La jornada laboral de los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se establece a partir de 2013 en 37 horas y media a la semana (1.664 horas anuales), con lo que se consolida el incremento horario derivado de los cambios normativos introducidos en 2012.
Asimismo, podrían ver descontada la mitad de su sueldocada día que falten al trabajo por enfermedad o accidente sin llegar a causar baja, a partir de la quinta de estas ausencias,aunque cuenten con un justificante médico, según indicaron fuentes sindicales Así, el número tope de ausencias por enfermedad se ha fijado en cuatro días, con lo que a partir del quinto una gripe o un accidente doméstico puede llevar a un empleado de la AGE a perder la mitad de su salario de ese día.
Así figura, según estas fuentes, en la resolución propuesta este miércoles por el Ministerio de Hacienda a los sindicatos de la función pública durante la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, en la que se intenta cerrar la nueva regulación de la distribución de la jornada de trabajo y horarios de esta parte del sector público, que incluye a unos 300.000 trabajadores. La resolución del Ministerio sustituye a la de 20 de diciembre de 2005.
La reunión ha acabado sin acuerdo y esta regulación estáprevisto que esté vigente para el próximo 1 de enero, con lo que, sin nuevas reuniones a la vista, todo apunta a que la propuesta presentada por Hacienda será la resolución definitiva. Según establece la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador puede ausentarse por enfermedad de su puesto de trabajo durante tres días antes de causar baja.
Por otro lado, al menos la mitad de las vacaciones habrán de ser disfrutadas entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, concentrando, por tanto una parte de las vacaciones en el período de menor actividad, pero permitiendo que otra parte pueda disfrutarse en períodos distintos.
Más control y seguimiento
La nueva instrucción también reduce de una hora a sólo 30 minutos el horario de interrupción para la comida, facilitando que la jornada finalice media hora antes, "a fin de acercarnos progresivamente a horarios europeos más racionales". Además, permite, en determinados ámbitos, el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional de determinados servicios públicos, por ejemplo en los centros docentes durante los periodos no lectivos.
La instrucción refuerza igualmente los mecanismos de seguimiento y control para el cumplimiento efectivo de la jornada y horario del empleado público, "a fin de que conductas individuales no perjudiquen la imagen de un colectivo cumplidor y dedicado siempre al servicio al ciudadano".
El Ministerio también establece que los empleados públicos que tengan a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad (hasta ahora sólo afectaba a los hijos) podrán disponer de dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo. Antes, esta posibilidad sólo se contemplaba para empleados con hijos con discapacidad.
Los sindicatos critican la propuesta
Asimismo, la misma propuesta incluye que los empleados públicos verán compensada la reducción de los días de libre disposición, comúnmente llamados 'moscosos', disponiendo a lo largo del año de cinco días de vacaciones al margen del periodo vacacional. Además, en el caso de alguna festividad caiga en sábado, estos empleados contarán con un día de libre disposición más para compensar esta libranza no disfrutada.
Con estas propuestas sobre la mesa, los sindicatos han decidido no firmar. Del lado CSI-F, se señala que, dentro de la "cautela" que cabe tomar a la espera de ver cómo se concreta la orden ministerial que redacte el Gobierno, parece que "se cargan de nuevo las tintas contra los empleados públicos", a los que se presupone además un mayor nivel de absentismo que en el sector privado.
"Eso es falso", aseguran fuentes del sindicato, que además han criticado que las medidas presentadas por Hacienda se basan en un "supuesto ahorro". Con todo, desde CSI-F considera "positivo" que se hayan reconocido cinco días de vacaciones para uso individual durante el año, lo que, a su juicio, "amortigua" el recorte inicial de los 'moscosos'.
Por su parte, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha rechazado rotundamente la resolución de Hacienda. En su opinión, "lo más negativo del texto, más allá de las medidas nefastas que contiene, es el espíritu que impregna la norma y que convierte los derechos consolidados de los empleados públicos en prebendas sujetas al capricho de los gobernantes". "Las medidas para el personal de la AGE vienen a empeorar un escenario de recortes sin precedente en la democracia, como es la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad al colectivo de empleados públicos, la congelación salarial y la precariedad laboral", añade.
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