Los clubes de deportivos, particularmente los de fútbol y los promotores de conciertos y corridas de toros tendrán que empezar a rascarse el bolsillo el año que viene. O al menos eso pretende el ministro del Interior. Jorge Fernández anunció hoy que su departamento tiene avanzada ya la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992, que incluirá que los organizadores de eventos de carácter lucrativo y que impliquen un importante despliegue de seguridad pública abonen parte de los gastos que suponen esos operativos.
Según Fernández, estarán fuera de este copago los eventos de "que no tengan ánimo de lucro, que sean benéficos o de carácter asistencial" y tampoco "otro tipo de gastos de despliegue de medidas de seguridad con ocasión de visitas oficiales de jefes de Estado".
La idea de cobrar a los clubes deportivos y demás organizadores de actos lucrativos ha sido recurrente entre la mayoría de los responsables de Interior, al menos durante los últimos quince años. Ahora, con la grave crisis que vive España, Fernández parece dispuesta a sacarla adelante. "Nos parece absolutamente razonable" que los promotores de "aquellas iniciativas y eventos que tienen ánimo de lucro y que exigen por su naturaleza un gasto en seguridad considerable, que financian el conjunto de los ciudadanos", se corresponsabilicen de ese gasto que supone garantizar la seguridad en eventos deportivos y culturales, como grandes conciertos, en los que sus promotores "obtienen cuantiosas retribuciones", insistió el máximo responsable de las fuerzas de seguridad.
Jorge Fernández aseguró hoy estar dispuesto a"oir a todo el mundo" antes de presentar esta reforma, que pretende que el Consejo de Ministros apruebe en este mismo periodo de sesiones (que concluye a finales de junio) para que sea debatida en otoño y pueda entrar en vigor a principios de 2013.
Una opción ya estudiada
El ministro es consciente de la cuestión es harto compleja y ya fue estudiada cuando al frente de Interior estuvo Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes o José Antonio Alonso. Entonces, sus predecesores se encontraron con informes jurídicos que alertaban de que los problemas legales de cobrar por la seguridad en espacios públicos y con la oposición frontal de los poderosos clubes deportivos, que alegaban que ellos ya pagaban por la seguridad en el interior de los estadios y que la vigilancia en la calle era responsabilidad y competencia única y exclusiva de las fuerzas de seguridad.
Según las diferentes estimaciones, a Interior le cuesta una media de entre 50.000 y 100.000 euros el despliegue en un partido de balompié de primera división. Aunque en algunos encuentros de alto riesgo puede superar el medio millón de euros, si es necesario desplazar efectivos de otras provincias, como es la final de Copa del Rey del viernes.
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