Mariano Rajoy dio ayer un golpe de efecto cuando, después de su reunión con el Rey, anunció que había decidido conceder otra prórroga al Plan Prepara. Con esta decisión, el presidente del Gobierno claudicaba ante las presiones de la oposición y gran parte de la opinión pública, que llevaban varias semanas pidiéndole que mantuviera esta ayuda de 400 euros para desempleados de larga duración que se han quedado sin prestación por desempleo.
El líder del Ejecutivo, no obstante, también advirtió que la nueva versión del subsidio será "mejorada" y que irá destinada a quienes realmente lo necesiten, un colectivo que según sus palabras se resumen en personas que están "en el paro, han terminado la prestación y tiene familiares a su cargo". Es decir, el espectro futuro de beneficiarios se estrechará sólo a "aquellas personas que se encuentran en una situación mucho más difícil".
Según la versión oficial del Gobierno, detrás del cambio de reglas que está preparando para poder acceder a esta ayuda se esconde lograr que realmente sirva para conseguir la reinserción laboral de los parados de largo duración, algo que hasta ahora, según el propio Rajoy, apenas se ha logrado.
La extraoficial es que el Ejecutivo está viendo cómo mantener esta ayuda, y así no dejar en la estacada a los más necesitados, sin que se le dispare la factura.
No obstante, todavía está analizando cómo se va a hacer. El Ministerio de Empleo tiene de plazo para llegar a una solución hasta el 24 de agosto, ya que será en la reunión del Consejo de Ministros de ese viernes cuando se apruebe la prórroga de este subsidio.
Plan siempre polémico
Desde que entró en vigor el Plan Prepara, que sustituyó al Prodi (la ayuda de 426 euros) en febrero de 2011, las arcas públicas han destinado más de 1.000 millones de euros a financiarlo, según las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, que sólo llegan hasta mayo de 2012.
Antes de conceder la prórroga, el Gobierno había presupestado 525 millones para cubrir todas las solicitudes del plan actual, es decir, las que terminan hoy y que han abarcado desde febrero hasta ahora.
Por tanto, si se mantuviera inalterable el programa, significaría que el Ejecutivo necesitaría otros 500 millones, aproximadamente, para seguir financiando los 400 euros durante los próximos seis meses.
Estas sumas indican que el coste anual del Plan Prepara asciende a 1.000 millonesde euros, el equivalente a una décima de déficit, la línea roja que el Ejecutivo se ha comprometido con Europa a respetar.
Desde que se creó, esta ayuda ha beneficiado a medio millón de personas y, actualmente, se benefician de ella 211.000 parados, en su mayoría, de bajo nivel formativo y de edad media, es decir, entre 25 y 54 años.
El endurecimiento de las condiciones para acceder a ayudas públicas ha sido una de las vías que ya ha explotado el Gobierno para ajustar las cuentas y garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit.
Un reciente ejemplo fue la modificación, aprobada el pasado mes de julio, de los requisitos para poder acceder a la renta activa de inserción, una ayuda de 426 euros dirigida exclusivamente a mayores de 45 años sin derecho a prestación por desempleo y con ingresos mínimos.
Tras el cambio, este subsidio queda limitado a aquellas personas que, dentro de este perfil, hayan recibido antes una prestación contributiva o el subsidio por desempleo. Unos endurecimientos de las condiciones que van en línea con lo que quiere hacer el Gobierno con el Plan Prepara.
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