Los inmigrantes irregulares se quedarán sin tarjeta sanitaria a partir del 31 de agosto

Todos los inmigrantes irregulares se quedarán sin tarjeta sanitaria el próximo 31 de agosto, cuando sólo accederán a la asistencia de urgencias, a no ser que acrediten la condición de asegurados, según establece el Real Decreto sobre medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que publica este martes el BOE Hasta ese momento, los inmigrantes que hubieran obtenido la tarjeta sanitaria en situación irregular y estén ya en condición legal deberán regularizar su situación sanitaria, al igual que aquellos europeos que todavía no se hubieran inscrito en el Registro Central de Extranjeros.Las tarjetas sanitarias de inmigrantes irregulares empadronados quedarán anuladas

A partir de ese momento, según han explicado fuentes del Ministerio de Sanidad, aquellas tarjetas sanitarias pertenecientes a inmigrantes irregulares empadronadosquedarán anuladas.

En todo caso, cualquier inmigrante, sea cual sea su condición seguirá teniendo acceso a las urgencias y, especialmente, los menores y las embarazadas seguirán teniendo cobertura completa, tal y como recoge ya la Ley de Extranjería.

¿Qué cambia el Decreto Ley respecto a los extranjeros?

El decreto regula la asistencia sanitaria a los extranjeros, tanto si se trata de ciudadanos de la Unión Europea como de los extracomunitarios.

Los ciudadanos que no estén regularizados como residentes en España sólo serán atendidos en urgencias, por enfermedad grave o accidente y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que un niño español.
Se exigirá para los extranjeros los requisitos de los nacionales: estar afiliados y pagar sus impuestos en EspañaPara ello, se modificará la Ley de Extranjería y se exigirá a los extranjeros los mismos requisitos que para los nacionales a la hora de recibir asistencia sanitaria, de tal forma que deberán estar afiliados a la Seguridad Social y pagar sus impuestos en España.

Además, el Decreto ley establece que "los órganos competentes en materia de extranjería podrán comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin contar con el consentimiento del interesado, los datos que resulten imprescindibles para comprobar la concurrencia de los requisitos".

Este recorte sanitario afectará a unas 150.000 personas. El cálculo es el siguiente:  la diferencia entre extranjeros empadronados y los registrados en el Registro Central de Extranjeros suman unos 500.000. Según datos consultados por el diario El País, de ellos, más de 350.000 serían ciudadanos de la UE que no tiene por qué registrarse.

El Gobierno espera ahorrar unos 500 millones de euros con esta medida, aunque El País ha realizado sus cálculos y reducía el ahorro a la mitad.

Extranjeros del espacio común europeo

Los ciudadanos de la UE, Suiza y de otros Estados del  Espacio Económico Europeo también modifican también su estatus. A partir de ahora, se les exigirá, para tener la tarjeta de residencia, estar estudiando, trabajando,tener recursos suficientes para "sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España" o ser parte de una familia que acompaña a un ciudadano de la UE.