miércoles, 8 de enero de 2014

CABALGATA DE REYES 2014 FUENTES DE LEON


MARI TRINI / "Una mujer" En vivo. Madrid, 1984


La infanta Cristina no lo tendrá tan fácil esta vez para librarse

El PP expresa respeto a las decisiones judiciales y no comenta la imputación de la infanta
La investigación de José Castro a la infanta ha concluido con un auto de 227 folios por el que el juez llama a declarar a Cristina de Borbón como imputada por delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Tras la presentación de los anunciados recursos será la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma quien decida si la hija del rey se sienta finalmente a dar explicaciones ante el instructor del ‘caso Nóos’. Los jueces de ese tribunal dejaron sin efecto la primera citación de la infanta decidida por Castro en abril. En unas semanas, volverán a pronunciarse. Los avances en la investigación y las evidencias de los delitos que ahora se le imputan facilitan que esta vez sí se produzca un fallo favorable al interrogatorio de la infanta. Estos son algunos factores que pueden influir en esa decisión.

Estaba avisada.

El principal argumento de la Sección para dejar sin efecto la primera imputación de Castro fue que no existían indicios suficientes de que la infanta conociera o participara de los manejos de su marido al frente del Instituto Nóos y, por tanto, de que fuera “cooperadora necesaria” de los delitos cometidos por Iñaki Urdangarin. Con el Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres obtuvieron de forma irregular 6,2 millones de administraciones gobernadas por el PP.
Pero según decían en el auto esos mismos jueces, el argumento del desconocimiento vale solo hasta marzo de 2006 y para los delitos cometidos a través del Instituto Nóos.  “Otro tratamiento y consideración merece los beneficios que pudo haber tenido la mercantil Aizoon después de esa fecha, ya que para entonces, la infanta había abandonado Nóos y se supone que por haber sido alertada desde la Casa Real de las irregularidades existentes en su gestión, de modo que hay que suponer que a partir de entonces estaba o debería estar al tanto y al corriente de las mismas”. Aizoon es la sociedad que Urdangarin y su mujer compartían al 50 %, creada por el duque de Palma para desviar parte del dinero “sucio” obtenido con Nóos.
Castro lo tiene claro: “Los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Iñaki Udangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa, por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira a otro lado”.

Las revelaciones sobre los gastos de la infanta.

Del último tramo de la investigación destaca la descripción que ha permitido hacer de la vida que llevaba la infanta a través de los gastos cargados a Aizoon. Esta sociedad jamás repartió dividendos entre sus dos socios, pero estos cargaban cenas, viajes y regalos a la sociedad. Con ello cometían una “doble defraudación”, según Castro. Por una parte, ahorraban pagar el IRPF por lo que ganaban de forma encubierta y, por otra, minoraban la base imponible del Impuesto de Sociedades.
Los jueces que ahora van a decidir sobre la declaración de Cristina ya decían en su auto de mayo que “es importante conocer si esos gastos se verificaron, en qué fechas y si se abonaron o no con dinero público o con dinero proveniente de la defraudación tributaria”. Pues bien, el juez Castro desgrana ahora en su auto “infinidad” de gastos realizados por la infanta con cargo a Aizoon que en realidad cubrían cuestiones personales, incluida la reforma del palacete de Pedralbes. Hasta tal punto que ella solo gastó de su bolsillo poco más de 3.000 euros en ocho años.  

Los jueces rebaten a la Agencia Tributaria.

Si la Sección Segunda siguiera el criterio del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, con seguridad dejaría sin efecto esta segunda citación. Sin embargo, el auto de mayo dejaba claro que los jueces no tienen por qué seguir a pies juntillas las consideraciones de Hacienda. De hecho, la Sección Segunda destacó entonces que el informe de la AEAT sobre la infanta era “provisional e incompleto”, e incluso detectaban en él “zonas oscuras”.
El juez que actuó de ponente se detuvo en señalar que aunque fue redactado por los técnicos de la Delegación en Cataluña, el informe tuvo la supervisión del director de la Agencia en Madrid. Los magistrados instaban a Hacienda a seguir investigando la posible participación de la infanta en delitos fiscales y de blanqueo de capitales. 
En su último informe, la Agencia exime a la infanta de cualquier responsabilidad. Las cantidades defraudadas, advierte, no alcanzan los 120.000 euros en los que el Código Penal sitúa el umbral del delito. Castro difiere de los métodos utilizados: “Este instructor no puede compartir el criterio de la Agencia Tributaria de calificar como deducibles, a efectos de la liquidación del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2007, gastos que sólo vienen pretendidamente amparados por documentos en los que concurren tan serias y graves irregularidades indiciarias de delito”.

Protagonista, no solo colaboradora.

