Prórroga a la subida del IRPF, congelación salarial a funcionarios, alza de las pensiones de apenas el 0,25%... Y catastrazo en el horizonte para muchos hogares. Según consta en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado hecho público ayer, Hacienda tiene previsto revisar el valor catastral de 570.000 inmuebles durante 2014, una actualización que podría suponer un incremento de los tributos que abonan las familias. No en vano, las notificaciones del Ministerio son las que utilizan los ayuntamientos para elaborar gravámenes como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del que constituyen la base imponible.
Según consta en el programa de Gestión del Catastro Inmobiliario del Ministerio de Hacienda y Administraciones Territoriales, el departamento de Cristóbal Montoro prevé “la elaboración y aprobación de ponencias de valores (totales o parciales) que afectarán a 570.000 bienes inmuebles urbanos y de características especiales en diferentes municipios, según los planes de trabajo inicialmente previstos”. Una modificación que supondrá un incremento en la tasación de las viviendas, en tanto el plazo entre revisión y revisión se sitúa en una década. Sin contar con que una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno del PP fue incrementar de forma progresiva el tipo impositivo del IBI -a mayor antigüedad del valor, mayor subida-.
En todo caso, Hacienda ha visto como el paso se ralentizaba en los últimos años. De los 3,01 millones de viviendas que preveía revisar en 2012, apenas se formularon finalmente 2,49 millones de notificaciones. Las estimaciones de ejecución para este año son todavía peores, ya que de los 2,83 millones de inmuebles que se contemplaba supervisar, únicamente se actualizarán 903.848. Hacienda atribuye esta evolución a cuestiones técnicas. Y es que un buen número de municipios ha optado por renunciar al tradicional procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de naturaleza urbana (PVC) y ha preferido acogerse a una fórmula de actualización de valores basada en la mera aplicación de coeficientes.
En todo caso, la decisión última sobre cómo repercutir las subidas de los valores catastrales recae en los alcaldes, que habitualmente las difieren en el tiempo. Por otra parte, la crisis inmobiliaria también ha rebajado considerablemente el número de viviendas que la Dirección General del Catastro preveía dar de alta en 2013 y las que al final ha podido inscribir. De los 900.000 inmuebles que se planteaba anotar inicialmente, sólo fueron inscritos 667.191. Hacienda prevé que en 2014 puedan registrarse 1,5 millones de casas, evolución al alza que se explicaría por las “las altas que se pretenden tramitar como consecuencia del procedimiento de regularización catastral 2013-2016”.
Crisis en las fincas rústicas
El programa para el año 2014 también recoge revisiones importantes del catastro de rústica, con una previsión de 300.000 nuevas notificaciones para el ejercicio. No obstante, la debacle del sector tampoco permite albergar esperanzas de que se cumpla el dato. De hecho, este año apenas se prevé hacer 129.060 comunicaciones, pese a que se planificaban otras 300.000. “La menor ejecución con respecto a lo presupuestado obedece a la caída del sector inmobiliario que también ha repercutido en el catastro de rústica”, subraya el documento. La previsión podría también sufrir cambios por las rectificaciones en la calificación de los inmuebles para converger con el sistema de información gráfica de la Política Agraria Común (PAC).
Para justificar las revisiones, el programa en cuestión recuerda que el hecho imponible de impuestos locales como el IBI o el gravamen sobre el Incremento de Valor de los Terrenos “está constituido en todo o en parte por la propiedad, la circulación o la renta generada por los bienes inmuebles”. Y la información catastral “está al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria”, así como “de asignación equitativa de los recursos públicos”. Por tanto, una base de datos “permanentemente actualizada” evita que se “desvirtúen” los efectos fiscales de esos gravámenes.
La cuestión fiscal ha estado muy presente en la explicación de los Presupuestos facilitada hoy por el ministro de Hacienda. Según Montoro, de no haber incrementado la carga tributaria, se hubiera generado un “enorme agujero” presupuestario. “Pregúntese cuánto habría caído la recaudación tributaria si no se hubiera producido el aumento de bases y no hubiéramos pedido a los españoles ese esfuerzo”, espetó a un periodista. El Informe Económico Financiero que acompaña a las cuentas públicas cuantifica el impacto de las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno entre 2012 y 2014 en torno a los 30.000 millones de euros. El Ejecutivo prevé que el consumo privado se mantenga estancado el año próximo. Para reflexionar.
