Ya no es solo el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ni la siempre polémica presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El PP en su conjunto se suma a la idea de reducir el número de parlamentarios autonómicos para ahorrar costes, aunque eso exija modificar estatutos. Lo acordaron ayer, durante un encuentro convocado por Mariano Rajoy en la sede nacional del partido para lanzar un mensaje de unidad y escenificar un claro cierre de filas con el Ejecutivo, que vive su peor momento desde que comenzó la legislatura.
La primera en lanzar la piedra, el pasado junio, fue Aguirre, pero quien de verdad ha dado muestras de quererlo poner en marcha de manera «inminente» ha sido Feijóo, que en unos meses se enfrenta a sus segundas elecciones como candidato a la presidencia de la Xunta. Él, que tampoco atraviesa un momento de enorme popularidad, lo puso ayer sobre la mesa de sus correligionarios.
Y todos respondieron con solidaridad: presentarán en las cámaras regionales las iniciativas oportunas para rebajar el número de escaños y reducir gastos.
En el caso gallego, la intención es dejar en 61 el número de parlamentarios, que hoy llega a 75, y ahorrar así un 10% del presupuesto de la cámara. El estatuto gallego lo permite porque fija una horquilla de escaños de entre 60 y 80 , no un número concreto. Solo tendrá que reformar la ley electoral. Pero no todas las comunidades tienen tan fácil acometer un cambio semejante.
Tanto el PSOE como el BNG sostienen que con este movimiento Feijóo comete un «pucherazo» porque la distribución del voto le favorece. Ahora no va por libre y tiene el espaldarazo de los suyos. Espaldarazo que él agradeció. «Se trata de hacer los parlamentos más ágiles y menos costosos y de que los impuestos de los ciudadanos se dediquen más a las políticas de crecimiento económico y políticas sociales y menos al salario de los políticos cuando no es necesario», argumentó.
Los 'barones' del PP también acordaron poner en marcha la maquinaria del partido en sus territorios para defender la acción del Gobierno de Mariano Rajoy. Si nada se tuerce, la reunión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con las comunidades autónomas será hoy algo menos turbulenta que la anterior. La llamada a capítulo del presidente a sus 'barones' para que se traguen el malestar y asuman como el primero las recetas de ajuste parece haber surtido efecto. Al menos, en el corto plazo.
En solo ocho meses, la imagen del partido gubernamental ha sufrido un serio deterioro. Ganó las elecciones generales con una amplísima mayoría absoluta y ahora soporta la ira de muchos ciudadanos, en manifestaciones más o menos multitudinarias, por haber aprobado unas medidas de las que siempre renegó. La pasada semana, la secretaria general del partido se reunió con los dirigentes provinciales para exigirles que expliquen a pie de calle que no hay más camino que el escogido para hacer frente a la crisis. Y ayer, en vísperas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Rajoy hizo lo propio.
El Gobierno, bajo la lupa de los mercados, no se puede permitir un escenario como el de la última reunión, de hace dos semanas, en la que de manera sorpresiva y en un gesto sin precedentes tres consejeros del PP plantaron cara a los objetivos de déficit fijados por el Gobierno para el próximo año (un 0,7%). Ninguna llegó a votar en contra, como hicieron Asturias y Andalucía (PSOE), Cataluña (CiU) y Canarias (CC), pero Extremadura y Castilla y León se abstuvieron y Galicia acabó optando por un «'sí' crítico». El enfado de Cristóbal Montoro era notorio.
Ahora los 'barones' tienen la lección bien aprendida. «No es momento de hablar de 'qué hay de lo mío' -ilustró el extremeño José Antonio Monago ya a la entrada- sino de lo que une a todos». «Hay que arrimar el hombro», «estamos comprometidos con el objetivo del déficit», «la situación de España es muy delicada». Ese fue el discurso general
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