresidenta, las 422 plazas de nuevo ingreso son tanto para funcionarios como para personal estatutario y laboral, y a ellas se sumarán otras 133 plazas que ya fueron aprobadas en 2012 pero que aún no se han convocado.
Además se han aprobado 300 plazas para personal al servicio de la Administración de Justicia, de las que 222 serán convocadas por las comunidades autónomas con las competencias traspasadas y 78, por el Ministerio de Justicia. A ellas se añaden otras 50 plazas para jueces y fiscales.
En total, se "superan con creces las 1.000 plazas", ha subrayado Sáenz de Santamaría, que también ha hecho hincapié en que se reserva un cupo de 60 puestos para personas con discapacidad.
La vicepresidenta ha explicado que con esta oferta el Gobierno ha querido compatibilizar la austeridad en el gasto público, especialmente en el capítulo de personal, con el mantenimiento de una administración pública "profesional y cualificada".
Así, se ha dado prioridad el ingreso en cuerpos considerados "fundamentales" para determinadas funciones, especialmente la lucha contra el fraude "en sus distintas vertientes": fiscal, seguros, catastral, laboral, en materia de Seguridad Social y el control de subvenciones públicas.
También habrá plazas para la representación de España en el exterior en los ámbitos diplomático y comercial, el personal investigador, el asesoramiento jurídico, el control de la asignación de recursos públicos, la supervisión de los mercados de valores, el personal de la agencia estatal de seguridad aérea y los cuerpos docentes universitarios.
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