La ofensiva lanzada a finales de 2012 por la Comunidad de Madrid para contrarrestar las protestas de los sanitarios contra el plan de privatización de otros seis hospitales acaba de dejar al aire su primer gran agujero argumental. En una convocatoria restringida y discrecional a la que solo fueron invitados algunos medios, la Consejería de Sanidad difundió ayer el contenido de los pliegos de condiciones que regirán la privatización. Y el borrador de esos pliegos, al que ha tenido acceso infoLibre, señala que el Ejecutivo está dispuesto a pagar a las empresas concesionarias no los 441 euros por habitante anunciados y reiterados por el consejero Javier Fernández Lasquettysino hasta 518, aunque la media se sitúa en 496 euros per cápita. La nota donde el Gobierno explica sus planes lo expone así: "La cápita, que es el precio que abona anualmente la Administración a la concesionaria por cada habitante, oscilará entre los 473 y los 518 euros".
Dado que la población asignada a esos seis centros excede del millón de habitantes, la consecuencia es obvia: el sobrecoste respecto a la cifra anunciada por Lasquetty para demostrar que la gestión privada abarataría costes puede alcanzar hasta 55 millones. ¿Por qué? Porque si a cada concurso acudiera una sola empresa –las grandes del sector han hecho público su supuesto “desinterés”-, la falta de competencia obligaría al Gobierno a aceptar el precio máximo de licitación o uno cercano.
Supuestamente, aun así la sanidad pública ahorrará según los cálculos del Ejecutivo, cuya veracidad niega de forma tajante la Asociación de Facultativos. El PSOE mantiene recurrida ante el Constitucional la privatización de los seis hospitales que ahora saldrán a concurso.
El pliego plantea de forma confusa cuál es exactamente el ámbito del contrato. Porque no dice que se trate de la asistencia hospitalaria sino de la prestación de "atención sanitaria especializada a la población protegida de los Municipios y Zonas Básicas" correspondientes a los hospitales cuya gestión se licita. ¿Significa lo anterior que también toda la atención especializada ambulatoria de esas áreas quedará en manos privadas? De momento, es una incógnita.
Fuentes de la Asociación de Facultativos, ariete de las protestas contra los planes privatizadores del PP madrileño, anticiparon anoche su disposición a emprender acciones legales –posiblemente, penales- si los pliegos se mantienen en los términos planteados por el borrador difundido ayer. Los médicos entienden que el modelo previsto por el Ejecutivo madrileño implica que el erario público costearía por partida doble ciertos servicios. Y eso, sostiene la asociación, sería un "presunto delito contra la Hacienda Pública".
En lo que fuentes políticas consideran un intento por aplacar los ánimos de un sector cuya movilización superó todas las expectivas, el Gobierno de Madrid obligará a las empresas concesionarias a mantener al completo las actuales plantillas y primará a las que incorporen a sanitarios a sus consejos de administración.
Los seis centros sobre los que ahora pende la privatización son elHospital del Norte (Infanta Sofía), el de Parla (Infanta Cristina), el deVallecas (Infanta Leonor), el de Coslada (Hospital del Henares), el deAranjuez (Hospital del Tajo) y el de Arganda (Hospital del Sureste)
Para fijar el precio por habitante, la Consejería ha partido de dos premisa que la Asociación de Facultativos considera directamente falsas.
La primera falsedad que detectan los médicos es que el coste per cápita –la capitación, en el argot sanitario- se ha calculado como si cada uno de los seis hospitales sujetos a privatización ofreciera el catálogo completo de prestaciones santarias y no tuviera, por tanto, que derivar pacientes a otros hospitales. Pero la realidad no es esa.
Por ejemplo, y según los facultativos, el Hospital del Norte –Infanta Sofía-, por cuya gestión la Comunidad maneja pagar hasta 486 euros por habitante, cuenta con 26 especialidades menos que el Hospital de La Paz. Pero si el precio que la administración sanitaria madrileña pagará se ha fijado como si todas las prestaciones fueran a ofrecerse, eso significa –arguyen los médicos- que algunos servicios repercutirán en el prespuesto sanitario por partida doble: porque cobrará la concesionaria del hospital privatizado pero el gasto real será sufragado por el hospital netamente público que atienda al paciente.
La segunda clave que ha puesto en guardia a los facultativos es la llamada facturación intercentros, es decir, lo que un hospital paga a otro cuando este último atiende a un paciente que, por su lugar de residencia, debería acudir al primero.
