La jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE falsos de la Junta andaluza, ha regresado con fuerzas después de casi seis meses de baja por enfermedad. Su reciente vuelta al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se tradujo este miércoles en una operación de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil que se ha saldado con una veintena de detenidos, nueve imputados y trece registros en siete provincias españolas: Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria. El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, de nuevo a prisión.
Los investigadores han detectado que empresas en suspensión de pagos solicitaban la aprobación de expedientes de regulación de empleo para sus trabajadores, que estaban cubiertos por pólizas de seguros.Se trata, según explicó la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, de la "segunda fase" de la investigación de la trama. La operación, que comenzó a las 8.00 horas, tuvo un carácter "muy especializado", ya que estuvo centrada en lasempresas mediadoras que ofrecen servicios a otras entidades para conseguirles financiación en sus procesos de reestructuración. Fuentes del caso revelan que compañías como Vitalia y Uniter, entre otras, pudieron haber cobrado comisiones por un valor total de hasta 50 millones de euros.
Esas pólizas de seguros eran contratadas con empresas mediadoras a cambio del cobro de comisiones ilegales, de forma que los empleados sujetos al ERE salían beneficiados económicamente al ser despedidos y también las empresas, que recibían no solo una comisión de la mediadora sino las subvenciones de la Junta de Andalucía por el expediente de regulación de empleo. Una vez "liquidada" la empresa, volvían a montar otra para continuar su actividad fraudulenta.
La operación, al detalle
Detenidos. Los agentes detuvieron a 22 personas. Nueve de ellas en Barcelona, todos cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank. Otros seis en Sevilla, entre los que figuran Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las 'empresas pantalla' y abogado de Estudios Jurídicos Villasís, y su hermano José Luis Leal. Tres en Cádiz; uno en Las Palmas de Gran Canaria; otro en Granada (Ismael Sierra, cuñado del exsindicalista y presunto ‘conseguidor’ de los ERE, Juan Lanzas); y dos en Madrid (una de ellas, la esposa de Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia e imputado en la causa).
Imputados. Además de las detenciones, se produjeron nueve imputaciones: cuatro en Sevilla, tres en Jaén, una en Madrid y otra en Cádiz. Uno de los nuevos imputados es Daniel Ponce, ya condenado por cobrar una comisión ilegal en Mercasevilla.
Registros. La Guardia Civil llevó a cabo trece registros en empresas y domicilios de diversas provincias. Tres se realizaron en Albanchez de Mágina (Jaén), localidad natal delexsindicalista Lanzas. También se registró la empresa de seguros Uniter, en Jerez de la Frontera (Cádiz). Los agentes intervinieron material informático y documentación relacionada con el caso.
Este miércoles mismo, varios de los imputados declararon ante la jueza Alaya. El exdirector general de Trabajo y principal sospechoso de la trama, Francisco Javier Guerrero, fue uno de ellos. Finalmente, la jueza decretó su ingreso en prisión atendiendo así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el envío a prisión de Guerrero por considerar que existe "riesgo de fuga", de que pueda "destruir o alterar pruebas" y de que pueda entrar en contacto con otros imputados.
El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, confirmó esta petición del fiscal en una breve conversación con los periodistas en la que ha comentado, con cierta irritación, que su defendido no ha atendido su recomendación de no declarar ante Alaya.
Durante un receso que ha aprovechado para bajar del juzgado a la calle a fumar un cigarrillo, el exdirector general de Trabajo ha negado que se le acuse ahora de un delito de blanqueo de capitales y se ha limitado a contestar: "Estamos prácticamente en lo mismo; todo es unaampliación de lo que ya había". "Estoy tranquilo; ya sabéis como soy", ha sentenciado. Preguntado por una periodista sobre la petición del fiscal de ingreso en prisión, Guerrero, irónico, ha respondido: "Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar".
Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil. Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después abonar 50.000 euros de fianza.
También se sentaron ante la jueza Alaya Antonio Albarracín, que pidió declarar voluntariamente, y su esposa. También lo hizo su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que en anteriores declaraciones aseguró que gastaba unos 25.000 euros al mes de dinero público en cocaína para su jefe.
Reacciones políticas
- El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Antonio Ávila, ha expresado su "total respeto y apoyo" a la actuación judicial en torno al caso de los ERE, esperando que contribuya a esclarecer "con prontitud y rigor" este caso. Según Ávila, la Administración autonómica desconocía la operación que está llevando a cabo la Guardia Civil.
- El PP-A, por su parte, ha exigido la dimisión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tras las nuevas detenciones practicadas ya que, según los populares, ponen de manifiesto que "estamos ante un escándalo sin precedentes" que, además, "daña muchísimo la imagen de Andalucía".
- IU, por su parte, ha mostrado su "satisfacción y confianza" por las nuevas actuaciones realizadas. Esperan que Guerrero "haga realidad sus amenazas" de contar todo lo que sabe y contribuya "de una vez a delimitar todas las responsabilidades, además de los beneficiarios".
La primera fase de la investigación del caso de los ERE, centrada en la concesión presuntamente irregular de ayudas sociolaborales, terminó con 116 detenidos e imputados, entre ellos, siete exaltos cargos de la Junta de Andalucía. En total, se calcula que 72 personas (más conocidos como intrusos) fueron incluidos en Expedientes de Regulación de Empleo de empresas para las que nunca habían trabajado.
