Sube los precios, desalienta el consumo, estrecha los beneficios de las pymes y amenaza la supervivencia de muchos pequeños negocios. La subida del IVA parece plagada de contraindicaciones, pero ¿y si fuera la decisión que necesita España? Explicamos la parte buena de una de las medidas más polémicas del Gobierno.
Artistas, estanqueros, transportistas, consumidores, pequeños empresarios, padres, educadores, una semana después de su entrada en vigor son pocos los colectivos que no han manifestado ya su rechazo a la subida del IVA que entró en vigor el pasado 1 de septiembre.
La medida resulta tan impopular que hasta el propio Gobierno poco menos que ha pedido perdón por aplicarla. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, la aprobó a regañadientes y proclamando que lo hacía forzado por la desesperada necesidad de recursos de las arcas públicas, y el propio presidente del Gobierno subrayó hace pocos días que se trata de una medida dolorosa, y que la revertirá en cuanto la situación lo permita.
En realidad, si el Ejecutivo ha terminado por aplicarla es única y exclusivamente por su potencial recaudatorio. Según sus cálculos, la medida aportará en lo que queda de año 2.300 millones de euros a las necesitas cuentas públicas y unos 8.000 millones adicionales en 2013.
Pero, ¿es la promesa de nuevos y cuantiosos ingresos realmente la única ventaja de subir el IVA? Muchos expertos están convencidos de que no, de que subir el IVA no sólo puede ser un mecanismo recaudatorio sino un cauce muy adecuado para resolver alguno de los desequilibrios estructurales más relevantes de la economía española.
El IVA como solución
Se ha repetido hasta la saciedad. Desde la óptica de la política económica, la principal diferencia entre esta crisis y las anteriores que ha atravesado España es la imposibilidad de devaluar la moneda. El euro ofrece un tipo único de cambio para los países que comparten la moneda, lo cual, en líneas generales, abarata la financiación pero consolida un tipo de cambio único para países con problemas diferentes.
El economista Abel Fernández sostiene en su blog de Sintetia que una subida del IVA puede tener el mismo efecto de una devaluación. "La subida del IVA encarece el consumo, tanto de productos nacionales como extranjeros, y, por tanto, hace que importemos menos (como en una devaluación monetaria)". En su opinión, este efecto es clave puesto que España necesita acabar con el desequilibrio de sus relaciones comerciales, cuyo millonario coste, que antes se financiaba en parte con inversión internacional, ahora se afronta únicamente con endeudamiento.
En la misma línea se manifiesta Rafael Pampillón, del IE Business School. "Efectivamente, se van a frenar las importaciones y, en cambio no afectará a las exportaciones. Ello se debe a que las importaciones pagan el IVA aquí en España y en cambio las exportaciones lo pagan en el lugar de destino. Por eso la subida del IVA va a reducir el déficit exterior que buena falta hace".
Ahora bien, en opinión de este economista, y de los profesores de Harvard, Emmanuel Fahri y Gina Gopinath, autores de 'Una opción de devaluación para el sur de Europa', subir el IVA aisladamente no será efectivo, debería acompañarse de una rebaja de las cotizaciones sociales si no de la misma cuantía, sí de una muy similar, es decir, lo que han pedido a España tanto el FMI como la Comisión Europea.
"La reducción de cotizaciones a la Seguridad Social tendría dos efectos: aumentaría la renta disponible de los trabajadores, lo que contrarrestaría la caída en el consumo interno provocado por la subida del IVA; y rebajaría los costes para las empresas, lo que las permitiría ser más competitivas y exportar más", explica. Incluso podría aumentar sus beneficios lo que mejoraría la recaudación por el Impuesto de Sociedades.
La concrección de esta solución podría no estar lejos. El Gobierno ha coqueteado con laposibilidad de reducir en dos puntos las cotizaciones sociales, una decisión que supondría una inyección de 5.000 millones de euros en los bolsillos de trabajadores y empresas, aunque tras renunciar a adelantar la subida de la edad de jubilación a los 67 años no parece muy viable que la Seguridad Social pueda renunciar a semejantes ingresos.
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