El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona y la Fiscalía Anticorrupción investigan desde el pasado octubre si el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pudo haber cometido un «fraude contra la Hacienda Pública» a través de la compra de un lujoso ático en la localidad a través de una sociedad fantasma radicada en Estados Unidos.
El Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró el pasado abril en el Senado que esa investigación era «ilegal» y que había concluido en enero de 2012 sin encontrar nada irregular en la actuación de González. Interior incluso llegó a abrir un expediente disciplinario al comisario de Marbella, Agapito Hermes, por indagar sobre esa operación inmobiliaria sospechosa sin informar a sus superiores políticos. Sin embargo, según la extensa documentación que obra en la causa, la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) prosiguió en secreto la investigación con el amparo y el respaldo la juez malagueña Mariana Peregrina y de la propia Fiscalía.
Desde entonces, y sobre todo a partir del pasado diciembre, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, ha ordenado varias diligencias policiales y ha recabado decenas de documentos y escrituras de todo tipo de instituciones para averiguar quién está detrás de la propiedad del ático que disfruta González.
Las investigación se judicializó el 25 de octubre, cuando la juez, tras una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP), decidió abrir unas diligencias previas por un «delito contra la Hacienda Pública» al considerar que los hechos que relataba el sindicato, lejos de lo que sostenía Fernández Díaz, «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Poco después, la Fiscalía informó a favor de investigar el caso.
La denuncia del SUP, que hasta ahora se ha visto confirmada por los documentos reclamados por la Fiscalía y aportados por la UDEF, así como por las declaraciones de testigos, en síntesis sostiene que González y su esposa, Lourdes Cavero, podrían ser los propietarios encubiertos de un ático en el complejo residencial 'Alhambra del Golf', que fue comprado en 2008 por 750.000 euros por una sociedad off shore llamada Coast Investor LLC, radicada en el estado norteamericano de Delaware.
El presidente de la Comunidad de Madrid siempre ha sostenido que ese ático no es suyo y que paga 2.000 euros de alquiler mensual a la sociedad norteamericana. El SUP asegura que el precio medio en la zona son 6.000 euros mensuales y que solo los gastos de comunidad de esa exclusiva zona son 1.750 euros al mes.
La denuncia hace hincapié en que esa firma americana a la que el presidente de la Comunidad de Madrid dice que abona religiosamente los alquileres desde 2008 no tiene actividad real desde julio de 2010 y no consta en ningún registro de Estado Unidos. El SUP niega que Coast Investor haya recibido periódicamente dinero del jefe del ejecutivo autonómico, lo que hace sospechar que era una mera tapadera detrás de la cual podrían esconderse los verdaderos dueños del inmueble, González y Cavero. Es más, según el sindicato, esta sociedad solo se «reactivó» cuando el pasado marzo el presidente aseguró que él abonaba un alquiler a esa sociedad, de la que no hay huella alguna.
Tapadera de españoles
A más abundamiento, el SUP relata que Coast Investor es propiedad de otra firma, Waldford Oversead Investiments, «titular de numerosas cuentas bancarias abiertas en Panamá con ciudadanos españoles como últimos beneficiarios».
Según la denuncia, «la operación además ha sido ocultada deliberadamente ante Hacienda, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital, eludiendo al fisco ante el flagrante impago de impuestos». La denuncia admitida a trámite recuerda que de esa operación, cuanto menos, se están beneficiando González y su mujer gracias al pago de «un precio muy inferior a los del mercado, siendo presuntamente abonados a una empresa sin actividad».
Si la juez malagueña aprecia que González pudo incurrir en un delito se inhibirá a favor del Superior de Justicia de Madrid ya que el presidente autonómico es aforado.
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