Los sobresueldos que el Ayuntamiento de Parla pagó a sus funcionarios entre los años 2008 y 2011 llevarán hoy al alcalde del municipio, el socialista José María Fraile, ante el juez. Declarará en el Juzgado número 2 de esta localidad del sur de la región en calidad de imputado por un delito de malversación de caudales públicos. Una declaración que Fraile reconoce afrontar con «tranquilidad» pero que el Gobierno regional considera una «circunstancia de la máxima gravedad al poder derivar en responsabilidades penales». Horas antes de esta cita, LA RAZÓN ha podido hablar con el que fuera en los años de la polémica el concejal de Seguridad y Personal del Ayuntamiento de Parla, Mariano Sánchez Toribio, y como tal, una de las personas que mejor conocen los detalles de lo que ocurrió realmente con estos pagos.
Sánchez Toribio reconoce haber «heredado» el convenio en el que se incluyen las prebendas a los funcionarios públicos de la etapa de la anterior concejala de Personal, Laura Cillero. Fue aprobado en septiembre de 2008 con Tomás Gómez como alcalde, aunque con la firma de su por entonces número dos, José María Fraile. Apenas un mes y medio después, el 21 de octubre, la Delegación del Gobierno, dirigida en ese momento por la también socialista Soledad Mestre, envió al consistorio un requerimiento para que se modificaran algunos puntos del convenio y otros fueran eliminados directamente. «Recibimos el requerimiento y yo fui a hablar personalmente con una representación de la Delegación del Gobierno, en concreto con el subdelegado, Ricardo García», sostiene Sánchez Toribio. En ese encuentro, el concejal parleño fue instado a «anular y corregir algunos de los artículos del convenio, ya que la Delegación del Gobierno consideraba que eran contrarios al Estatuto de la Función Pública». El argumento de la Delegación era claro: algunos de los puntos del convenio excedían las competencias atribuidas al Ayuntamiento en materia de personal. Según su relato de los hechos, Sánchez Toribio dio traslado inmediato de aquella reunión a Fraile. El responsables de Personal desconoce, sin embargo, si el alcalde puso en conocimiento de ello al PSM y, por tanto, al anterior primer edil, Tomás Gómez.
Tras aquella reunión, Sánchez Toribio fue el encargado de liderar las negociaciones con los sindicatos para dejar sin efecto los puntos del convenio que debían ser anulados. Unas conversaciones en las que, según el ex concejal, los sindicatos no pusieron grandes obstáculos: «Llegamos a un acuerdo porque se nos había dicho que había que quitarlo y que era ilegal. Y se retiraron esos puntos del convenio». El siguiente paso fue llevar el nuevo texto a la Junta de Gobierno. Se celebró una sesión extraordinaria y urgente el 16 de enero de 2009, presidida por Fraile. Desde ese día quedaban enterrados «oficialmente» los sobresueldos. «La Junta de Gobierno modificó los puntos que la Delegación del Gobierno consideraba ilegales y se dejaron sin contenido para que no se siguieran pagando», recuerda el ex edil de aquella reunión entre los nueve miembros del Gobierno local.
Pero una cosa es lo que se firmó aquel día y otra muy distinta lo que se puso en práctica. «Los complementos fueron anulados pero se siguieron pagando. La orden de pago la tiene el alcalde», subraya Sánchez Toribio. La circunstancia de que los funcionarios continuaran recibiendo estos complementos queda refrendada por las actas de liquidación del consistorio de cada uno de los años comprendidos entre 2008 y 2011. En todos estos documentos, las arcas municipales destinan una partida presupuestaria al conocido como «fondo social» –que incluía una ayuda lineal para todos los trabajadores destinada a actuaciones de protección social–, otra al denominado «fondo de absentismo» y otra más para «gratificar» a aquellos trabajadores que decidiesen jubilarse de forma anticipada. Algo que también ratificó la Fiscalía, ya que «mediante decretos del alcalde, se han venido aprobando pagos a los funcionarios y al personal laboral del Ayuntamiento», subrayaba en su denuncia. Se siguieron pagando los sobresueldos ya que, según el análisis que realiza el que fuera su concejal de Personal, «me imagino que Fraile lo que no quería era enfrentarse a los empleados públicos».
La Razon
