“Rajoy confía a Aznar, presidente de la FAES, la misión de rediseñar la sanidad pública y Aznar pone a trabajar a su fundación para profundizar en la privatización de la sanidad, implantar copagos y eliminar servicios del SNS”, esta noticia aparecida en los medios de comunicación en el verano de 2011 es el inicio del acelerado desmantelamiento de nuestra sanidad pública. Los mensajes a la población quedaron meridianamente claros, la sanidad hay que pagarla, quien no pueda solo accederá a una cartera básica y los centros totalmente públicos tenderán a desaparecer.
El gobierno de la CAM y su recién nombrado (aunque no votado para el cargo) presidente Ignacio González, junto a su consejero de sanidad Fernández Lasquetty (FAES), aprovecha el trámite de los presupuestos de la comunidad para incluir la privatización de la gestión de siete hospitales públicos, el hospital de la Princesa, que tras esta decisión nadie reconocerá (convertido en geriátrico, sin docencia ni investigación, sin servicios punteros y con una drástica reducción de su personal) y los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares, además de una parte de su Atención Primaria.
Los hospitales podrán realizar su propia selección del personal, que será discrecional. Las condiciones de trabajo de los profesionales están por determinar, pero sin duda empeorarán (en las huelgas de los hospitales de gestión privada de Fuenlabrada y Alcorcón, las plantillas reclamaba igualar sus condiciones con las de los hospitales con gestión pública).
Aguirre tuvo que rescatar (con dinero público) “sus hospitales PFI (hospitales de iniciativa de financiación privada)” en 2010, cuya eficacia y eficiencia está muy cuestionada, y ahora “saneados” se ponen a la venta. Veremos si el Sr González sigue utilizando dinero público para pagar el canon anual, ya que la Comunidad de Madrid ya ha pagado el coste total de la construcción de los nuevos hospitales, cerca de 700 millones de euros de dinero público, pero aún adeuda 4.300 millones.
La decisión afecta a 5.500 trabajadores. Los que se queden, pasarán a ser contratados con las condiciones que impongan las empresas concesionarias:
– Capio está en manos de CVC, un fondo de capital riesgo británico con sede en Luxemburgo. Gestiona 28 centros sanitarios en 4 comunidades autónomas.
– El grupo USP-Quirón. Fue comprado en febrero 2012 por el fondo de inversión británico Doughty Hanson. Gestiona 12 hospitales y 26 centros sanitarios en España.
– Adeslas por un lado y Sanitas por el otro forman, con la CAM y Bancaja (Bankia) el grupo sanitario Ribera Salud, que también gestiona hospitales en Madrid y Valencia. El 80% de los hospitales de Adeslas pertenece a la sociedad Goodgrower y el 20% a Criteria de Caixa Catalana. Sanitas pertenece al grupo BUPA Internacional Health Insurance, la mayor compañía privada de asistencia sanitaria del Reino Unido.
De esta forma, la privatización aprobada por el gobierno popular de Madrid dejará a sus hospitales públicos en manos de empresas y fondos de capital riesgo extranjeros, esencialmente del Reino Unido.
El objetivo de esta privatización no parece ser el ahorro y la sostenibilidad del SNS ya que el coste medio por cama de los 4 hospitales que gestiona Capio es un 36% mayor que la del centro público con la cama más cara, el Clínico de san Carlos. Además, las entidades financieras de Ribera salud, la CAM y Bancaja/Bankia, son insolventes y han tenido que ser rescatadas con dinero público (juntas suponen uno de los mayores agujeros negros de la economía actual)
El grupo USP, otro gestor privado de la sanidad madrileña, ha pasado recientemente por graves problemas financieros, que le llevaron al borde del concurso de acreedores hasta caer en manos del fondo de inversión británico.
El objetivo tampoco parece ser el incremento de la competencia y de la eficiencia, según pretenden hacernos creer, ya que la gestión privada se concentra en pocas empresas y estas están a su vez relacionadas entre sí: Adeslas y Sanitas forman parte de Ribera salud y Capio podría formalizar la compra de Ribera Salud y con ello alcanzar una posición aún más estratégica en la gestión de la sanidad privada y pública en España. Por otra parte, todas las empresas privadas dueñas de la sanidad madrileña (Adeslas, Sanitas, Capio, USP y clínicas de la Medical destination) están incluidas en el la patronal de empresas IDIS, que se reúnen para tomar decisiones conjuntas, con el apoyo de Farmaindustria y la industria de tecnologías.
¿Que subyace bajo la privatización de la sanidad pública de la CAM?
– Los intereses cruzados existentes:
Algunos patronos de la FAES, fundación que elaboró el documento de privatización de nuestro SNS, o sus familiares directos pertenecen, o pertenecían durante su elaboración, a Bankia (Ribera Salud) y/o a los consejos de administración o los patronatos de las fundaciones de la industria sanitaria privada.
Uno de los objetivos esenciales de la Madrid Medical destination (MMD) sociedad privada “sin ánimo de lucro” del popular Manuel Lamela (1,8 millones de euros/año de ingresos para el exconsejero, según estimaciones) es la atención al turismo sanitario de primer nivel, por lo que es una de las entidades que más se beneficiará de la decisión del gobierno de Rajoy de suspender la atención sanitaria a no residentes. El Instituto Valenciano de Infertilidad, socio de la MMD y principal grupo europeo de reproducción asistida, se aprovechará de la ausencia de cobertura de este servicio por la sanidad pública, así como Capio, Sanitas y Adeslas, que incrementarán sus clientes en este y otros servicios que se eliminarán de la cartera básica del SNS (decreto 16/2012).
Además, Romay Becaría (FAES) es patrono de la fundación renal FRIAT, concertada con la sanidad pública, Rodrigo Rato, aún es director de la Caja Madrid de Bankia (Ribera salud) y la presidenta de Genómica, de la farmacéutica Zeltia, empresa patrocinadora de las empresas beneficiarias (IDIS) es Rosario Cospedal hermana de Dolores (FAES).
– El fracaso de la gestión sanitaria del gobierno de Aguirre, ya que sus nuevos hospitales solo tienen cabida en los presupuestos y en la asistencia sanitaria de la Comunidad sí previamente se desmantelan los hospitales públicos, que gozaban de gran prestigio antes de someterse al rodillo de la expresidenta.
– El intento de compensar las pérdidas de una red de empresas y entidades financieras con grandes problemas de tesorería y en muchos casos vinculadas al partido gobernante.
La decisión de privatizar la sanidad madrileña es de tal envergadura que no puede ser adoptada por un presidente interino, aprovechando el trámite de los presupuestos, sino que debería discutirse en el parlamento o incluso someterse a una consulta popular.
La ausencia de transparencia y los intereses cruzados entre los que toman la decisión y los que se benefician de ella la convierten en nula de pleno derecho y no debe ser admitida por los profesionales del sistema público ni por la población de la Comunidad de Madrid.
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