"Cada catalán debe pagar cada día un gravoso peaje de seis euros por el simple hecho de ser español". Ésta es una de las imaginativas fórmulas ideadas por la Generalitat para concienciar a la población catalana de la urgente necesidad de modificar la relación financiera de Cataluña con España.
Este cálculo, como el que dice que España le cuesta a cada catalán 2.200 euros al año o a cada familia catalana unos 9.000 euros, parte de una única fuente: un estudio encargado por la propia Generalitat que compara la recaudación total por impuestos obtenida en un año determinado en Cataluña con el gasto directo que en ese mismo ejercicio el Estado realizó en la comunidad autónoma y que concluye que Cataluña pierde 16.400 millones de euros cada año, un 8,4% de su PIB, en su relación financiera con España.
Ese déficit fiscal estructural en la relación de Cataluña con España es el que enarbolará hoy el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para justificar su demanda de un nuevo Pacto Fiscal entre Cataluña y España.
Pero, ¿qué significaría ese Pacto Fiscal? ¿Qué reclama exactamente Cataluña?
1. Capacidad total de maniobra sobre los impuestos que se recauden en Cataluña. El texto aprobado por el Parlamento catalán para definir las líneas maestras del Pacto Fiscal subraya que el nuevo modelo que se negocie con el Estado debe permitir a Cataluña "disponer de los recursos que el país genere para atender políticas sociales y de crecimiento".
El actual modelo de financiación, reconoce a Cataluña el derecho a recibir la mitad de la recaudación por IVA e IRPF y casi dos tercios de la recaudación por Impuestos Especiales. El resto se queda en las arcas de la Agencia Tributaria para financiar políticas en todo el Estado.
Lo que plantea Cataluña es quedarse con el 100% de la recaudación que se genere en su territorio. Un ejemplo. El año pasado los impuestos estatales recaudaron en Cataluña 32.068 millones de euros, de los que, según el actual modelo de financiación, unos 13.600 se transferirán directamente a las arcas catalanas. Lo que plantea la Generalitat es quedarse con los 32.068 millones.
2. Un sistema de cupo para contribuir a la solidaridad. La Generalitat plantea que la contribución de Cataluña al resto del Estado (esos 16.400 millones que constituyen el déficit fiscal que denuncian) se sustancie a través de una cantidad determinada al modo de lo que ocurre con el 'cupo vasco' o la 'aportación de la Hacienda Foral Navarra'.
Esta cantidad sería determinada en función de unos parámetros muy precisos y financiaría el coste de las competencias y servicios prestados por el Estado en Cataluña más una contribución a la cooperación interterritorial. El texto aprobado por el Parlament acota particularmente ésta última, dándole un carácter finalista: la aportación catalana no podría financiar más que servicios básicos del Estado del Bienestar y teniendo en cuenta el criterio de esfuerzo fiscal, es decir, no financiará servicios en autonomías con una renta per cápita superior a la catalana.
Según un estudio realizado al respecto por Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico del CSIC, el sistema de cupo podría llegar a reducir la aportación de Cataluña al bienestar general hasta en 16.000 millones de euros.
3. Agencia Tributaria catalana. La pieza maestra para asumir esta mayor autonomía fiscal sería la Agencia Tributaria catalana. Una vieja aspiración, cuyo desarrollo se ha visto condicionado por su escasa utilidad en el contexto actual.
Sin embargo, en el marco que plantea la Generalitat la Agencia Tributaria Catalana no sólo recaudaría todos los impuestos, sino que tendría competencias totales de gestión. Aplicaría las deducciones fiscales, revisaría las declaraciones de la renta de los contribuyentes, se responsabilizaría de la inspección de Hacienda de los catalanes y todas esas competencias que hoy lleva a cabo la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4. Libertad total para bajar y subir impuestos. La Generalitat dispondría también de competencia total sobre los impuestos soportados por los catalanes con el único límite de las disposiciones sobre armonización que establece Bruselas.
En el marco actual, Cataluña apenas tiene competencias normativas sobre sus tributos propios (Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados), la capacidad de decidir si aplica o no el Impuesto de Patrimonio y sobre el 50% del IRPF, que ha utilizado, por cierto, para establecer uno de los tipos máximos de IRPF más altos del mundo (56%) para las rentas superiores a 300.000 euros.
En el nuevo marco del Pacto Fiscal, Cataluña podría modificar la imposición sobre las empresas e incluso descolgarse si quisiera de una eventual subida del IVA.
5. Nueva financiación para los municipios. Finalmente, el Pacto Fiscal reservaría a Cataluña la capacidad de modificar su relación financiera con los ayuntamientos, estableciendo la distribución de competencias que entendiera más adecuada y creando nuevos mecanismos para financiar los ayuntamientos catalanes, al margen del modelo general establecido para el resto del país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario