El Gobierno logró anoche aprobar la ley de estabilidad presupuestaria para impedir el déficit en todas las administraciones públicas y lo hizo con una amplia mayoría de 192 diputados compuesta por el PP, CiU y UPyD que dejó a los socialistas en evidencia y alineado con la extrema izquierda y los grupos independentistas, que no sumaron ni un tercio de los votos en la Cámara. El PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba rompió el único acuerdo alcanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el PP en la anterior legislatura: el compromiso, con rango constitucional, de prohibir el déficit en todo el Estado.
Después de pedir durante toda la semana "diálogo" al actual Ejecutivo sobre todas las reformas en marcha y los Presupuestos Generales del Estado, el Grupo Socialista se desmarcó del proyecto de ley que desarrolla la reforma de la Constitución acordada el pasado verano entre los dos grandes partidos y que limita a un 0,4 por ciento el déficit estructural del Estado, pero sólo para situaciones excepcionales.
Ante la decisión de Alfredo Pérez Rubalcaba de romper con el compromiso anterior con el argumento de que el 0,4 por ciento debía establecerse en cualquier caso y que ese era el acuerdo de agosto, el Gobierno se esforzó en el cortejo a los nacionalistas catalanes y vascos para reforzar su mayoría absoluta y ampliarla. El PNV aceptó a última hora abstenerse, mientras que CiU se sumó al apoyo a la ley, pero previa aceptación de una serie de enmiendas propias, entre ellas una que permitirá a las Comunidades autónomas alargar hasta 2020 el plazo para llegar al déficit cero.
Si Zapatero recurrió en agosto, y a toda prisa, al Grupo Popular para aprobar la citada reforma de la Constitución y el principal obstáculo fueron las pegas que puso el candidato Rubalcaba, el hoy secretario general del PSOE se desentendió del acuerdo pese al empeño del Gobierno hasta última hora para que rectificaran.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, dio un receso al final del pleno y antes de las votaciones para que socialistas y populares tuvieran un tiempo extra de negociación. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se llevaron a los despachos que el Ejecutivo tiene en el Congreso a la portavoz socialista,Soraya Rodríguez, y al diputado José María Benegas para intentar convencerles, pero en los 35 minutos que duró la reunión no lo consiguieron.
Los representantes del Gobierno llegaron a ofrecer un texto alternativo en el que desaparecía el término "déficit cero" como objetivo, pero los dirigentes socialistas tampoco lo aceptaron. Era una cuestión de principios, de "ideología" o una firme apuesta por hacer una oposición cerrada, según interpretaron los ministros.
Al PSOE le pilló con el paso cambiado la noticia de que el PP contaba con el respaldo de CiU y la abstención del PNV, grupos que se opusieron a la reforma constitucional previa. Los que se iban a quedar casi solos eran los socialistas. Sus compañeros en el "no" eran los otros partidos que entonces rechazaron el cambio de la Constitución pactado entre Zapatero y Rajoy: los grupos de extrema izquierda e independentistas: IU, ICV, ERC y Amaiur. El proyecto salió a delante con 192 votos a favor y sólo 116 en contra.
El Gobierno celebró la votación como un gran éxito y prefirió obviar el dato de la diferencia de apoyos con la reforma constitucional. "Hay grupos importantes que no estuvieron antes y se incorporan ahora", comentó Montoro además de insistir en que había intentado que el PSOE se sumara al acuerdo "hasta el último segundo".
"Entonces no quería cifras concretas en el pacto y ahora sí las quiere", comentaba sobre la actitud de Rubalcaba en el Congreso un miembro del actual Gobierno que estuvo en las negociaciones de agosto. De hecho, las consultas del Ejecutivo de Zapatero a Rubalcaba retrasaron una tarde entera esas negociaciones PSOE-PP, que acabaron por fructificar ante las urgencias de los mercados y de las instituciones comunitarias aunque al candidato no le gustaron nada.
En fuentes gubernamentales insisten en que el texto cumple el compromiso de agosto y aducen, además, que tampoco hay margen de flexibilidad para hacer caso a Rubalcaba. Cualquier paso atrás sobre lo anunciado escandalizaría en Bruselas y Berlín, que interpretarían como un relajo de España en sus propósitos y compromisos de cumplimiento con el objetivo de déficit público.
No hay comentarios:
Publicar un comentario