Si la infanta defraudó algún año más de 120.000 euros, umbral donde se sitúa el delito, el juez asegura que es algo imposible de saber, pero añade que, en cualquier caso, merece que se pregunte a la infanta por ello. En el auto se destaca cómo la infanta "autoalquiló" la sede de Aizóon, de la que figuraba a la vez como arrendataria y arrendadora, y cómo se encargó personalmente de contratar "en negro" al servicio doméstico, al que se hizo pasar por empleados de la sociedad.

Unos jueces implacables contra la corrupción.

La decisión de avalar la citación de la infanta recaerá en los tres mismos magistrados que resolvieron en mayo. Dos de ellos están afiliados a la progresista Jueces para la Democracia y uno a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. En el pasado no votaron alineados por su adscripción ideológica.
Los progresistas son Diego Jesús Gòmez-Reino y Juan Jiménez Vidal. El primero fue el ponente del auto que dejó sin efecto la primera citación y el segundo emitió un voto particular a favor del interrogatorio. Completa el tribunal la conservadora Mónica de la Serna, que se alineó con Gómez-Reino.
La Sección Segunda tiene fama de dura en los casos de corrupción, como avalan las sentencias contra Jaume Matas o María Antonia Munar, rebajadas después por el Tribunal Supremo.  En relación con el caso Nóos, la Sección ha avalado todos los pasos dados por el juez Castro, con excepción de la primera citación de la infanta.   

El "esfuerzo motivador" de Castro

El juez José Castro ha estado decidido en todo momento a imputar a la infanta, pero no a cualquier precio. Eso lo demuestra el hecho de que este martes podía haber anunciado un interrogatorio en los próximos días que no diera tiempo a que se pronunciara la Audiencia Provincial sobre posibles recursos. Castro estaba facultado para ello, pero ha preferido actuar como ya hiciera la primavera pasada y permitir que se pronuncie ante la Sección Segunda. Esos jueces le pidieron entonces “un mayor esfuerzo motivador” y él lo ha hecho durante estos últimos meses.
Una simple diligencia, como es la citación de un imputado, se resuelve en un párrafo. Castro ha empleado 227 páginas, redactadas durante sus vaciones de Navidad. A partir de ese martes, las partes cuentan con tres días para recurrir en reforma ante el juez y de cinco para hacerlo ante la Sección en apelación, con lo que el plazo acabaría el próximo miércoles. Si la Sección se demora lo mismo que en la primera citación, para mediados de febrero se conocerá si la infanta es el primer miembro de la familia real que se tiene que sentar a dar explicaciones ante un juez.

El PP perdería la mayoría absoluta en la Comunidad


¿A quién votarían en las próximas elecciones?. Esa era la pregunta realizada por este medio, que ha dejado unos datos esclarecedores y muy llamativos. El Partido Popular perdería la mayoría absoluta y la Asamblea de Madrid ampliaría la gama de colores, en la que IU y UPyD serían los grandes beneficiados.
7/1/2014 - Aún queda año y medio para las elecciones, pero desde los partidos políticos ya se han dado cuenta de la importancia de las últimas encuestas de varios medios. En casi todas las encuestas coinciden varios factores comunes, la importante bajada del PP así como la aparición de IU y UPyD como fuerzas relevantes en el gobierno.

Los datos demuestran que el Partido Popular sufre el 'efecto rebote' de las elecciones de 2011 y todo lo que habían conseguido, no solo lo pierden, si no que además perderían la mayoría absoluta convirtiendo estos resultados en los peores obtenidos por Partido Popular. El Partido Socialista, continuaría con su racha de malos resultados y pasaría a ser la cuarta fuerza de la Comunidad de Madrid, por detrás incluso de UPyD.

Descontento social

Uno de los factores a tener en cuenta, es el gran porcentaje de abstención o voto en blanco, que sería el mayor de toda la democracia española, superando el 45%. Los ciudadanos de la Comunidad, así como del resto del país, están castigando duramente a los dos partidos que han gobernado España señalándolos como los principales responsables de la situación de crisis actual.

A todo ello hay que sumar las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional y regional, que no han hecho más que acrecentar el descontento social. La subida de impuestos, la educación o la sanidad, son los aspectos principales que los ciudadanos destacan a la hora de señalar a los partidos políticos.

Los beneficiados

Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia, pasarían a formar parte activa de la política regional como demuestran los datos.

La agrupación liderada por Eddy Sánchez obtendría no sólo los mejores datos de su historia, sino que además desbancaría al propio Partido Socialista de Tomás Gómez, que de nuevo cae en picado y registraría los peores datos desde el inicio de la democracia. Por otro lado, la joven agrupación magenta también mejoraría sustancialmente los datos de 2011 conviertiéndola en llave de gobierno, ya que ningún partido obtendría la mayoría necesaria para gobernar.
Mapa político en la Asamblea de Madrid sobre 129 escaños.