Seis municipios extremeños han solicitado finalmente las medidas extraordinarias de ayuda creadas por el Gobierno para rescatar a aquellos municipios españoles en una situación financiera especialmente difícil. Para acogerse a este programa es necesario cumplir con unos requisitos más exigentes que los que hay por ejemplo para el plan de pago a proveedores, de ahí que se ya se conozca como el rescate de los ayuntamientos.
Estos seis municipios se habían apuntado antes de Navidad, a pesar de que el plazo para hacerlo concluía el 31 de diciembre pasado. El Ministerio de Hacienda consideraba que eran quince los municipios extremeños que cumplían los requisitos para pedir el rescate.
Como viene siendo habitual, el Ministerio de Hacienda no ha querido por el momento desglosar cuáles son los 101 municipios que en toda España se han acogido a la medida, pero como adelantó este diario el pasado 6 de enero, dos de ellos son los municipios cacereños de Santa Cruz de la Sierra y Plasenzuela, según reconocieron a HOY sus alcaldesas. De los seis municipios afectados, cinco están en la provincia de Cáceres y otro de Badajoz.
Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, subrayó ayer el hecho de que unos 300 ayuntamientos que eran candidatos a apuntarse a este plan han renunciado al haber registrado una considerable mejoría en 2013, y en el caso de 161 de ellos, por tener una situación financiera más desahogada. Hay tres grupos de medidas de apoyo, relacionadas con la participación en los tributos del Estado, con la compensación de deudas con acreedores públicos y con el endeudamiento. Beteta insistió en que el Gobierno ayuda a todas las entidades locales que lo necesitan, pero «con las oportunas condicionalidades y sacrificios».
El secretario de Estado defendió por lo demás la colaboración con el sector privado para mejorar la prestación de servicios públicos e insistió en que la nueva ley de administración local «no busca una privatización» sino dar flexibilidad para que cada ayuntamiento encuentre la mejor fórmula para prestar sus servicios.
Además, aseguró que se quiere evitar «el recurso indiscriminado» a la creación de lo que se conoce como entes instrumentales de los ayuntamientos y que han servido tradicionalmente para «la huida del derecho administrativo». Según sus datos, frente a los 5.869 entes del sector público local que había en 2009, a final del 2013 eran 4.730, un 20 por ciento menos.
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