Los médicos entienden que, una vez superada la horquilla de 360-380 euros de coste por habitante, se supone que el resto de la cantidad per cápita que el Gobierno esté dispuesto a pagar sale de la facturación a otros hospitales públicos. Pero el efecto real de esa facturación intercentros "no se conoce", asegura la asociación. "Las bases de datos -asegura un experto- son antiguas y la casilla sobre el origen del paciente queda vacía en al menos un 30% de los casos".
Dado que la población asignada a esos seis centros excede del millón de habitantes, la consecuencia es obvia: el sobrecoste respecto a la cifra anunciada por Lasquetty para demostrar que la gestión privada abarataría costes puede alcanzar hasta 55 millones. ¿Por qué? Porque si a cada concurso acudiera una sola empresa –las grandes del sector han hecho público su supuesto “desinterés”-, la falta de competencia obligaría al Gobierno a aceptar el precio máximo de licitación o uno cercano.
Supuestamente, aun así la sanidad pública ahorrará según los cálculos del Ejecutivo, cuya veracidad niega de forma tajante la Asociación de Facultativos. El PSOE mantiene recurrida ante el Constitucional la privatización de los seis hospitales que ahora saldrán a concurso.
El pliego plantea de forma confusa cuál es exactamente el ámbito del contrato. Porque no dice que se trate de la asistencia hospitalaria sino de la prestación de "atención sanitaria especializada a la población protegida de los Municipios y Zonas Básicas" correspondientes a los hospitales cuya gestión se licita. ¿Significa lo anterior que también toda la atención especializada ambulatoria de esas áreas quedará en manos privadas? De momento, es una incógnita.
Fuentes de la Asociación de Facultativos, ariete de las protestas contra los planes privatizadores del PP madrileño, anticiparon anoche su disposición a emprender acciones legales –posiblemente, penales- si los pliegos se mantienen en los términos planteados por el borrador difundido ayer. Los médicos entienden que el modelo previsto por el Ejecutivo madrileño implica que el erario público costearía por partida doble ciertos servicios. Y eso, sostiene la asociación, sería un "presunto delito contra la Hacienda Pública".
En lo que fuentes políticas consideran un intento por aplacar los ánimos de un sector cuya movilización superó todas las expectivas, el Gobierno de Madrid obligará a las empresas concesionarias a mantener al completo las actuales plantillas y primará a las que incorporen a sanitarios a sus consejos de administración.
Los seis centros sobre los que ahora pende la privatización son elHospital del Norte (Infanta Sofía), el de Parla (Infanta Cristina), el deVallecas (Infanta Leonor), el de Coslada (Hospital del Henares), el deAranjuez (Hospital del Tajo) y el de Arganda (Hospital del Sureste)
Para fijar el precio por habitante, la Consejería ha partido de dos premisa que la Asociación de Facultativos considera directamente falsas.
La primera falsedad que detectan los médicos es que el coste per cápita –la capitación, en el argot sanitario- se ha calculado como si cada uno de los seis hospitales sujetos a privatización ofreciera el catálogo completo de prestaciones santarias y no tuviera, por tanto, que derivar pacientes a otros hospitales. Pero la realidad no es esa.
Por ejemplo, y según los facultativos, el Hospital del Norte –Infanta Sofía-, por cuya gestión la Comunidad maneja pagar hasta 486 euros por habitante, cuenta con 26 especialidades menos que el Hospital de La Paz. Pero si el precio que la administración sanitaria madrileña pagará se ha fijado como si todas las prestaciones fueran a ofrecerse, eso significa –arguyen los médicos- que algunos servicios repercutirán en el prespuesto sanitario por partida doble: porque cobrará la concesionaria del hospital privatizado pero el gasto real será sufragado por el hospital netamente público que atienda al paciente.
La segunda clave que ha puesto en guardia a los facultativos es la llamada facturación intercentros, es decir, lo que un hospital paga a otro cuando este último atiende a un paciente que, por su lugar de residencia, debería acudir al primero.
Los médicos entienden que, una vez superada la horquilla de 360-380 euros de coste por habitante, se supone que el resto de la cantidad per cápita que el Gobierno esté dispuesto a pagar sale de la facturación a otros hospitales públicos. Pero el efecto real de esa facturación intercentros "no se conoce", asegura la asociación. "Las bases de datos -asegura un experto- son antiguas y la casilla sobre el origen del paciente queda vacía en al menos un 30% de los casos".
