Ya se sabe: hecha la ley, hecha la trampa. El nuevo año nos ha traído, entre otros regalos, el (re)pago de euro por receta en la Comunidad de Madrid, que se une al (re)pago por medicamentos, que grava por igual a todo el mundo, al margen de su situación económica, pensionistas incluidos, claro. Pero, las organizaciones que están en contra de la privatización de la sanidad, han ideado una campaña de desobediencia civil que es muy sencilla de seguir.
Se trata de una especie de guía: es necesario llevar además de la receta, la tarjeta sanitaria y el DNI; después es necesario negarse a pagar el euro y el farmacéutico, que está obligado por ley a dar el medicamento para no incurrir en el delito de 'denegación de asistencia', debe ofrecer un formulario con tres copias -dos que se queda el establecimiento y otra que se lleva el cliente-.
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Ese impreso, que por cierto en muchas farmacias aún no han recibido -para enfado de sus profesionales a los que les ha caído una nueva e imprevista función, la de recaudador de impuestos- será remitido después a la Comunidad para que esta aplique a esta falta administrativa -no penal- un recargo del 20%, que es lo que finalmente, mucho tiempo después, nos obligarían a pagar. O sea: 1,20 euros.
En el caso de que desde los servicios oficiales del Ejecutivo madrileño se entretengan en este nuevo trabajo, ya que, como recomiendan los responsables de la campaña, que cuenta con la colaboración de las Asambleas de barrios y pueblos del 15-M, con lo que su extensión está asegurada, si son miles las personas que la siguen se causa un importante atasco burocrático a la Comunidad. Hecha la ley, hecha la trampa.
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